La utilización de fantasma de la okupación como ariete por parte de la derecha tiene una década de historia y se intensifica en los periodos electorales... la causa está muy clara, el patrimonio inmobiliario triplica el PIB español y el negocio de la vivienda supone unos 135.000 millones de euros anuales, un 13% del PIB... el origen también, El origen de los discursos anti-okupación —al menos en su última versión— se remonta a los años posteriores al crack de 2008 y el 15M, recuerda Gil, cuando el movimiento de vivienda se lanzó a recuperar miles de vivienda vacías, que fueron ocupadas por personas en su mayor parte desahuciadas y expulsadas del mercado laboral e inmobiliario... cuando el tema de la vivienda empieza a ocupar el primer plano y se empiezan a exigir medidas que limitan los intereses financieros y de los grandes poseedores de vivienda con mucho apoyo social... “Han conseguido que la gente no se movilice contra los intereses de los fondos buitre y crean que el verdadero problema es la ocupación”

 "El “te va a votar Txapote”, la ley que “libera a violadores” y el “Gobierno amigo de los okupas” son algunos de los hitos que marcaron este 28M, unos comicios que desarmaron al PSOE y a la izquierda en el ámbito municipal y autonómico. Los mismos argumentos que pueden desbancar al Gobierno de coalición de la Moncloa el próximo 23 de julio.  

Hay un problema con la vivienda. En eso coinciden todos los partidos políticos, pero ahí se acaban las coincidencias. Para la derecha y la extrema derecha se trata de un problema de seguridad y orden: seguridad contra la ocupación ilegal de viviendas y orden frente a los supuestos privilegios de los migrantes a la hora de captar las ayudas del alquiler.

 Según los discursos del PP, Vox y el abanico de canales de TV y medios afines que han difundido e impulsado estos enfoques, la culpa del “problema de la vivienda” la tienen los okupas, los inquiokupas, los migrantes, en resumidas cuentas, los pobres, aquellos sectores de la población que fueron desahuciados en la crisis del 2008 y no pueden acceder a una vivienda por los inflados precios de los alquileres.

Muchas cosas han cambiado en los últimos tiempos, argumentaba en una tertulia de la Cadena Ser el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. La principal de ellas ha sido un “movimiento reaccionario” que ha ganado la “centralidad” del tablero utilizando las mismas técnicas de comunicación que llevaron a Donald Trump al poder en 2016. “Cuando hablamos de vivienda como derecho, decimos que la clave de la seguridad es poder tener acceso a una vivienda (...) y, sin embargo, el debate que se impone es ‘tenga usted cuidado al salir de su casa porque se la pueden ocupar un grupo de menas o podemitas, póngase usted una alarma de Securitas Direct’”.

 Poco importa que el fenómeno de la okupación sea “irrelevante”, se lamenta Mariona Segú, investigadora de Future Policy Lab y coautora del informe Vivienda para vivir: de mercancía a derecho, publicado en mayo de 2023. Al final, cuenta a El Salto, tienen más efecto y son más fáciles de explicar las “anécdotas extremas” —como la de la pareja de 64 años arruinada por una “inquiokupa” que no les paga el alquiler desde hace tres años— que “los datos y estadísticas de la situación actual de la mayoría de inquilinos” y de las personas hipotecadas con problemas para llegar a final de mes por la subida del Euribor. “Los gabinetes de comunicación de Vox y del PP en eso son buenos y han conseguido utilizar este discurso para no hablar del problema real, que es el acceso a la vivienda y el pago del alquiler, y hablar de problemas inexistentes”, dice.

 En Barcelona, la campaña antiokupación alcanzó su máximo coto de delirio. Tres días antes de las elecciones del 28M, la empresa parapolicial de extrema derecha Desokupa convocaba una manifestación contra las políticas de Ada Colau, a la que acusaba de ser cómplice de las ocupaciones. Un comunicado de 35 colectivos por el derecho a la vivienda, asambleas de barrio y centros sociales de la capital catalana, denunciaban que esta campaña contra la okupación estaba “desplazando el foco de la opinión pública del rentismo y inmobiliario y los fondos buitres”. Según afirman, la criminalización del fenómeno de la ocupación de pisos vacíos ha conseguido invisibilizar las razones por las que se produce: “La realidad es que, aunque trabajes, si no llegas a pagar ni una habitación en un piso compartido, solo te queda vivir en la calle o okupar una casa vacía que nadie utiliza y que, además, pertenece a una gran entidad. Lo sorprendente es que, ante esta realidad, la okupación no se haya multiplicado por diez en los últimos años”.

Las cifras hablan, pero nadie las escucha

“Estadísticamente es más probable que te maten por la calle a que entren okupas en la vivienda en la que estás residiendo”, decía en 2020 el magistrado Joaquim Bosh, portavoz de Jueces por la Democracia. 

Desde entonces, las cifras de juicios verbales de ocupaciones ilegales no han dejado de descender. En 2018, el número de juicios sobre ocupaciones ilegales de vivienda llegó a su máximo: 4.017 anuales. En 2022, se habían reducido a 2.785, un 20% menos que el año previo. En España el parque inmobiliario supera los 25 millones de viviendas, los pisos con problemas de okupaciones apenas representan al 0,01%.

