“La UE prepara la expulsión de ocho millones de inmigrantes sin papeles. Los Veintisiete buscan coordinar y facilitar la repatriación de los indocumentados.
Javier Moreno, eurodiputado socialista, advierte que la directiva no afecta a rumanos y búlgaros, que no son países terceros. "Es una contradicción", señala, "porque en la práctica pueden residir los que son ricos y viven de renta pero no los trabajadores sin contrato". (…)
La portavoz socialista en la Eurocámara, Martin Roure, rechaza el acuerdo, por considerar que "18 meses es un periodo demasiado largo para mantener a los inmigrantes detenidos en los centros de retención". (…)
"Es bastante vergonzoso", señala un funcionario comunitario español, "que nosotros que hemos sido recibidos con los brazos abiertos en Argentina, México y Venezuela, en momentos muy difíciles de nuestra historia, les demos ahora la espalda".Los defensores de la seguridad esgrimen que el tráfico de personas se ha convertido en el comercio ilegal más lucrativo del mundo, mucho más que el tráfico de drogas o de armas.” (El País, ed. Galicia, Internacional, 04/05/2008, p. 4)
“Bajo la presión de la Francia de Sarkozy y la Italia de Berlusconi, la Comisión ha preparado un borrador de Directiva del Retorno que se someterá pasado mañana a la consideración de los Veintisiete. De ser aprobado, los Estados miembros contarán con un instrumento, casi habría que decir una coartada, para establecer un implacable protocolo de expulsión para ocho millones de extranjeros sin papeles…nunca hasta la fecha, en ningún tiempo ni próximo ni remoto, los poderes públicos habían decidido deportar de su territorio a ocho millones de personas. Si algo merece el calificativo de histórico, aunque, a continuación, haya que añadir el de escalofriante, es esta normativa elaborada con la puntillosa insensatez de los oficinistas que se limitan a traducir órdenes políticas en papelería administrativa.
La Directiva del Retorno empieza por rehabilitar la figura jurídica de la retención, una monstruosidad desde el punto de vista de los principios penales democráticos a la que recurrieron con profusión los regímenes dictatoriales. (…)
Por si no fuera bastante, la Directiva de Retorno prevé que estas medidas se apliquen, también, a los menores que no estén acompañados. Es decir, a menores que, sin haber alcanzado la edad penal, podrán pasar hasta 18 meses recluidos. (…)
La decisión que se tome no cabrá disculparla en nombre del realismo en el tratamiento de la inmigración. Porque resolver mediante la abolición de las garantías jurídicas la situación de los ocho millones de trabajadores extranjeros que la UE pretende deportar no es un encomiable ejemplo de realismo, sino una insensata preferencia por los atajos.” (JOSÉ MARÍA IDAO: La Comisión hará historia. El País, ed. Galicia, España, 05/05/2008, p. 21)
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