"El 12 de mayo, la CIP, autoridad mundial en materia de seguridad alimentaria, lanzó una funesta advertencia. «La Franja de Gaza sigue enfrentándose a un riesgo crítico de hambruna», escribió. «Los bienes indispensables para la supervivencia de la población se han agotado o se espera que se agoten en las próximas semanas. Toda la población se enfrenta a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda». Una de cada cinco personas de Gaza, informó el grupo, se enfrenta ahora a la inanición.
Durante los últimos diecinueve meses de guerra, el ejército israelí ha destruido la infraestructura civil -campos agrícolas, instalaciones de agua, instalaciones médicas, líneas eléctricas- necesaria para mantener la vida en Gaza. La devastación ha intensificado la crisis preexistente creada por el cierre israelí del enclave costero durante casi dos décadas, que bloqueó el acceso a las oportunidades educativas, separó a las familias y cortocircuitó la actividad económica. Ahora, la campaña del ejército israelí ha dejado a los más de dos millones de habitantes de Gaza, casi la mitad de los cuales son niños, incapaces de cultivar, procesar alimentos o bombear agua limpia. Ya dependientes de la ayuda humanitaria, ahora lo son aún más, a pesar de que las autoridades israelíes sólo han permitido la entrada en la Franja de suministros vitales en una fracción del volumen que necesita la población.
Durante el último alto el fuego, que entró en vigor el 19 de enero, esas autoridades dejaron entrar bastantes más productos humanitarios y comerciales. Pero el 2 de marzo, cuando el acuerdo de alto el fuego se tambaleó, el gobierno bloqueó la entrada de todos los suministros. El consiguiente cierre no ha tenido precedentes: desde que Israel construyó una valla alrededor de Gaza y creó unos «pasos fronterizos» en la década de 1990, el gobierno no ha cerrado el territorio a todas las mercancías durante tanto tiempo. Los resultados han sido devastadores. Incluso Donald Trump reconoció la semana pasada que la población de Gaza «se muere de hambre», aunque también dijo que Hamás había desviado la ayuda y, por tanto, era culpable. (La ONU rechaza esta acusación).
A medida que aumentaba la presión para que se abrieran los pasos fronterizos, incluso desde dentro del ejército israelí, el gobierno respondió dando a los civiles de Gaza una dura elección: abandonar su hogar o arriesgarse a morir de hambre. El 5 de mayo, el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan para eludir los mecanismos de ayuda humanitaria utilizados por las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias internacionales con experiencia. Estos grupos emplean cientos de puntos de distribución para ir al encuentro de la gente allí donde se encuentra, minimizando los desplazamientos y los peligros de viajar a través de zonas de combate activo y garantizando que la ayuda siga siendo accesible para las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. En su lugar, el gobierno afirma que creará centros de distribución centralizados en zonas vigiladas, sobre todo en el sur de Gaza, a las que el ejército israelí ha intentado trasladar a la gente. El miércoles, la Fundación Humanitaria de Gaza, un nuevo grupo respaldado por Estados Unidos y dirigido por un veterano militar y empresario social estadounidense, declaró que había recibido la aprobación de Israel para empezar a distribuir ayuda este mes en zonas de la Franja patrulladas por el ejército israelí.
La ONU y veteranos grupos de ayuda han rechazado el plan israelí, calificándolo de peligrosa «táctica de presión» que tendría como resultado «conducir a los civiles a zonas militarizadas». Exigir a la gente que abandone sus lugares de refugio para conseguir alimentos agravaría el desplazamiento forzoso que ha sido una característica distintiva de las operaciones militares israelíes en Gaza y que afecta al 90% de sus residentes. Desde el comienzo de la guerra, el gobierno israelí ha obstaculizado las misiones de ayuda en las zonas que ha ordenado abandonar a los civiles; la nueva propuesta le permitiría impedir por completo la distribución de ayuda en partes de Gaza que quiere despejar de palestinos.