 Los juicios verbales recogidos por el CGPJ son procesos judiciales sobre ocupaciones ilegales que prosperan, el resto son desestimados o resueltos. Otra forma de medir el impacto de las ocupaciones es el número total denuncias recogidas por el Ministerio del Interior, un método que arroja una cifra muy superior, aunque ha caído en los últimos años: en 2022 llegó a 16.726 denuncias, una cifra que supone un 20% menos que la de 2021, cuando llegó al máximo registrado. Este índice, sin embargo, es menos preciso ya que recoge sin distinciones el total de delitos de usurpación y de allanamiento de morada, dos delitos completamente diferentes. La usurpación tiene lugar cuando se ocupa una vivienda vacía, tarda más en resolverse y el culpable debe pagar una multa económica. El allanamiento de morada se produce cuando se ocupa una vivienda habitada, la intervención policial es inmediata y las penas son de cárcel. Pese a la insistencia de jueces progresistas y expertos legales en señalar que solo el delito de usurpación se puede relacionar con el fenómeno de la ocupación, la derecha política y mediática se empeña en mezclar estos dos conceptos e intentar hacer creer que el allanamiento de morada es la regla, cuando es una de estas “anécdotas extremas”.

 Si se analiza con más detalle los casos de ocupaciones, su impacto en los hogares es aún más insignificante. En el caso de Catalunya, el territorio con más ocupaciones, el 97,7% de los pisos ocupados en 2022 estaban deshabitados, según los datos de los Mossos d’Esquadra. Solo un 2,3% de la denuncias recibidas correspondían a pisos habitados y el desalojo fue inmediato, según los mossos. En una entrevista reciente en El Salto, la conseller de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, contaba que ocho de cada diez ocupaciones se dan en viviendas vacías propiedad de grandes fondos de inversión y entidades bancarias. “Entre las personas vulnerables en situación de emergencia habitacional que están viviendo en un piso sin contrato que estamos atendiendo desde el Ayuntamiento no hay ningún caso que esté ocupando pisos en los que hubiera familias viviendo”, señala. En la ciudad de València, más del 86% de las ocupaciones se producen en propiedades de grandes tenedores y solo uno de cada 100 se produce en viviendas de particulares, según el informe de la Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de València.

 Las cifras contrastan con el número de desahucios que se siguen realizando en el Estado español a pesar de la moratoria de desalojos prorrogada una y otra vez, y todo el andamiaje del llamado “escudo social”. 

En 2022, se produjeron 38.269 desahucios, siete de cada diez por no poder pagar el alquiler. Pero estas cifras solo muestran una parte de la crisis de vivienda, sostienen desde el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). En su reciente informe Generación inquilina este colectivo revela que cuatro de cada diez inquilinos había sufrido lo que denominan “desahucios invisibles”, es decir, fueron forzadas por los altos precios a dejar su vivienda para trasladarse a barrios o zonas más baratas y alejadas del centro de la ciudad.

 A la hora de identificar los problemas de la vivienda, el informe de IDRA refleja una “gran brecha” donde casi la mitad de la población en la capital catalana vive en condiciones de inestabilidad, desahucios invisibles, precariedad vital y escasas perspectivas de mejorar su situación.

Un análisis parecido al que realiza Future Policy Lab: según este think tank europeo, en la sociedad española se ha producido “una gran polarización” en la última década. Por un lado, destaca Mariona Segú, coautora del informe, hay sectores de la población —de 20, 30 y ahora también de 40 y 50 años— que no pueden acceder a una vivienda en propiedad y están condenados a vivir de alquiler en situaciones de alta precariedad, con una calidad de vida cada vez menor, ya que “la parte de sus ingresos que deben destinar al alquiler es cada vez más alta”, resume Segú. Pero esta solo una parte de la historia. La otra es el crecimiento del negocio del alquiler, una vía de inversión no solo crece entre los grandes fondos de inversión, sino también entre la clase media y alta. Según este informe, el número de hogares que alquilan casas se ha triplicado en los últimos 20 años y su renta es tres veces mayor que la de sus inquilinos.  

Se trata, cuenta el investigador y activista Pablo Carmona, autor del libro Democracia de propietarios (Traficantes de Sueños, 2022), de una auténtica lucha de clases donde la línea que marca la diferencia es la propiedad de la vivienda.

 Es en este contexto donde se agitan estas campañas de anti-okupación, explica Carmona a El Salto. “Son campañas de pánico moral que intentan construir un pueblo propietario. Un pueblo propietario significa que aquellas personas que tienen una propiedad y que a lo mejor jamás han caído en preguntarse si se la van a ocupar o si la van a perder, o si se va a devaluar, de repente empiecen a ver la necesidad clara de proteger políticamente y policialmente las propiedades que tienen”. Para este experto en materia de vivienda, las campañas anti-okupas pretenden “proteger la propiedad inmobiliaria como bien económico, como bien político y también como bien moral”. Y no es algo nuevo. Desde el franquismo, la sociedad de propietarios es una de las grandes aspiraciones de la derecha más reaccionaria: “Aquel pueblo que sea propietario tendrá más miedo a perder cosas, necesitará más estabilidad política que garantice su derecho a la propiedad”.

