El auto del magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, asusta... no hay ninguna prueba de que Álvaro García Ortiz filtrase el correo electrónico de la confesión del doble fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... En elDiario.es sabemos quién ha filtrado la información, pero jamás vamos a revelar nuestra fuente, pero sí podemos revelar quién no fue. Ni Álvaro García Ortiz ni Pilar Rodríguez, la fiscal jefa de Madrid, a quien el Supremo envía camino del banquillo, filtraron esa información... Yo mismo declaré al tribunal que tenía en mis manos el correo el martes, 6 de febrero de 2024, junto al expediente tributario y la denuncia de la fiscalía... El magistrado del Supremo ha optado por no creer nuestros testimonios, afirma que no es creíble que los periodistas dispusiésemos de esa información y no la hubiéramos publicado antes. elDiario.es dispuso de los documentos el martes 6 y empezó a publicar el martes 12. Por el medio hubo un fin de semana y un equipo de investigación escudriñando toda la documentación... El magistrado Hurtado tiene todo el derecho a desconfiar del relato de testigos e imputados e incluso a abrir una causa separada por falso testimonio si cree que alguien ha mentido a su tribunal. Él sabrá por qué no lo hizo. Pero cabría exigir a un magistrado del Supremo una argumentación algo más razonada cuando trata de desbaratar el testimonio de los periodistas... Produce desasosiego comprobar tal sucesión de saltos al vacío en la exposición de un alto magistrado del Supremo... Si semejante argumentación se utiliza para sentar en el banquillo nada menos que al fiscal general y con el seguimiento qué ha tenido este caso, ¿qué no se podrá hacer un ciudadano anónimo en esas vistas en las que no hay testigos? (José Precedo)

"El auto del magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, asusta. Por la cantidad de saltos al vacío que pone por escrito en la decisión más grave que ha tomado en su carrera profesional. Pese a su controvertida instrucción, que ha alargado durante ocho meses autorizando medidas tan graves como el volcado del móvil y los ordenadores del fiscal general del Estado, no hay ninguna prueba de que Álvaro García Ortiz filtrase el correo electrónico de la confesión del doble fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En elDiario.es sabemos quién ha filtrado la información, pero jamás vamos a revelar nuestra fuente porque nos acogemos a nuestro derecho constitucional, pero sobre todo al primer mandamiento del periodismo. Pero sí podemos revelar quién no fue. Ni Álvaro García Ortiz ni Pilar Rodríguez, la fiscal jefa de Madrid, a quien el Supremo envía camino del banquillo, filtraron esa información.

La exposición de hechos de Hurtado arranca con varias frases de las que no tiene ninguna prueba. El magistrado del Supremo escribe literalmente esto: “Cabe presumir que a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada «la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales», Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, y conociendo que se trataba del ciudadano Alberto González Amador, pareja de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”.

En el extenso sumario no hay una sola prueba de que Presidencia del Gobierno proporcionase ninguna indicación al fiscal general para que filtrase datos de la pareja de Ayuso. Tal vez por eso, Hurtado arranque el párrafo con la siguiente redacción “cabe presumir”.

El magistrado llega a calificar la operación urdida por el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, que en connivencia con varios diarios afines se inventó (así lo admitió el propio Miguel Ángel Rodríguez ante el tribunal) que había sido la Fiscalía la que había propuesto un pacto a la pareja de Ayuso para que reconociera los delitos, pero que se retiró por órdenes de arriba (los jefes de la Fiscalía). Que la cúpula del Ministerio Público desmintiese la información falsa publicada por El Mundo de que el pacto había partido del fiscal del caso (y no del abogado de la pareja, como señalan todas las pruebas aportadas al tribunal) y que, según Rodríguez y algunos otros medios, ese pacto se había frenado por órdenes políticas es para el magistrado del Supremo “una cuestión de escasa relevancia”. Hurtado va más lejos y señala que la dirección de la Fiscalía preparó una respuesta para dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo.

Como si la autoría de la oferta fuese un asunto opinable y el magistrado del Supremo no tuviera sobre su mesa las declaraciones que hicieron todas las partes y los propios documentos donde queda patente que el abogado de González Amador quien reconoció los dos delitos y propuso el acuerdo para que su cliente pudiese evitar la entrada en prisión. El famoso correo donde la defensa del comisionista admitía: “Ciertamente se han cometido dos delitos de fraude fiscal”.

Ya durante la instrucción el magistrado Ángel Hurtado incurrió en clamorosas omisiones y ha utilizado rocambolescos argumentos para justificar sus muy dudosas decisiones. Un ejemplo que atañe a las declaraciones de los periodistas que fuimos citados como testigos en la fase de instrucción. A estas alturas hay media docena de profesionales que declaramos haber tenido acceso a la información de la propuesta de pacto días antes de que esa documentación llegase a manos del fiscal general.

Yo mismo declaré al tribunal que tenía en mis manos el correo el martes, 6 de febrero de 2024, junto al expediente tributario y la denuncia de la fiscalía. El periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos defendió que tuvo noticia de ese correo varias horas antes de que el mail se enviase al fiscal general.

El magistrado del Supremo ha optado por no creer nuestros testimonios (en su derecho está y es obligación de un juez dudar de todas las declaraciones), pero emplea argumentos para desestimarlos que desafían la lógica más elemental. En primer lugar, alega que no hemos aportado pruebas de haber tenido acceso a esa documentación antes que el fiscal general. Y es verdad que no lo hemos hecho porque aportarlas implicaría dar pistas sobre nuestras fuentes.

