"En algún lugar, mezclados entre la espuma y los escombros del mar Caribe, están los restos de al menos 17 personas que murieron este mes a manos de fuerzas militares estadounidenses por orden del presidente Donald Trump. Iban a bordo de tres lanchas rápidas que, dijo el gobierno de Trump, transportaban drogas y contrabandistas procedentes de Venezuela.
Es posible que así fuera. Sin embargo, el gobierno no ha aportado ninguna prueba de sus afirmaciones. E incluso si las acusaciones son correctas, hacer estallar lanchas es un ejercicio ilegal de uso de la fuerza letal.
En las redes sociales, Trump aseguró a la opinión pública que los pasajeros no solo eran narcotraficantes, sino también “narcoterroristas” y miembros de la banda criminal conocida como el Tren de Aragua que, dijo, estaba bajo el control del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Señaló que la fuerza militar estaba justificada como forma de autodefensa, porque los cárteles “amenazan nuestra seguridad nacional”, y sus principales colaboradores han prometido continuar los ataques. La justificación de la autodefensa parece especialmente endeble después de que el Times informara que la primera de las tres embarcaciones se alejó de su ruta a Estados Unidos antes de ser destruida.
Con estos ataques, Trump ha ordenado la ejecución sumaria de personas que no están en guerra con Estados Unidos en ninguno de los sentidos tradicionales del término y que es posible que ni siquiera estuvieran cometiendo el delito del que se les acusa. Es una violación del debido proceso legal que debería alarmar a todos los estadounidenses. Es incluso más extrema que su política de enviar migrantes a una prisión brutal en El Salvador a partir de afirmaciones cuestionables de que pertenecían al Tren de Aragua y sin ninguna posibilidad de impugnar lo dicho por el gobierno. Estados Unidos, creado en oposición a la monarquía, nunca debería convertirse en un país en el que el presidente pueda ordenar el encarcelamiento indefinido o el asesinato unilateral de personas por el mero hecho de considerarlas delincuentes.
El tráfico de drogas es un problema grave, y los opioides sintéticos como el fentanilo han ocasionado el fallecimiento de más de 800.000 estadounidenses en el siglo XXI. Sin duda, sería razonable que el gobierno de Trump aumentara la aplicación de la ley en las aguas que rodean Estados Unidos, como lo está haciendo en la frontera. Pero hay maneras legales de hacerlo que distan mucho de matar a personas basándose en sospechas, nunca justificadas públicamente, de que sus embarcaciones transportan drogas.
Hasta las últimas semanas, la práctica habitual en estos casos era que la Guardia Costera interceptara las embarcaciones, incautara la droga, detuviera a los tripulantes y los procesara. Entonces tenían la oportunidad de defenderse antes de ser condenados y sometidos a alguna sentencia. La ley federal, aprobada por primera vez en 1949 y actualizada muchas veces desde entonces, sostiene que solo la Guardia Costera —y no la Marina, las fuerzas especiales ni ninguna otra rama militar— tiene derecho a ejecutar operaciones policiales en alta mar. (La Marina suele apoyar a la Guardia Costera en estos esfuerzos).
El gobierno ha ofrecido un par de justificaciones vagas y poco convincentes para sus acciones. Por un lado, ha sugerido que la ley de la Guardia Costera no se aplica porque Trump ha declarado que determinados cárteles de la droga son organizaciones terroristas. En virtud de las autorizaciones de guerra contra el terrorismo establecidas tras el 11 de septiembre, el ejército puede actuar contra personas consideradas terroristas, pero solo contra las relacionadas con los atentados de 2001. El gobierno también ha afirmado que Maduro ha ordenado al Tren de Aragua que invada Estados Unidos, lo que compara la situación con una guerra. Sin embargo, incluso las agencias de inteligencia que supervisa Trump han rechazado el argumento de que Maduro controle al Tren de Aragua.
Dos demócratas del Senado han presentado una resolución en la que piden que ya no se realicen ataques armados no autorizados por el Congreso, pero hasta ahora los líderes republicanos no parecen perturbados por la expansión de poder del presidente. De hecho, los republicanos del Congreso están estudiando un proyecto de ley distribuido por la Casa Blanca que otorgaría explícitamente a Trump el poder de librar una guerra contra cualquier narcotraficante que considere terrorista. La única virtud del proyecto es que su existencia reconoce implícitamente que ahora carece de esa autoridad.
Mientras tanto, Trump y los altos funcionarios del gobierno intentan ocultar la ilegalidad de sus acciones con un machismo burdo e indigno. “En lugar de interceptarlo, por orden del presidente, lo volamos por los aires, y volverá a ocurrir”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio sobre una de las lanchas. “Este presidente no es un hablador; es un hacedor”. El vicepresidente JD Vance escribió que matar a miembros de los cárteles era el “mayor y mejor uso de nuestro ejército”, y cuando un usuario de las redes sociales le dijo que matar a civiles extranjeros sin el debido proceso era un crimen de guerra, Vance respondió: “Me importa un bledo cómo lo llames”.
El modelo de esta conducta parece ser el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, a quien Trump ha elogiado por dispararles a los narcotraficantes en las calles sin beneficio de arresto o juicio. Duterte se enfrenta ahora a un juicio ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, acusado de supervisar el asesinato de más de 6000 personas sospechosas de ser traficantes y consumidores de drogas. Trump también ha admirado a China y Singapur por ejecutar con prontitud a narcotraficantes.
La represión brutal del narcotráfico puede ser eficaz para reducir el flujo de drogas en algunas circunstancias. Pero lo mismo ocurre con muchas otras posibles políticas que violan la ley y la moralidad básica. Los países libres y que se sustentan en la ley no disparan ni encarcelan a la gente basándose solo en la acusación del gobierno de que están infringiendo la ley.
Las estrategias más exitosas para reducir el consumo de drogas implican una mezcla de aplicación de la ley, medidas de prevención y programas de tratamiento. Sin embargo, el gobierno de Trump ha demostrado poco interés en reducir el consumo de drogas. La Casa Blanca ha exigido enormes recortes a los programas diseñados para reducir esa demanda, incluidos los ampliamente elogiados esfuerzos en materia de medicina de la adicción y reducción de daños, y está recortando Medicaid, lo que dejará a muchos consumidores sin acceso a programas de tratamiento eficaces. Lo hace a pesar de que estos programas ayudaron a reducir en un 26 por ciento las muertes por sobredosis en 2024 con respecto al año anterior.
Trump siempre ha preferido las demostraciones de poder incendiarias, y a menudo ineficaces, a los programas discretos y constantes que funcionan. Sus ataques en el mar encajan en una pauta inquietante de uso del ejército para abordar problemas de aplicación de la ley. Del mismo modo que sigue enviando a la Guardia Nacional a las ciudades en un supuesto esfuerzo por reducir la delincuencia en las calles, quiere lograr la ilusión de dominio sobre el contrabando de drogas, aunque sus acciones apenas cambien las cosas y aunque mate a personas, culpables o inocentes, en el proceso. El precio es un número creciente de cadáveres de ciudadanos extranjeros sin nombre que nunca podrán defenderse. Es una mancha moral para nuestra nación.
El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de opinión cuyos puntos de vista se basan en su experiencia, investigación, debates y unos valores muy arraigados. Es independiente de la sala de redacción."
(Comité Editorial del The New York Times, 25/09/25)
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