El plan para hacer que los palestinos de Gaza acepten un mayor desplazamiento como condición para recibir paquetes de alimentos está entrelazado con otro: presionarlos para que abandonen Palestina por completo. La extrema derecha israelí ha promovido la limpieza étnica de la Franja durante décadas, y la guerra puede presentar una oportunidad para hacer realidad esa propuesta. En noviembre de 2023, ministros del gobierno anunciaron una «Nakba de Gaza», pidiendo la entrega de la Franja a los colonos judíos; al mes siguiente, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió, según informes, encontrar países «para absorber» a los palestinos del enclave.
La amenaza del exilio se ha hecho más real en los últimos meses. En marzo, un mes después de que Donald Trump anunciara sus ambiciones de convertir Gaza en un centro turístico y reubicar permanentemente a sus residentes palestinos, el gobierno israelí tomó medidas concretas para que eso ocurriera creando una «Oficina de Emigración Voluntaria» que facilitaría los viajes de ida fuera de la Franja. Crece la preocupación de que las autoridades israelíes puedan utilizar las nuevas zonas militarizadas de distribución de ayuda como campos de tránsito hacia terceros países. Las imágenes por satélite de las últimas semanas muestran un área arrasada de veinte acres cerca del extremo sur de la Franja, donde el ejército israelí dijo que creará una de esas zonas. No está lejos de Kerem Shalom (también conocido como Karem Abu Salam), el paso fronterizo sur entre Gaza e Israel, que las autoridades israelíes han utilizado como punto de tránsito para los palestinos que parten hacia países extranjeros.
El desplazamiento y la negativa al retorno son experiencias familiares para los residentes de Gaza, más de dos tercios de los cuales son refugiados de ciudades, pueblos y aldeas de lo que hoy es Israel, de donde ellos o sus padres y abuelos huyeron o fueron expulsados en 1948. La negativa de las autoridades israelíes a permitirles regresar a sus hogares -o incluso trasladarse a otras partes de Israel-Palestina, incluida Cisjordania- forma parte de una política más amplia de mantenimiento del dominio judío israelí sobre los palestinos, incluida la superioridad demográfica.
En 1949, el incipiente Estado de Israel consiguió esa superioridad demográfica impidiendo el regreso de unos 700.000 refugiados palestinos, lo que garantizó una mayoría judía en lo que se convirtieron en las fronteras de Israel reconocidas internacionalmente. Pero la toma de Gaza y Cisjordania en 1967 creó un nuevo reto demográfico. Aquí también, el gobierno israelí se embarcó en una ambiciosa iniciativa para maximizar la cantidad de tierra que controlaba al tiempo que minimizaba el número de palestinos que vivían allí.
En 1967, Israel creó comités gubernamentales encargados de «animar» a los palestinos a abandonar Gaza de forma permanente mediante una combinación de empuje y atracción: manteniendo un alto nivel de desempleo y proporcionando al mismo tiempo lanzaderas, estipendios y raciones de alimentos a quienes estuvieran dispuestos a marcharse. 1 Más tarde, cuando las ambiciones israelíes de asentamiento se trasladaron a Cisjordania, el gobierno utilizó la inducción, la coacción y la fuerza para empujar a los palestinos de Cisjordania a Gaza y experimentó con planes para renunciar al control sobre la Franja, convirtiéndola en una «prisión al aire libre» para una población que esperaban contener. Ocasionalmente, las autoridades concedían permiso a la gente para salir de Gaza o Cisjordania con la condición de que renunciaran a su derecho a regresar, o revocaban su condición de residentes cuando viajaban al extranjero, o simplemente cuando no acudían a un censo militar. Las modalidades cambiaron, pero el objetivo de esas políticas siguió siendo el mismo: limitar el número de palestinos en territorio controlado por Israel.
