"Por fin ha sucedido. Tras meses de refuerzo militar en el Caribe, el asesinato ilegal de más de un centenar de personas en barcos pesqueros venezolanos —muchos de ellos civiles— y la incautación igualmente ilegal de petroleros venezolanos, la Administración Trump ha intensificado drásticamente su agresión contra Venezuela.
En la madrugada del sábado, las fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque militar a gran escala contra varios objetivos, incluida la capital, Caracas, que se saldó con la captura —o, más exactamente, el secuestro— del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Las bases para esta operación se han estado preparando durante meses. La principal justificación fue la afirmación de que Venezuela es un Estado «narcoterrorista» en el centro del comercio de fentanilo, responsable de la crisis de sobredosis en Estados Unidos, una acusación que ha sido completamente desmentida.
Rápidamente se añadieron otras acusaciones: que el país alberga a «terroristas respaldados por Irán» (otra afirmación sin fundamento) y, inevitablemente, la afirmación de que el cambio de régimen tiene como objetivo llevar la «democracia» y la «libertad» al pueblo venezolano.
Pero, en última instancia, una vez despojado de todas las capas de propaganda, este ataque se reduce a una sola cosa: un acto de agresión completamente injustificado y flagrantemente ilegal contra un país que no representaba una amenaza real para Estados Unidos.
Los objetivos reales son transparentes. En primer lugar, obtener el control de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo. En segundo lugar, derrocar a un aliado clave del bloque geopolítico no occidental alineado con China y Rusia. En resumen, se trata de otra guerra más para cambiar el régimen, por parte de un presidente que hizo campaña precisamente para poner fin a las «guerras eternas» de Estados Unidos.
En este sentido, el ataque es revelador no solo por lo que hace, sino por lo que indica sobre la naturaleza cambiante de la política exterior estadounidense. Según varios analistas, la recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, junto con los esfuerzos de Trump por negociar un acuerdo en Ucrania y reducir los compromisos militares en Europa, indica una aceptación sobria del orden multipolar emergente y un alejamiento de la tradicional dependencia de Washington de la contención militar directa de las grandes potencias rivales.
Sin embargo, el ataque a Venezuela sugiere una conclusión diferente: que Estados Unidos sigue decidido a ralentizar o frenar la transición hacia la multipolaridad, aunque no mediante un conflicto frontal con China o Rusia, sino redoblando una estrategia globalizada de guerra por poderes que se centra en los eslabones más débiles del sistema rival. Venezuela encaja perfectamente en esta lógica.
La operación supone la ampliación de un modelo ya probado en otros lugares, en el que la escalada se desplaza a escenarios periféricos: cualquier país vulnerable que se niegue a alinearse con Estados Unidos y sus aliados se convierte en un objetivo potencial, especialmente aquellos situados en lo que Washington vuelve a reivindicar como su esfera de influencia «otorgada por Dios»: el hemisferio occidental. Esto equivale a un renacimiento de la Doctrina Monroe en una forma actualizada y abiertamente militarizada.
Esto no apunta al fin de la confrontación entre grandes potencias, sino a un cambio en la forma en que la gestiona Estados Unidos: mediante la desestabilización permanente y el caos provocado, en el que se descartan incluso las reglas más elementales de la coexistencia internacional.
En este sentido, el ataque a Venezuela es quizás la demostración más clara hasta ahora del colapso del llamado «orden basado en normas». Se podría objetar que este orden siempre fue una ficción. El derecho internacional, la soberanía y la no intervención fueron violados sistemáticamente por Estados Unidos y sus aliados, incluso cuando se aplicaban selectivamente contra otros. Desde golpes de Estado encubiertos hasta campañas de bombardeos e invasiones directas —Granada, Panamá, Irak—, Washington ha ignorado durante mucho tiempo las mismas normas que afirmaba defender.
Sin embargo, hoy en día existe una diferencia cualitativa. En el pasado, Estados Unidos al menos intentaba encubrir sus acciones con un lenguaje legal o moral y fabricar un consenso nacional e internacional, por fraudulento que fuera. Esa moderación ha desaparecido, reducida a palabras vacías en las que pocos creen.
La administración Trump también actúa sin tener en cuenta la opinión pública. Las encuestas recientes muestran una abrumadora oposición de Estados Unidos a la acción militar contra Venezuela, al igual que hubo una fuerte oposición al bombardeo de Irán y a la complicidad occidental en la matanza masiva de Israel en Gaza. Nada de esto ha importado.
Esta normalización de la barbarie tiene graves consecuencias. A nivel internacional, acelera el descenso hacia la anarquía total, donde «la fuerza hace el derecho» es la única regla que queda. Esto es especialmente peligroso en un mundo en el que Estados Unidos ya no tiene el monopolio de la violencia global, como demostró la invasión de Ucrania por parte de Rusia. De hecho, el ataque a Venezuela —y el silencio de la UE al respecto— pone al descubierto la hipocresía de los discursos occidentales sobre Ucrania, lo que los socava aún más a los ojos de gran parte del mundo.
También plantea una pregunta obvia: ¿sobre qué base moral o jurídica podría, por ejemplo, Occidente oponerse a la acción china contra Taiwán, cuando Washington acaba de aplicar la misma lógica a Venezuela, es decir, la violencia preventiva dentro de una esfera de influencia autodeclarada?
El hecho de que sea poco probable que China siga este camino solo subraya el contraste: el atractivo global de Pekín se basa en parte precisamente en su compromiso de construir un nuevo orden mundial basado en la no intervención y la igualdad soberana, los mismos principios que Occidente está demoliendo.
En última instancia, este último ataque alejará a más países del sistema occidental, incluso aunque Estados Unidos responda intensificando las amenazas contra los que lo hagan.
Y las consecuencias no se limitarán a la geopolítica. A medida que las élites occidentales descarten las restricciones legales y morales en el extranjero, se sentirán cada vez más justificadas para hacerlo en sus propios países, acelerando la erosión de las garantías constitucionales y las libertades civiles.
Este proceso ya está muy avanzado. La cuestión ya no es si el llamado orden basado en normas se ha derrumbado, sino cuánta destrucción se producirá, tanto en el extranjero como en los propios países, antes de que las sociedades occidentales se vean obligadas a afrontar las consecuencias de la anarquía desatada por sus élites."
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