"Por primera vez en España, un tribunal ha ordenado el cierre de diez pisos turísticos no por razones administrativas o urbanísticas, sino por la vulneración de derechos fundamentales. En el corazón del barrio de La Latina, en la calle Toledo, una familia ha conseguido una victoria judicial tras años de padecer lo que califican como un "infierno cotidiano": fiestas constantes, suciedad, borracheras, y un ambiente que no solo atentaba contra su bienestar, sino también contra la salud mental de sus hijos.
Según informa El País, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid, dictada el pasado 19 de junio, representa un hito legal al reconocer que el negocio turístico no puede estar por encima del derecho a una vida digna y tranquila. El fallo obliga a cesar de inmediato la actividad de alquiler vacacional en esos pisos y a abstenerse de retomarla en el futuro. Además, impone una indemnización de 37.000 euros a favor de la familia.
Un hogar convertido en pesadilla
Todo comenzó hace cuatro años, cuando la pareja adquirió y reformó su vivienda en un edificio histórico entre la Puerta de Toledo y la Plaza Mayor. Lo que debía ser su hogar se transformó rápidamente en una pesadilla diaria. De los 60 pisos del edificio, una inmensa mayoría estaba ya dedicada al alquiler turístico. Los pocos vecinos residenciales eran minoría, y sus derechos quedaban completamente relegados.
La familia empezó a sufrir todo tipo de molestias: ruidos a altas horas de la noche, basura en las zonas comunes, fiestas con inquilinos ebrios, incluso relaciones sexuales en espacios compartidos, según testimonió un agente de policía. La situación escaló hasta el punto de afectar gravemente la salud de todos los miembros del hogar. La madre perdió su empleo a causa del estrés, y tanto ella como su pareja y sus hijos desarrollaron síntomas de ansiedad, insomnio y depresión. Un informe forense aportado al proceso judicial confirmó un vínculo directo entre el deterioro psicológico de los niños y las condiciones de convivencia impuestas por la actividad turística del edificio.
Las quejas, denuncias a la Policía y reuniones vecinales fueron inútiles. El control del inmueble estaba en manos de las empresas que explotaban los pisos, que copaban las juntas de vecinos y sorteaban cualquier medida de regulación interna. Desesperados, los padres decidieron acudir a la vía judicial, alegando la vulneración de derechos fundamentales como la intimidad familiar y la inviolabilidad del domicilio.
Una sentencia sin precedentes
El juez no se limitó a evaluar si los pisos cumplían con las licencias municipales, sino que dio un paso más allá. La sentencia cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para subrayar que el derecho de propiedad privada no es absoluto: debe cumplir una función social y respetar los derechos de los demás.
En este caso, la vida de una familia con niños pequeños estaba siendo sistemáticamente destruida por una actividad económica que generaba insalubridad, alteraba el orden público y comprometía su salud emocional. El juez consideró que el derecho de los vecinos a descansar, criar a sus hijos con tranquilidad y sentirse seguros en su propia casa pesaba más que el lucro empresarial.
El fallo impone el cierre inmediato de los diez pisos turísticos situados en la escalera exterior del edificio —donde reside la familia— y condena a cuatro empresas distintas a pagar una compensación económica. A cada uno de los niños se le reconoce un daño específico cifrado en 9.833 euros, un gesto inédito que pone el foco en la salud mental infantil como derecho protegido.
Los testimonios que lo cambiaron todo
Durante el juicio, los testimonios fueron clave. Un policía municipal que patrullaba la zona declaró que en múltiples ocasiones tuvo que intervenir por quejas vecinales: botellones en la entrada, vómitos, orines, peleas, robos e incluso relaciones sexuales en zonas comunes. Relató cómo encontraba cada fin de semana a grupos de turistas, principalmente extranjeros, completamente ebrios, generando situaciones de verdadero caos.
El portero del edificio también intervino. Relató cómo había denunciado en varias ocasiones destrozos como buzones arrancados, correspondencia tirada, robos y actos vandálicos. También declaró la psicóloga del sistema público que atendía a la madre, y la psiquiatra forense que evaluó a los niños subrayó que ninguno de ellos tenía antecedentes psiquiátricos antes de vivir en esas condiciones, dejando claro el impacto nocivo del entorno.
Uno de los testimonios más llamativos fue el de Mariano Rodríguez de Barutell, alias "Nanín", conocido por su vinculación pasada con la presidencia del Real Madrid. Aunque no estaba imputado en esta causa concreta, sí participó como testigo, ya que explota pisos turísticos en la otra escalera del edificio. Admitió que "es muy difícil vivir con niños en el inmueble" y reconoció el constante trasiego, la basura y las molestias generadas por la actividad turística.
Una victoria legal que puede marcar un antes y un después
Para el abogado de la familia, Miguel Rubio, del despacho Sofima 10, la sentencia marca un precedente: “No es el Ayuntamiento quien ha pedido el cierre, sino una familia. Es la primera vez que se gana un caso así desde la óptica de los derechos fundamentales”.
La resolución judicial es recurrible, pero ya ha encendido las alarmas en un sector que, hasta ahora, se movía con una amplia tolerancia institucional. El modelo de ciudad que prioriza al turista sobre el residente podría estar comenzando a resquebrajarse. La magistrada ha dejado claro que el turismo no puede destruir el tejido social ni convertir los hogares en cárceles emocionales.
¿Qué implica esta sentencia para el futuro de los barrios?
Este caso podría sentar las bases para una nueva oleada de demandas vecinales. La turistificación descontrolada de barrios tradicionales de Madrid y otras ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia ha generado tensiones crecientes entre residentes y propietarios de alojamientos turísticos.
Hasta ahora, las respuestas institucionales han sido insuficientes o meramente estéticas. La sentencia muestra una vía alternativa: la defensa judicial de los derechos fundamentales. No se trata solo de licencias o normativas urbanísticas. Se trata de salud, dignidad y convivencia.
En barrios donde el alquiler turístico ha desplazado a las familias y encarecido brutalmente el coste de vida, esta sentencia representa una pequeña victoria, pero de gran simbolismo. Muestra que David puede vencer a Goliat, si logra articular su defensa en los marcos adecuados.
Cuando los derechos pesan más que el negocio
El fallo judicial que obliga a cerrar diez pisos turísticos por vulnerar la intimidad y salud de una familia en Madrid abre una puerta hasta ahora cerrada. Es una advertencia para el modelo de ciudad que sacrifica la vida de sus habitantes en favor del turismo de masas. También es una esperanza para quienes resisten en sus barrios, luchando por vivir en paz. Porque una ciudad no se construye con maletas de paso, sino con vidas que echan raíces."
( Agustín Millán , Diario16+, 07/07/25)
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