En vísperas de la guerra actual, casi seis décadas de ocupación de Gaza y Cisjordania habían ampliado las fronteras de Israel, como una cuestión de hecho si no de derecho. A pesar de haber retirado los asentamientos judíos de Gaza en 2005, las autoridades israelíes controlan toda la tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, hogar de unos siete millones de judíos y siete millones de palestinos. Los funcionarios del gobierno israelí afirman que toda esa tierra pertenece al pueblo judío, pero los datos demográficos sugieren que si los judíos no son ya una minoría allí, pronto lo serán, es decir, a menos que el gobierno israelí pueda reducir el número de palestinos que viven en Gaza atacando zonas pobladas, destruyendo las condiciones necesarias para mantener la vida y fomentando o forzando el desplazamiento.
Israel lanzó su ataque a gran escala contra Gaza después de que combatientes dirigidos por Hamás cruzaran desde la Franja hacia el sur de Israel y mataran a cientos de civiles, en actos que equivalían a crímenes contra la humanidad. En la guerra que siguió, el ejército israelí cometió sus propios crímenes internacionales graves contra la población civil de Gaza, como castigo colectivo, desplazamiento forzoso y exterminio. Entre los crímenes de Israel se encuentra la utilización de la ayuda como arma, que ha utilizado como palanca para lograr sus objetivos declarados de derrocar a Hamás y devolver a los rehenes tomados aquel día. Durante los acuerdos de alto el fuego en los que se liberaba a los rehenes, aumentaba el flujo de ayuda, pero al fracasar cada acuerdo las autoridades israelíes reducían el flujo a un goteo. El gobierno israelí ha obstruido la labor de las organizaciones internacionales y ha ilegalizado la UNRWA, la principal organización de ayuda a los refugiados palestinos.
Las condiciones en Gaza son cada vez más desesperadas, pero la gran mayoría de la población sigue sin poder huir. Israel ha mantenido cerrados sus propios pasos fronterizos desde Gaza. El gobierno autoritario de Egipto, que se opone a los desplazamientos forzosos pero teme que la afluencia de refugiados palestinos socave su control del poder, prohibió la entrada a unos 100.000 palestinos, entre ellos un pequeño número de pacientes médicos y personas que compraron su entrada en el país pagando miles de dólares a intermediarios supuestamente vinculados al Estado egipcio. Incluso ese limitado medio de escape se evaporó cuando el ejército israelí tomó el control del lado palestino del paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto en mayo de 2024, cerrando en gran medida el paso.
El alto el fuego de principios de año abrió la posibilidad del retorno y la reconstrucción dentro de Gaza. Como parte del acuerdo, el ejército israelí permitió regresar del sur al norte a cientos de miles de palestinos, muchos de los cuales encontraron sus hogares destruidos. Mientras tanto, el gobierno israelí suavizó las restricciones a la entrada de ayuda en la Franja, incluido un número limitado de materiales para la construcción de viviendas.
Pero el anuncio de Trump de su plan de desplazamiento masivo avivó el impulso israelí para exiliar a los palestinos. Ministros del Gobierno se unieron a grupos mesiánicos de derechas en conferencias y festivales para recabar apoyos para asentar Gaza con israelíes judíos. El mes pasado, el ministro del Interior israelí viajó a la ciudad israelí de Eilat para hacerse una foto con un avión lleno de palestinos que, según él, emigraban voluntariamente de Gaza a Alemania; más tarde se jactó de que, a principios de abril, los palestinos que partían ya habían llenado dieciséis aviones. Netanyahu declaró el 13 de mayo que la mayoría de los residentes de Gaza optarían por marcharse una vez que encontrara países dispuestos a admitirlos, a pesar de que, según el derecho internacional, el propio Israel está obligado a admitir a los refugiados palestinos de Gaza. El respaldo oficial de Israel a los planes de limpieza étnica de la Franja ha llegado a ser tan descarado que este mes un ex ministro de Defensa israelí, originario del partido derechista Likud del propio Netanyahu, acusó públicamente al gobierno de ordenar a los soldados cometer crímenes de guerra.
