"María S., una desempleada de 54 años, no se lo podía creer cuando, a
principios de este mes, se enteró en su centro de salud del casco viejo
de Cartagena de que le habían dado de baja su tarjeta sanitaria y, por
tanto, tanto ella como su hija de 19 años se han quedado sin cobertura
sanitaria pública, salvo que acuda a un servicio de urgencias
hospitalarias.
En su caso, esta traba legal que los gobiernos autónomos
de Murcia y Galicia están poniendo estas últimas semanas a los parados
de larga duración y extranjeros sin recursos para para recibir
asistencia podría tener consecuencias inmediatas en su salud.
María
superó hace un año una operación para extirparle "un principio de cáncer
de colon" y este mes ya no podrá ir a la revisión que le corresponde:
"Tenía que ir a revisión con el oncólogo a principios de noviembre y no
lo he podido hacer; y mi hija, que tiene consulta en diciembre por un
problema de tiroides, tampoco podrá ir", se lamentaba ayer.
"Me dijeron
en el centro de salud que estaba dada de baja, junto con mi hija, y que
me diera de alta con un familiar o fuera a la Seguridad Social para
tramitar una tarjeta como persona sin recursos".
María, que dejó
de trabajar como autónoma en 2006, no ve factible la primera opción, ya
que es viuda de un abogado que estaba dado de alta precisamente con ella
en la Seguridad Social, y menos la segunda. Y es que pese a vivir sólo
con los poco más de 600 euros que le llegan de la mutualidad de letrados
tras el fallecimiento de su marido, tiene su casa y no cree que la
puedan catalogar como persona "sin recursos".
"Además no he pedido esa
tarjeta porque me han dicho que tarda ocho meses", añadió esta mujer,
que prefiere esperar a que el 1 de enero entre en vigor la Ley de Salud
Pública, que universalizará de forma efectiva la asistencia sanitaria en
toda España y hará imposible casos como el suyo." (Público, 26/11/2011)
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