"Los defensores de los derechos humanos acusaron el viernes al presidente de EE. UU., Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, de obstrucción criminal después de que Rubio anunciara sanciones dirigidas a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional que autorizaron una investigación sobre las acusaciones de tortura contra las tropas estadounidenses en Afganistán y órdenes de arresto para el primer ministro israelí fugitivo Benjamin Netanyahu.
Rubio sancionó a los jueces del Tribunal Penal Internacional Solomy Balungi Bossa de Uganda, Luz del Carmen Ibáñez Carranza de Perú, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou de Benín y Beti Hohler de Eslovenia "de conformidad con la Orden Ejecutiva 14203 del presidente Trump." La orden fue emitida en febrero y sancionó al Fiscal de la CPI, Karim Khan, y acusó al tribunal con sede en La Haya de "acciones infundadas dirigidas contra América y nuestro estrecho aliado Israel."
"Estos cuatro individuos han participado activamente en las acciones ilegítimas y sin fundamento del CPI dirigidas contra Estados Unidos o nuestro cercano aliado, Israel," añadió Rubio. "El CPI está politizado y afirma falsamente tener discreción absoluta para investigar, acusar y procesar a ciudadanos de los Estados Unidos y nuestros aliados."
Dos de los jueces sancionados autorizaron una investigación sobre los crímenes de guerra de EE. UU. en Afganistán. Los otros dos dieron luz verde a las órdenes de arresto de Netanyahu y Yoav Gallant, su exministro de defensa, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza, incluyendo el uso de la hambruna como arma y el asesinato de palestinos—al menos 54,607 de los cuales han sido asesinados desde que Israel comenzó su asalto y asedio a Gaza tras el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza.
La Asamblea de Estados Miembros de la CPI—el órgano de gobierno del tribunal—dijo en un comunicado el viernes que las sanciones de EE. UU. son un esfuerzo "lamentable" para "impedir al tribunal y a su personal en el ejercicio de sus funciones judiciales independientes."
Kenneth Roth, profesor en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Princeton y exdirector de Human Rights Watch, acusó el viernes a Trump y Rubio de "obstrucción de la justicia bajo el Artículo 70 del Estatuto de Roma," el tratado que establece y rige la CPI.
Christoph Safferling, director de la Academia Internacional de los Principios de Nuremberg—una fundación con sede en Alemania “dedicada al avance del derecho penal internacional y los derechos humanos relacionados”—dijo el viernes que 80 años después de los Juicios de Nuremberg de los criminales de guerra nazis, “obstruir la CPI es una afrenta al compromiso con la justicia y el estado de derecho.”
“El tribunal lleva adelante este legado y hace un llamado a nuestro firme apoyo en la lucha contra la impunidad,” añadió Safferling.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo el viernes que estaba "profundamente perturbado" por las sanciones de EE. UU.
"Los ataques contra los jueces por el desempeño de sus funciones judiciales, a nivel nacional o internacional, van directamente en contra del respeto al estado de derecho y la protección igualitaria de la ley, valores por los cuales Estados Unidos ha luchado durante mucho tiempo," añadió Türk.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea "lamenta profundamente" la decisión de la administración Trump.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia dijo que “Eslovenia lamenta las sanciones anunciadas por el gobierno de EE. UU. contra cuatro jueces de la Corte Penal Internacional, incluido un juez de Eslovenia,” y “rechaza la presión sobre las instituciones judiciales y la influencia en las operaciones judiciales.”
"Los tribunales deben actuar en interés de la ley y la justicia," continuó el ministerio. "En la situación actual, apoyaremos a la jueza, quien es ciudadana eslovena, en el cumplimiento de su mandato." Debido a la inclusión de un estado miembro de la UE en la lista de sanciones, Eslovenia propondrá la activación inmediata del acto de bloqueo.
El estatuto de bloqueo de la UE está destinado a proteger a las empresas en el bloque de 27 naciones de las consecuencias adversas de las sanciones extranjeras—particularmente las de EE. UU.
Durante la primera administración de Trump, el exsecretario de Estado Mike Pompeo sancionó a la entonces fiscal de la CPI Fatou Bensouda y al director de la División de Jurisdicción de la Fiscalía Phakiso Mochochoko por investigar los crímenes de guerra de EE. UU. en Afganistán. Esto, incluso después de que la Cámara Preliminar II de la CPI anunciara que no concedería una solicitud de Bensouda para abrir una investigación sobre la supuesta tortura de prisioneros detenidos en prisiones militares estadounidenses y secretas de la CIA en Afganistán, Polonia, Rumanía y Lituania.
En 2021, Khan enfureció a los defensores de los derechos humanos al anunciar que buscaba aprobación para reanudar una investigación sobre posibles crímenes de guerra en Afganistán cometidos por los talibanes y el Estado Islámico, pero excluiría los supuestos crímenes perpetrados por las fuerzas estadounidenses.
Los funcionarios estadounidenses e israelíes a menudo señalan que ninguno de los dos países es parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, la corte ha afirmado su jurisdicción “en relación con los crímenes cometidos en el territorio de Palestina, incluyendo Gaza,” así como “sobre los crímenes cometidos por nacionales palestinos dentro o fuera del territorio palestino.”
Respondiendo a las sanciones de EE. UU., la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, dijo el viernes que “esto es un ataque contra la justicia internacional y la lucha contra la impunidad.”
"Los gobiernos que creen en un orden basado en reglas deben tomar todas las medidas necesarias para proteger a los cuatro jueces contra el impacto de las sanciones," continuó ella. "Debemos asegurar a la CPI nuestro apoyo total." Deben expresar su compromiso con la independencia y la imparcialidad de la CPI de manera clara y contundente. Deben implementar todas las órdenes de arresto y apoyar a la CPI en todas sus investigaciones.
"La justicia internacional es un campo de batalla." Así ha sido desde el principio,” añadió Callamard. "Las víctimas lo saben demasiado bien." Seguiremos luchando y resistiendo todos los intentos de descarrilar, socavar y destruir la búsqueda de justicia y el estado de derecho.
En abril, la ACLU presentó una demanda en un tribunal federal de Maine en nombre de Matthew Smith, cofundador del grupo de derechos humanos Fortify Rights, y la abogada internacional Akila Radhakrishnan, argumentando que las sanciones de Trump contra Khan violan sus derechos de la Primera Enmienda."
( Brett Wilkins , Scheer Post, 07/06/25, traducción Quillbot, enlaces en el original)
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