"El reciente informe de la UCO sobre la dana de Valencia viene a añadir un nuevo episodio a la peligrosa tendencia hacia la politización que aqueja en los últimos años a esta brigada policial de élite. El atestado va mucho más allá del deber (invadiendo competencias de la jueza de Catarroja) y llega a conclusiones subjetivas que no se ajustan a la realidad de lo que pasó aquel fatídico día del 29 de octubre.
Según los agentes encargados del informe, los niveles de caudal en el Barranco del Poyo se superaron entre las 16.15 y las 17.25 pese a que la Confederación Hidrográfica del Júcar no emitió una alerta hasta las 18.43. De esta manera, la UCO apunta directamente al organismo gestor del agua, al Ministerio de Transición Ecológica, a Teresa Ribera y a Pedro Sánchez. O sea, que la Guardia Civil da pábulo a la teoría de la conspiración, esa misma que mantienen influencers, youtubers y heraldos de la nueva extrema derecha. Y en el PP y Vox hacen palmas con las orejas.
Carlos Mazón respira algo más tranquilo después de esta polémica pericial que parece un traje hecho a medida para el hombre del Ventorro. Sin duda, lo más preocupante del informe es su carácter sesgado, sectario, como fabricado a instancia de parte, ya que se centra en un lapso de tiempo determinado, obviando que aquella jornada negra la Confederación remitió al Gobierno valenciano hasta 18 correos sobre la Cuenca del Poyo (en horas críticas y en horas menos críticas), mientras que la Agencia Estatal de Meteorología realizó 24 llamadas a la Generalitat Valenciana, desde la seis y media de la mañana, alertando del peligro de inundación por dana (unas fueron atendidas, otras, por lo que sea, no). Por no hablar de que la AEMET venía advirtiendo del temporal una semana antes, como demuestra el hecho de que la Universitat de València suspendió las clases ese día como medida de precaución.
Todos los organismos, funcionarios de la Administración y responsables políticos estaban enterados de que se avecinaba un temporal de dimensiones históricas, todos menos Mazón, que no suspendió su agenda –ni la pública ni la privada–, para remangarse y ponerse al timón. Al contrario, el exhonorable decidió seguir adelante con su comilona con una conocida periodista valenciana, por lo visto un evento más importante que activar la alerta roja, lo que probablemente hubiese salvado muchas vidas. En realidad, no hacía falta ningún parte meteorológico más, bastaba con poner la tele a primera hora de la mañana y ver el formidable despliegue de los compañeros de À Punt sobre el temporal para entender la gravedad de lo que se nos venía encima. Pero ni eso. El menú del Ventorro era más ameno y divertido.
La cronología de los hechos no deja lugar a la duda, tal como demuestra la airada respuesta al informe de la UCO emitida por la jueza Nuria Ruiz. La instructora está que trina con los subordinados de la Benemérita que se le han rebelado y les ha enmendado la plana al calificar de “erróneo” e “incompleto” el atestado. Pero el rosario de reproches y zascas con el que Ruiz afea el trabajo de los agentes metidos a meteorólogos de oficio va mucho más allá, hasta resultar sonrojante y demoledor para el Instituto Armado. Según la instructora, el controvertido informe no se ajusta al encargo concreto que hizo el juzgado de Catarroja (el análisis debía limitarse a una cronología de los desbordamientos sin valoraciones sobre la actuación de los implicados); ignora los testimonios de las víctimas, los informes de la Generalitat y las declaraciones de los expertos que ya han declarado ante la jueza; reproduce teorías conspiranoicas superadas como la del supuesto “apagón informativo” de la Confederación, ya descartada por la magistrada; y pasa por alto las llamadas telefónicas cruzadas entre la AEMET y el teléfono de Emergencias 112. Por todo ello, la titular del juzgado rechaza imputar al presidente de la Confederación, Miguel Polo, quien viene manteniendo la misma versión desde hace nueve meses: “Tenemos claro que no somos responsables de la tragedia”. De esta manera, se cierra la vía de investigación alternativa que venía proponiendo el PP de Feijóo y Mazón, así como algunas asociaciones ultras y más o menos esotéricas personadas como acusación popular en la causa. La responsabilidad de los 227 fallecidos debe atribuirse exclusivamente a la Generalitat Valenciana, que no activó a tiempo el protocolo telemático de alerta a la población. Punto final. Y cualquier rumor o teoría alternativa (tal como ocurrió con el 11M) solo tiene un objetivo: intoxicar, contaminar, manipular a la opinión pública para tratar de enderezar los bajos índices de popularidad del barón valenciano que se dio a los placeres del Ventorro cuando sus paisanos morían ahogados.
Es evidente que la UCO ha asumido un riesgo innecesario al tratar de echarle un cable a Mazón. Y aquí cabría preguntarse quién o quiénes han impulsado este documento que no hay por dónde cogerlo, qué altos mandos han dado la orden de seguir una línea de investigación en vía muerta y descartada por la mismísima jueza instructora. El ministro Marlaska debería poner a trabajar a los de Asuntos Internos, ya que estamos hablando de una pericial claramente tendenciosa y orientada hacia un fin político concreto. En los últimos tiempos hemos asistido a demasiados casos polémicos instruidos por la UCO. Y es una auténtica tragedia para la democracia, ya que una unidad que siempre se ha destacado por su eficacia y buen hacer, hasta colocarse a la vanguardia entre las mejores policías del mundo, está contrayendo el cáncer letal para el Estado de derecho: el de la politización de las instituciones, las cloacas y las policías patrióticas a gusto del PP. Si alguien no para pronto la deriva de desprestigio de esta brigada, más pronto que tarde el ciudadano dejará de creer en ella, como ya ha dejado de creer en otros pilares del sistema como el CGPJ, el Tribunal Supremo o el propio Parlamento convertido ya en un fangoso ring para las cuitas personales de banderías y facciones enfrentadas."
(José Antequera , Diario16+, 31/07/25)
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