El segundo argumento es todavía más estrafalario: que no es creíble que los periodistas dispusiésemos de esa información y no la hubiéramos publicado antes. elDiario.es dispuso de los documentos el martes 6 y empezó a publicar el martes 12. Por el medio hubo un fin de semana y un equipo de investigación escudriñando toda la documentación: las tres primeras informaciones aludieron al fraude, a de dónde había salido la comisión millonaria de González Amador (la venta de mascarillas) y a los dos pisos en los que reside la presidenta y su pareja en el centro de Madrid.

¿Desde cuándo en una investigación como esta se publican todos los datos en la primera entrega? ¿En qué manual de Derecho Penal (ya que en los de periodismo no figuran y eso que su auto llega a citar el Libro de Estilo de El País) aparece el orden de las informaciones?

El tercer y último argumento de Hurtado es todavía más descabellado: deja por escrito que ha visto contradicciones entre los diferentes periodistas que relataron cuándo habían tenido en sus manos la información de la confesión. ¿Cómo puede haber contradicciones si lo que se preguntó en el Supremo es cuándo había tenido acceso cada periodista a su información? ¿Es contradictorio que un redactor logre la información un martes y otro un jueves? ¿Cree el magistrado que este tipo de documentación se reparte en una ventanilla un día a una hora determinadas? ¿Resiste el menor análisis defender que es contradictorio que unos periodistas digan en el tribunal que tuvieron la documentación un día y otros cinco días más tarde?

Pues así quedó escrito en un auto del Tribunal Supremo.

El magistrado Hurtado tiene todo el derecho a desconfiar del relato de testigos e imputados e incluso a abrir una causa separada por falso testimonio si cree que alguien ha mentido a su tribunal. Él sabrá por qué no lo hizo. Pero cabría exigir a un magistrado del Supremo una argumentación algo más razonada cuando trata de desbaratar el testimonio de los periodistas. Sería entendible incluso que hubiera decidido no citar a los periodistas si cree que su testimonio no va a aportar nada a la causa por su derecho a guardar secreto sobre sus fuentes. Pero citar a los informadores con obligación de decir verdad para no tener en cuenta la información que aportan y desbaratar sus testimonios con argumentos tan pobres es impropio del primer tribunal del país.

En las últimas semanas, cuatro periodistas de El País ratificaron ante notario y aportaron al Supremo sus declaraciones, según las cuales sabían de la existencia de ese acuerdo 31 horas antes de que el correo electrónico llegase a la cúpula de la Fiscalía General del Estado. Los periodistas que ya habían publicado esa información, aportaron comunicaciones e incluso el registro de una llamada al abogado que firmaba el correo, Carlos Neira, realizada el mismo día en que elDiario.es destapó en exclusiva el fraude, por tanto, mucho antes de que el correo llegase a manos de García Ortiz.

El dato es muy relevante. El propio Tribunal Supremo ha dejado escrito hace unas semanas cuando archivó la causa de la pareja de Ayuso contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que acusaba de desvelar datos antes de que nadie lo publicase en prensa de su expediente tributario (que las comisiones millonarias salieron de una compraventa de mascarillas), que no se revela ese secreto cuando esa información ya circulaba por las redacciones. Ningún secreto se pudo desvelar, incluyó el mismo tribunal que ahora decide sentar en el banquillo al fiscal general.

En sus autos, Hurtado ha esgrimido la falta de pruebas para no tener en cuenta las declaraciones de algunos testigos, pero al mismo tiempo hace aseveraciones en sus escritos de los que no existe en la causa ni el más mínimo indicio. Como por ejemplo, señalar que fue nada menos que la Presidencia del Gobierno quien dio “instrucciones” para filtrar el fraude de la pareja de Ayuso. Ni en su auto ni en toda su instrucción hay pruebas de que eso hubiera sucedido. La alto cargo del gabinete de Moncloa Pilar Sánchez Acera declaró como testigo que lo había recibido de un periodista. Hurtado escribe en su escrito que se lo pasó la fiscalía. Es decir: concluye que Sánchez Acera miente, pero evita abrirle una causa por falso testimonio.

Produce desasosiego comprobar tal sucesión de saltos al vacío en la exposición de un alto magistrado del Supremo.

Si semejante argumentación se utiliza para sentar en el banquillo nada menos que al fiscal general y con el seguimiento qué ha tenido este caso, ¿qué no se podrá hacer un ciudadano anónimo en esas vistas en las que no hay testigos?

En los últimos meses, crece la desafección sobre la Justicia. Las polémicas actuaciones de algunos jueces y magistrados, incluidas algunas condenas muy sonoras, han puesto bajo la lupa también al tercer poder del Estado en un momento en que jueces con togas se manifestaron contra leyes que aprobó el Congreso. A pesar de las dudas crecientes de la sociedad en una parte de la Justicia, magistrados y fiscales de altas instituciones se comportan como profesionales intocables que intentan sustraerse al ejercicio de la crítica. El propio tribunal Supremo que ha empleado más de ocho meses de trabajo en la investigación de un correo electrónico, similar a los que se publican en decenas de causas, ha sido protagonista de sus propias filtraciones. La sentencia más importante de los últimos años, la del juicio del procés, se filtró antes a algunos periodistas que a los propios condenados. ¿No tenían esos acusados derecho a conocerla antes que la prensa? ¿Abrió el Supremo alguna investigación interna?

Miembros del mismo tribunal han ido adelantando a periodistas de muchas redacciones de Madrid los pasos que se irían dando con el fiscal general: la imputación la anunciaron semanas antes de que se produjese y lo mismo ha sucedido con su procesamiento. ¿No lesiona el derecho de defensa de Álvaro García Ortiz que miembros del Tribunal Supremo lleven meses anticipando a algunos periodistas sus decisiones?"     

(José Precedo , eldiario.es, 09/06/25)