"El veterano periodista y escritot Ernesto Ekaizer analiza con
escepticismo el caso que ha llevado a prisión a Santos Cerdán,
secretario de Organización del PSOE hasta hace dos semanas. En esta
entrevista, Ekaizer desmenuza "las debilidades de la instrucción
judicial" y advierte que "el caso Cerdán está siendo puesto a prueba" en
unas diligencias donde los empresarios imputados "prácticamente no
arrojan ningún resultado". Su diagnóstico es claro: el juez Puente ha
enviado a prisión a Cerdán basándose en un informe policial "sumamente
débil" y por conversaciones grabadas que "ni siquiera han sido
adveradas".
Más allá del caso concreto, Ekaizer
aprovecha para radiografiar lo que denomina "el estado judicial
español", un sistema donde "las piezas fundamentales cuando son
complejas se instruyen por la UCO, por la UDEF o por la agencia
aduanera". Citando al exfiscal general Eduardo Torres Dulce, explica
cómo las causas judiciales complejas llegan "precocinadas por la
policía" con una "capacidad de filtraje crítico muy limitada" por parte
de jueces y fiscales. Un mecanismo que, según el periodista, se ve
agravado por las filtraciones sistemáticas a los medios: "El que coloca
primero el titular, la policía judicial, ha ganado la batalla de la
opinión pública".
La conversación deriva hacia una
crítica estructural del sistema judicial español, donde Ekaizer denuncia
que "en España tenemos dos acusadores porque el juez también es
acusador", una anomalía respecto al resto de Europa. Su veredicto final
es lapidario: vivimos en un "estado judicial" donde el poder judicial,
"controlado por la derecha, se ha erigido en el árbitro de la vida
política", citando como ejemplo el rechazo del Tribunal Supremo a
aplicar la amnistía. He aquí la entrevista.
¿Por qué sostiene que el caso contra Santos Cerdán se desarrolla sin pruebas sólidas?
El
caso Cerdán está siendo puesto a prueba en las diligencias que está
llevando adelante el juez Puente en la Sala Segunda del Tribunal
Supremo. Las comparecencias de los cinco empresarios imputados
prácticamente no arrojan ningún resultado. Es visible la incapacidad
tanto del juez como del fiscal de poner en práctica aquello que pusieron
en el auto de prisión por el cual mandaron a Cerdán a la cárcel.
Se
decía allí que lo fundamental para mandarle a prisión era la "posición
funcional" que ocupaba Cerdán en la presunta trama de corrupción
integrada por Koldo García y Ábalos. Esa posición funcional consistía en
la relación que tenía Cerdán con los empresarios, ya que él recogía el
dinero, era el recaudador, y lo distribuía. El problema es que en esas
declaraciones, en las tres primeras, el juez y el fiscal ni siquiera
preguntaron si conocían a Cerdán. Tampoco les preguntó cuántas veces se
habían reunido con él, y finalmente ni siquiera preguntaron si habían
pagado sobornos o mordidas.
Entonces,
¿qué sentido tiene mandar a una persona a prisión sosteniendo que es el
jefe de la trama, el que recogía sobres o cobraba las mordidas, si no
les vas a preguntar precisamente por ello?
Eso ya fue notorio en las primeras tres declaraciones que tuvieron lugar la semana pasada. Yo escribí una información en El Periódico y lo dije en el programa de TVE Malas Lenguas.
Y este pasado lunes, 7 de julio, efectivamente, el juez le preguntó al
representante de Acciona si había pagado mordidas y este contestó que
no.
¿Por qué considera que el relato de la UCO es débil?
Me
baso en hechos, no hago especulaciones. Los hechos descritos en el auto
de prisión contienen errores que van más allá del informe de la UCO. El
juez sostiene que se están investigando operaciones de la UTE
Acciona-Servinabar 2000, que no viene en el informe de la UCO. Cuando un
juez pone operaciones en un auto de prisión que no se están
investigando, es un error garrafal.
Lo que veo es que ha habido una conclusión forzada por parte de la UCO
y también del juez y del fiscal para considerar a Santos Cerdán el jefe
de la trama, el hombre que recogía el dinero, sin pruebas sólidas ni
suficientes. El juez se ha quedado impresionado por la transcripción de
unas conversaciones que ni siquiera han sido adveradas. En la
declaración que prestó Koldo García en el Tribunal Supremo, se acogió a
su derecho a no declarar. Ni siquiera tenemos una diligencia mínima
donde el hombre que graba dice: "Sí, sí, esa es mi voz y yo soy el que
las grabó".
¿En qué situación se encuentra el sistema judicial español?
Vivimos
una etapa muy difícil en España. Es lo que yo llamo un "Estado
judicial" donde los enfrentamientos en el ámbito político se pasan a los
tribunales y el poder judicial, un sector controlado por la derecha, se
erige en el árbitro de la vida política.