Llevados al límite, muchos habitantes de Gaza buscan una salida. Las universidades de la Franja están destruidas. Los pacientes médicos no pueden acceder a la asistencia. Las familias están agotadas. Abundan los mensajes en Facebook y los rumores sobre formas de marcharse.
Hay indicios no confirmados de que Israel podría estar preparándose para permitir que los palestinos hagan precisamente eso, pero con condiciones. El mes pasado me puse en contacto con un abogado israelí en respuesta a una publicación en las redes sociales en la que se ofrecía a representar a los residentes de Gaza en los procedimientos de emigración israelíes. (Las redes sociales se han inundado de números de teléfono supuestamente pertenecientes a agentes de inteligencia y abogados israelíes que se ofrecen a ayudar a los palestinos a salir de Gaza). Por 2.500 NIS (700 dólares), me dijo este abogado, podía ayudar a los palestinos titulares de visados extranjeros a salir de la Franja en vehículos alquilados por el ejército israelí y volar a su país de destino en aviones fletados por el gobierno israelí. Afirmó que el gobierno les daría 50.000 NIS (14.000 dólares) si firmaban un documento en el que prometían «no volver a poner un pie en Gaza». Seis mil personas, dijo, ya lo habían contratado para que los representara ante la nueva «Oficina de Migración Voluntaria», para «acelerar» su salida.
Admitió, sin embargo, que ninguno había abandonado Gaza todavía. Y a pesar de la promesa de los funcionarios israelíes de una salida masiva, el gobierno sigue bloqueando la salida de palestinos de la Franja. Los estudiantes que han tenido la suerte de ser aceptados en universidades extranjeras están atrapados, sólo un tercio de los pacientes que solicitan evacuación médica han podido viajar desde octubre de 2023, e incluso los extranjeros esperan meses o más para obtener permiso para cruzar. Sólo unos pocos centenares de palestinos han logrado salir de Gaza desde el colapso del último alto el fuego el 18 de marzo, entre ellos un pequeño número de evacuados médicos y ciudadanos extranjeros y titulares de visados. Mientras tanto, las actividades de la oficina de migración siguen siendo opacas, lo que contribuye a una sensación general de desorientación.
Si pueden elegir, muchas personas buscarán asilo en otro lugar. El derecho internacional exige a Israel que se lo permita. Pero también tienen derecho a regresar. El escepticismo fundado sobre la intención del gobierno israelí de permitir el regreso pesa sobre las decisiones individuales de quedarse o marcharse, incluso cuando las condiciones empeoran. «Después de más de diecinueve meses de inanición forzada, deshidratación y desplazamiento, no sabemos cuánto tiempo más podremos aguantar», declaró recientemente a la BBC un trabajador humanitario palestino en Gaza. El respaldo conjunto de Israel y Estados Unidos al exilio de los palestinos también arroja una sombra sobre la disposición de los países extranjeros a aceptar a personas de Gaza, en caso de que las autoridades israelíes les permitan salir.
Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen al plan de Trump de desplazar a los palestinos de Gaza. Esa oposición debería extenderse a reconsiderar el apoyo de larga data de Estados Unidos a negar a los palestinos su derecho a regresar a sus hogares en lo que ahora es Israel. Los responsables políticos estadounidenses han normalizado esa negación, hasta el punto de que Trump ha buscado a Egipto o Jordania -y ahora, según NBC News, Libia- para absorber a los palestinos en lugar de exigir a las autoridades israelíes que respeten su derecho a vivir en Israel. Pero como bien señala una campaña dedicada al reasentamiento de refugiados de Gaza en Israel, «el retorno es transitable, inmediatamente disponible, rentable y justo». Se producirá cuando un número suficiente de personas comprenda la conexión entre su negación y los horrores a los que se enfrenta ahora la población de Gaza, y actúe en consecuencia."
(Sari Bashi , abogada israelí de derechos humanos., Revista de prensa, 19/05/25, fuente The New York Review)
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