El porqué de todo esto

La utilización de fantasma de la okupación como ariete por parte de la derecha tiene al menos una década de historia y se intensifica en los periodos electorales, cuenta a El Salto Javier Gil, investigador del Sindicato de Inquilinos de Madrid. El tema de la vivienda, dice, ha sido central en esta campaña, porque también lo es en la economía: el patrimonio inmobiliario triplica el PIB español y el negocio de la vivienda supone unos 135.000 millones de euros anuales, un 13% del PIB. 

 El origen de los discursos anti-okupación —al menos en su última versión— se remonta a los años posteriores al crack de 2008 y el 15M, recuerda Gil, cuando el movimiento de vivienda se lanzó a recuperar miles de vivienda vacías, que fueron ocupadas por personas en su mayor parte desahuciadas y expulsadas del mercado laboral e inmobiliario. “Ese movimiento, que era muy potente, cuestionaba el conjunto del sistema y contaba con muchísimo apoyo social”, dice este activista e investigador. Revertir el apoyo popular y la “legitimidad” que tenían las ocupaciones sociales de vivienda fue uno de los principales objetivos de las campañas antio-kupación iniciadas por partidos de derecha o medios como Telemadrid, Antena3 o digitales de la derecha inflados con la publicidad institucional. El método no ha variado en estos años y se sustenta en dos vías: la “anécdota extrema” de la que hablaba Mariona Segú, y las fake news. “Hay una mentira generalizada reproducida todas las mañanas en los programas de Ana Rosa y de toda una serie de medios de comunicación que están ampliando casos que no afectan al conjunto de la población”, explica. 

El 3 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaraba conocer “muchos casos en los que una persona mayor se va de vacaciones o al pueblo y cuando regresa le han okupado su casa”, un fenómeno que, según ella, había crecido en el último año. Si la primera afirmación entra en la definición de “anécdota extrema” —solo el 0,8% de todas las denuncias de ocupación son por allanamiento de morada—, la segunda es directamente falsa: en el último año, los casos han descendido un 20%. “Sánchez es una oportunidad fantástica para los okupas”, decía el portavoz del PP, Borja Sémper, el 23 de abril. Unas declaraciones muy similares a las de Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado: “Que en España los okupas cada vez lo tengan más fácil con Sánchez es un problema que el Partido Popular no va a aceptar”. El candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo insistía en la idea de que el problema de la vivienda es la okupación, un fenómeno que se vería impulsado por la nueva Ley de Vivienda, una norma que, según él, “facilita la okupación ilegal” de viviendas.

 “Estos discursos surgen en contextos donde el tema de la vivienda empieza a ocupar el primer plano y se empiezan a exigir medidas que limitan los intereses financieros y de los grandes poseedores de vivienda con mucho apoyo social”, argumenta Gil. Ocurrió en los momentos álgidos después del 15M y ha ocurrido ahora en los meses previos a las elecciones del 28M, donde se jugaba la aplicación de la Ley de Vivienda. Y previsiblemente vuelva con fuerza a medida que se acerque el 23J, donde se juega su definitiva derogación.

En los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas, las encuestas mostraban un cambio en la opinión pública, sostiene Gil. Según un estudio publicado en la Cadena Ser en abril de 2023, el 80,8% de la población estaba a favor de la regulación de los alquileres. En 2019, solo el 41% de la población apostaba por este tipo de medidas, según el CIS.

 Lo que ha conseguido esta última campaña anti-okupación es cambiar el foco cuando se habla del problema de la vivienda: “Han conseguido que la gente no se movilice contra los intereses de los fondos buitre y crean que el verdadero problema es la ocupación”. 

Todos estos discursos, continúa Gil, lo que hacen es perpetuar la lucha entre los sectores más afectados por la crisis inmobiliaria y culpar de los problemas de acceso a la vivienda a los pobres, a los migrantes, a los inquilinos, con la creación de la palabra “inquiokupación”. Un término que surge, recuerda, cuando comenzó la burbuja del alquiler y los impagos, una forma de criminalizar y deshumanizar a las víctimas de la crisis y de “legitimar los desahucios”. El objetivo no es otro, concluye Gil, que “enfrentar vecinos contra vecinos en vez de tener vecinos unidos contra los caseros”.

Los resultados de las elecciones del 28M hablan de un cambio en la percepción sobre cuál es el problema de la vivienda. La derecha ha conseguido, sostiene Gil, que “amplios sectores de la población se alineen con los intereses de las élites inmobiliarias y rentistas del país, personas que piensan que si se van a comprar el pan les pueden ocupar la casa”, cuando estadísticamente es mucho más probable que les maten, como decía el juez Bosh, o que sea el banco quien les eche de sus casas."               (Mrtín Cúneo, El Salto, 03/06/23)