Lo hemos visto con la amnistía, donde la Sala Segunda del Tribunal
Supremo se ha negado a aplicar la ley en el caso de malversación. Ana
Ferrer, una de las magistradas del tribunal del Procés, ha venido a
decirles a sus colegas: "Te puede gustar más o menos, pero la ley hay
que aplicarla". Ha hecho dos votos particulares que, además, le han
costado que la acosen en la propia Sala Segunda del Supremo. La Sala
Segunda del Supremo se ha convertido, según he escrito, en un Soviet Supremo. No se puede discrepar en cuestiones consideradas casus belli
como la amnistía. Vamos, ahora dicen que no se puede presentar un voto
particular durante procesos de instrucción, ¡que están reservados a las
sentencias!
Las asociaciones conservadoras, en
particular la poderosa Asociación Profesional de la Magistratura (APM)
que tiene siete y ocho miembros afiliados en el sector conservador del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La APM, se puede inferir,
manda más que el PP en el Consejo General del Poder Judicial. Y defiende
unos intereses corporativos.
En lo que llamo el
Estado judicial español, se han traspasado las fronteras del poder
judicial. Ellos desacatan el imperio de la ley que votan los
legisladores (caso amnistía), mientras su única función es defender
corporativamente a la justicia y decirle a los políticos que no pueden
criticar a los jueces. En eso consiste ahora mismo, dicho con todo el
respeto, la actividad de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. Pero
los jueces sí pueden criticar a los políticos, pueden sacar libros…
Pueden decir que la justicia está amenazada, cuando son ellos quienes
amenazan a la justicia.
¿Cómo afectan las filtraciones al proceso del caso Cerdán?
La
UCO incautó los audios en la casa de Koldo García en febrerode 2024.
Hay que tener en cuenta que Koldo ha sido colaborador de la Guardia
Civil. Mientras tanto, el Partido Popular, Vox y una gran cantidad de
gente conocían que se estaba elaborando un informe sobre Cerdán. Y el 5
de junio, ¡bum!, se envía el informe con esos audios.
Santos Cerdán mismo ha contado la anécdota de que en el Congreso se
acercaba durante meses gente de Vox y le decía: "Santos, el informe está
al caer". Si tú incautas un material en febrero del 2024 y lo tienes
congelado hasta junio del 2025, no es muy difícil que se filtren
detalles.
Aquí la justicia es una justicia muy desigual. Recuerda a Orwell con Rebelión en la granja:
algunos son más iguales que otros. El tratamiento del caso del fiscal
general del Estado, Álvaro Garcia Ortiz, ha sido notablemente desigual.
Es como aquella escena en Casablanca
donde entra el capitán Renault a una sala en la que se jugaba
habitualmente y dice: "He descubierto que aquí se juega", mientras él
mismo cobra sus ganancias.
Se ha descubierto que
aquí se juega, vamos, que aquí se filtra, lo cual no es de recibo, pero
ha sido un tratamiento notablemente desigual para el fiscal general del
Estado.
La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión para Cerdán. ¿Fue correcta esa petición?
El
juez no puede mandar de oficio a prisión a una persona si no lo piden
las partes. La Fiscalía Anticorrupción ha comprado el informe de la UCO
al 100%, pero la UCO no es el evangelio y esto es lo que se está
demostrando en la práctica diaria. Me estoy refiriendo a Santos Cerdán,
está claro que el informe de la UCO en relación con Koldo y Ábalos tiene
indicios fuertes.
Se han acreditado en la
instrucción de la Audiencia Nacional, pero lo que no hay bases para
pensar es que Santos Cerdán era, digamos, El Padrino.
El problema que debería preocupar es que tanto los jueces como los fiscales de este país dependen de la UCO o de la UDEF.
Eduardo
Torres Dulce, fiscal general del Estado en 2014, dijo en su
comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso el 22 de abril
de 2014: "Las causas judiciales más complejas no las instruyen ni el
juez ni el fiscal, sino que llegan precocinadas por la policía y la
Agencia Tributaria y la capacidad de filtraje crítico es muy limitada".
Se puede decir más alto pero no más claro. Y las cosas han ido a peor en los once años que han pasado desde esta afirmación.
¿Cómo influye la policía judicial en la percepción pública y el poder judicial?
Esta
es la piedra de toque de nuestro sistema que yo llamo el "Estado
Judicial Español" o EJE, donde las piezas fundamentales a investigar,
cuando son complejas, se instruyen por la UCO, por la UDEF o por la
Policía de Aduanas. Esto debería revisarse y limitar su influencia.
