"Hace apenas un año, el diputado de Compromís y experto en clima, Juan Bordera, presentaba una proposición no de ley para atajar y prevenir catástrofes como las que ahora afectan a la Comunidad Valenciana. En aquel momento, la extrema derecha de VOX y el Partido Popular se unieron para rechazar la iniciativa. Ahora, tras los devastadores efectos de la DANA, el recorte de medidas preventivas y el desmantelamiento de servicios esenciales ha dejado en evidencia la irresponsabilidad de la coalición que encabeza Carlos Mazón junto a VOX.
El símbolo de esta falta de previsión y de esta "criminal irresponsabilidad", en palabras de Bordera, es el cierre de la Unidad Valenciana de Emergencia (UVE), un proyecto diseñado para gestionar situaciones de emergencia que fue desmontado por la consellera de Justicia, Elisa Núñez, representante de VOX. Esta decisión ha dejado a la Comunidad Valenciana en manos de una gestión insuficiente y, en casos críticos como el de la DANA, obligada a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Estado. Una paradoja que no hace sino subrayar la contradicción de un gobierno que pregona la "autonomía" mientras recorta los recursos necesarios para enfrentar crisis medioambientales.
Emergencias ignoradas y recursos desviados
Carlos Mazón ha defendido este recorte, tildando a la UVE de “otro chiringuito”. Sin embargo, cuando las tormentas inundaron zonas como Paiporta y otras localidades, quedó claro que lo que ellos consideran un gasto superfluo puede ser la diferencia entre una respuesta rápida y un desastre descontrolado. La emergencia obligó a movilizar recursos estatales y dejó al descubierto la total ineficacia del sistema que, bajo el mando de Mazón y VOX, ha priorizado otras áreas, como la tauromaquia. Tan solo en junio, la Conselleria de Cultura y Deporte, dirigida por el ex torero de VOX, Vicente Barrera, destinó 300.000 euros a la Fundación Toro de Lidia para organizar un circuito de novilladas, mientras los servicios de emergencia veían diezmados sus recursos.
Los recortes en agencias como la de Gestión de Residuos y la Agencia Valenciana para el Cambio Climático muestran la misma actitud despectiva hacia la prevención. La Agencia de Cambio Climático, que contaba con un presupuesto de 400.000 euros en 2023, fue reducida a apenas 2.000 euros este año, una reducción del 99,5%. La extrema derecha valenciana parece apostar por una política de desmantelamiento de los recursos públicos en favor de intereses ideológicos.
Un gobierno negacionista y peligroso
Bordera no duda en responsabilizar a VOX y al PP de actuar al margen de los intereses de los ciudadanos. Con el apoyo de VOX, Mazón está ejecutando una política de recortes en servicios esenciales mientras favorece la desinformación y el negacionismo. Este enfoque, que Juan Bordera considera “suicida y radical”, es parte de una estrategia de la extrema derecha de desprestigiar cualquier medida de protección ambiental, jugando con el futuro de la población por intereses a corto plazo.
El físico Peio Oria, exdelegado de la AEMET en Navarra, advierte que el impacto de estos recortes no se limita a la Comunidad Valenciana. La falta de personal y recursos en los servicios meteorológicos españoles es una cuestión que, según Oria, requiere más atención. Países europeos como Francia o Alemania cuentan con hasta 3.000 profesionales en esta área, mientras que en España apenas se llega a los mil, un dato que Mazón y VOX parecen ignorar deliberadamente.
El colapso climático como problema político
Los efectos del cambio climático ya no son un problema teórico, y su solución depende de decisiones políticas. La realidad es que, frente a la emergencia medioambiental, el gobierno de Mazón ha dado la espalda a la protección ciudadana y ha desviado los fondos a sus propios intereses. Bordera señala que esta política no solo es negligente, sino que también está condicionada por el “talonario de las grandes empresas”, más interesadas en beneficios inmediatos que en la seguridad pública.
Además, las rebajas fiscales a las grandes fortunas promovidas por el gobierno de Mazón agravan la situación de una Comunidad Valenciana ya mal financiada. Con una estimación de hasta 230 millones de euros menos en ingresos por la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, la región pierde una parte importante de los recursos que podrían haberse invertido en mejorar los sistemas de emergencia y de prevención de desastres.
Desprecio por la seguridad ciudadana
Las críticas no son infundadas. En plena crisis de la DANA, Mazón llegó a minimizar la situación, incluso borrando mensajes en redes sociales que se contradecían con las advertencias de AEMET. Y cuando se ofrecieron refuerzos de bomberos desde comunidades vecinas, Mazón rechazó las ofertas de ayuda de Cataluña, Navarra y Bilbao. Esta postura irresponsable, que pone la ideología y el orgullo político por encima de la seguridad ciudadana, debería ser motivo de condena pública.
Es evidente que la gestión del PP y VOX en la Generalitat Valenciana se traduce en una pérdida de servicios esenciales. La extrema derecha ha tomado decisiones que no solo afectan a la infraestructura, sino que también privan a la comunidad de los recursos necesarios para hacer frente a desastres naturales. Con estas acciones, la Comunidad Valenciana no solo ha perdido la UVE, sino también la confianza en un gobierno que parece dispuesto a sacrificar la seguridad pública en favor de sus ideales.
Prioridades equivocadas
Mientras la Generalitat pide recaudación ciudadana durante las catástrofes, VOX y el PP se esfuerzan en reducir los impuestos de las grandes fortunas. El contexto no podría ser más incongruente: con una emergencia climática que reclama atención y recursos, el gobierno de Mazón elimina protecciones, rechaza ayuda externa y prefiere priorizar ayudas millonarias a la tauromaquia.
Bordera y otros defensores del medioambiente han advertido a Mazón de que su falta de acción quedará en la historia como un ejemplo de irresponsabilidad y desprecio por la ciencia. Sin embargo, el actual gobierno valenciano sigue actuando con desdén hacia cualquier medida que implique reconocer la emergencia medioambiental.
Esta
gestión, que Juan Bordera califica de "criminal irresponsabilidad", es
el reflejo de un sistema político que antepone la ideología y el
beneficio económico inmediato a las necesidades de la sociedad. En un
contexto de desastres cada vez más frecuentes e intensos, la
irresponsabilidad de Mazón y VOX se convierte en una amenaza para la
ciudadanía." (Agustín Millán, Diario16+, 04/11/24)
No hay comentarios:
Publicar un comentario