"Según los datos del Observatorio de la Vivienda de Galicia, el precio medio del alquiler en A Coruña pasó de 529,5 euros en 2020 a 733,1 euros en 2025. Un incremento del 38,5% en solo cinco años. En el conjunto de Galicia, el alquiler medio ha visto una subida de 438,6 a 594,6 euros en el mismo período, con un aumento del 35,6%.
Es en este escenario de emergencia habitacional donde está tomando forma As Lavandeiras, un proyecto cooperativo de vivienda en régimen de cesión de uso promovido por la cooperativa Outra Forma de Vivenda (OFV). En julio de 2025, tras ganar el concurso de una parcela municipal en Xuxán, el proyecto dio un salto decisivo hacia su materialización.
El edificio, diseñado por la cooperativa Hábitat Social, se levantará en siete plantas y albergará alrededor de treinta y cinco viviendas de diferentes tipologías, desde estudios de 40-50 metros cuadrados hasta pisos de tres dormitorios de 97 metros. El elemento central será un gran patio interior que funcionará como pulmón verde y espacio de convivencia, complementado con áreas comunes: salas polivalentes, lavandería, huerto urbano y espacios de trabajo compartido.
Ni alquiler ni compra: derecho de uso
El modelo funciona con una lógica distinta al mercado convencional. Las personas socias realizan una aportación inicial de entre 15.000 y 20.000 euros y posteriormente abonan una cuota mensual de entre 500 y 750 euros, según la tipología. Esta cuota, fijada a precio de coste, se mantiene estable durante toda la concesión del derecho de superficie, que en este caso es de 50 años.
La cooperativa es la propietaria del edificio. Las viviendas no se pueden vender ni convertir en patrimonio individual. Este sistema garantiza la permanencia del modelo e impide su transformación en vivienda privada.
Según explica Margarida Vázquez, portavoz de la cooperativa Outra Forma de Vivenda, una vez se agota el derecho de superficie de 50 años, el edificio y la parcela pasan a titularidad municipal de nuevo. Pero esto no significa el final del proyecto: “Normalmente lo que se hace es crear una especie de fondo dentro de la comunidad para volver a presentarse a la licitación si la hay; o negociar con el ayuntamiento para continuar con el proyecto”.
Sobre el plazo de concesión, Vázquez reconoce que es mejorable: “En Cataluña, los períodos suelen ser de 75 a 99 años”. Aún así, valora positivamente que el Ayuntamiento adaptase el pliego en algunos conceptos para que las cooperativas se pudieran presentar.
Esta misma semana la cooperativa dio un paso decisivo: acaba de firmar la escritura para recibir el solar y tener la adjudicación plena. A partir de ahora, disponen de cuatro meses para presentar la solicitud de licencia municipal y dos años para la construcción del edificio. “Calculamos que podemos entrar a vivir en el edificio a finales de 2028 o comienzos de 2029”, afirma Vázquez.
El proceso de selección de las personas socias busca sobre todo la implicación en el proyecto y la disposición a “tejer comunidad y tener un vecindario de confianza y amable entre todas”. Uno de los elementos que distinguen este tipo de proyectos es la apuesta por la vida comunitaria. A través de un diseño consensuado, el grupo decide qué actividades y áreas comunes quiere impulsar, desde bibliotecas hasta lavanderías o espacios de gimnasio.
Nuevas fórmulas frente al modelo especulativo
Los suelos que el Ayuntamiento cedió el año pasado para vivienda pública, incluido el de As Lavandeiras, “ya llevaban ahí muchos años”, explica Iago Carro, arquitecto y miembro de Ergosfera, quien señala la necesidad de experimentar con otros modelos y lógicas de vivienda en “suelos completamente vacantes, que no tienen usos formales”.
Para Carro, la puesta en marcha de este primer proyecto es fundamental. Considera que, cuando exista un caso real que funcione y la ciudadanía pueda verlo de primera mano, muchos de los prejuicios alrededor de los modelos cooperativos “comenzarán a desaparecer”. En otras ciudades del Estado ya se llevan muchos años experimentando con estas fórmulas. “Aquí, como siempre, este tipo de cosas más experimentales llegamos unas décadas tarde”, constata.
El arquitecto sitúa el proyecto en un contexto más amplio de reflexión sobre lo que denomina “rentismo popular”. Durante mucho tiempo, explica, solo se identificaban actores de gran escala o problemas sistémicos muy abstractos. Pero en los últimos años salió al debate público una cuestión central: la vivienda se convirtió en un refugio de seguridad para cualquier persona que tenga posibilidades económicas, generando una situación en la que la ciudadanía logra seguridad individual a costa de la inseguridad colectiva.
Según explica Carro, esta identificación del problema también está modificando la manera de pensar las normativas. La apertura del debate permite revisar conceptos clave como el de gran tenedor y valorar criterios más ajustados a la realidad actual, entre ellos la posibilidad de considerar que “quien posee más de una vivienda por unidad residencial ya debería ser cualificado como tal”. (Alba Cambeiro , El Salto, 19/11/25)
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