Los
contactos que tiene con los medios de comunicación generalmente les
permite colocar el mensaje en los medios mucho antes de ser trasladado a
las partes, con lo cual la opinión pública ya recibe el mensaje. Los
medios que no tienen el privilegio de publicarlo se limitan simplemente a
seguir como rebaño lo que ha publicado el primer medio que tuvo el
informe. El que coloca primero el titular, la policía judicial, ha
ganado la batalla de la opinión pública. Esto es una práctica cotidiana
en nuestro país que ha acabado ya con cualquier vestigio de presunción
de inocencia.
En esa opinión pública, dada las
características especiales de nuestro sistema jurídico constitucional,
existe la figura de la Acción Popular. Ese sistema por el cual los
partidos políticos y determinado tipo de asociaciones se dedican
sistemáticamente a presentar demandas y querellas se ha pervertido.
Cogen los informes policiales de la UCO o los suscitan según los casos y
convierten eso en un instrumento de persecución y de inquisición. El
sistema es verdaderamente inquisitorial.
¿El auto deja entrever algún tipo de financiación irregular en el Partido Socialista?
El
informe de la UCO nada dice sobre ello. Sin embargo, el informe incurre
en lo que yo llamo una causa general porque ha tenido mucha repercusión
una parte donde habla sobre las primarias del Partido Socialista en
2014.
El juez no autorizó a la UCO a hablar sobre
las elecciones primarias de 2014. Cuando el juez autoriza una
investigación, establece el marco de la misma. Va la UCO y pone lo de
que en las primarias Cerdán le dice a Koldo que ponga dos papeletas con
el nombre de Sánchez y la UCO concluye: ese es el punto de partida de
toda la trama. Y luego lo cogen José María Aznar y Alberto Núñez Feijóo y
dicen: quienes trampean en unas primarias pueden hacer un pucherazo
electoral. Eso que ha hecho la UCO no es de recibo, eso debe impugnarse.
Eso demuestra que la UCO se toma sus libertades, que hay sesgo
político.
¿Hay garantías de justicia en el sistema español?
No,
porque, como dice Eduardo Torres Dulce, esto viene precocinado.
Garantías no hay, y el sistema en los últimos años ha ido escorándose
más al dominio de las policías judiciales de la UCO y de la UDEF, que a
su vez se meten en la misma cama con los medios de comunicación.
La
situación anómala básica es que, mientras en el resto de Europa los
fiscales instruyen las causas, en España tenemos dos acusadores porque
el juez también es acusador. Tenemos un juez y un fiscal contra el
acusado. El juez es un juez investigador e impulsa la investigación. Eso
tiene que variar.
Estamos asistiendo a esta
instrucción en el caso Cerdán, donde nos queda largo recorrido. Ya
veremos si llegamos al juicio. Mi discrepancia con quienes comparan esto
con el caso Demetrio Madrid, predecesor como presidente de Castilla y
León de José María Aznar, es que Madrid dimitió, fue juzgado y resultó
absuelto. Santos ya veremos si será juzgado y por qué motivos.
¿Qué haría falta para tener procesos con garantías?
Durante
muchos años se ha discutido en este país la necesidad de cambiar todo
el sistema inquisitorial de investigación. El juez tiene que ser un juez
de garantías. En el caso de Santos Cerdán, debería haber dicho: "No le
envío a prisión porque no creo que los indicios sean suficientes o
sólidos".
Hay que reformar todo el sistema: que la investigación quede en manos
de la fiscalía, que la fiscalía tenga independencia de los organismos de
policía judicial, que controle el tema de las filtraciones y la
vinculación con los medios de comunicación. Necesitamos un juez que esté
por encima de las partes y que diga: "Yo soy la garantía de que el
proceso es un proceso íntegro, es un proceso que no está sujeto a
influencias políticas, a sesgos".
¿Por qué el Partido Socialista ha actuado con tanta dureza contra Cerdán?
Me
consta que Cerdán está muy enfadado porque considera que no le han
escuchado lo suficiente. Pedro Sánchez llega a un punto después de la
investigación claramente prospectiva del juez Juan Carlos Peinado contra
su esposa, Begoña Gómez, en que, para conservar su credibilidad, su
única carta es echarle y dar por cierto todo lo que dice la UCO.
Hay
mucha gente que ha considerado que si el presidente era capaz de hacer
eso es que no le temía a Santos Cerdán, porque evidentemente, si le
echas, estás corriendo el riesgo de que te acuse a ti si efectivamente
estás en el ajo. Estratégicamente, es una decisión arriesgada porque si
se prueba que Santos Cerdán es como Demetrio Madrid y no es quien nos
dicen ahora que es, y no se ha beneficiado patrimonialmente, el
presidente, pues, tendría que volver a decir: "Me equivoqué. Me he
precipitado".
Pero, claro, ¿podía Sánchez mantener a Cerdán en la tormenta inquisitorial que se desató?
Muchas gracias." (Ernesto Ekaizer , blog, 14/07/25, fuente Agenda Pública )
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