"La situación económica y laboral en Argentina registra caídas históricas. Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, cierran 30 empresas por día. A principios de diciembre, la multinacional de alimentos Mondelez comunicó a sus 2.300 trabajadores que les daba tres semanas de suspensión por la caída en el consumo interno. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante estos dos años de gobierno libertario se perdieron 276.000 puestos de trabajo, lo que implica la caída de 432 trabajos formales diarios. La contracara es el boom financiero y de un puñado de actividades ligadas a producciones primarias de exportación, con fuerte y variada subvención estatal y bajo control transnacional, como la megaminería o los hidrocarburos.
A la decisión de Mondelez se le sumó la de la fábrica de lavarropas Whirlpool que cerró su planta de producción en Pilar, a 50 km de la Ciudad de Buenos Aires, y despidió a 220 trabajadores. En Rosario –provincia de Santa Fe–, la fabricante de electrodomésticos Electrolux lleva adelante suspensiones rotativas entre sus 400 trabajadores. Magnera, empresa textil de capital estadounidense, despidió a 100 empleados. Y la lista de cierres y suspensiones se multiplica en todo el país.
A ello hay que agregar la salida de importantes inversiones extranjeras. Entre otras empresas que cerraron sus operaciones en el país o retiraron filiales están Bimbo, PepsiCo, Topper, Danone, Puma, El Nobel, Bridgestone, HSBC, Clorox, Prudential, Xerox, Itaú, Makro Telefónica, Mercedes-Benz, Exxon Mobil, Equinor, Diagnóstico Maipú y Procter & Gamble. Se trata de un flujo contrario al sentido que el gobierno libertario pretende imponer en su gestión.
Según CEPA, la administración pública, la defensa y la seguridad social son los sectores que más empleos perdieron: 86.982 en 21 meses y le sigue la construcción, con 76.292 empleos caídos, luego transporte y almacenamiento, con 59.838 y la industria con 55.945. Los datos que releva el Centro de Economía fueron extraídos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), un organismo del Estado. La actividad cayó también en el comercio, los servicios inmobiliarios y el turismo, que registró la actividad más baja de los últimos años. Lo que detalla el informe es que las empresas de hasta 500 trabajadores fueron las más afectadas y concentran el 99,63% de los cierres, lo que equivale a las 19.094 empresas que ya no existen en el país. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) informó de que el sector perdió 60.000 puestos de trabajo.
Por otra parte, el Producto Bruto Interno (PBI) registró una caída del 1,7% en 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), también un organismo estatal. Dentro de las actividades más afectadas se encuentra la construcción, con una caída del 17,7%; la industria, con una reducción del 9,2% y el comercio, con una merma del 7,3%. De acuerdo con los datos oficiales, este retroceso en la economía se debe al retroceso en las inversiones (-17,4%) y a la caída del consumo privado (-4,2%) y público (-3,2%).
Según Martín Schorr, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la crisis industrial es consecuencia directa de un “combo” procurado por la propia política económica: apertura comercial, tipo de cambio bajo, retracción del mercado interno y fuertes subidas de costos (financieros, inmobiliarios, servicios públicos, etc.). En ese marco, muchas empresas industriales optan por el cierre y otras abandonan líneas de producción y las reemplazan por la comercialización de productos importados. Por una vía o por la otra, el resultado es similar: desmantelamiento de bases productivas, pérdidas de puestos de trabajo, destrucción de masa crítica.
Detrás de los números y los porcentajes hay personas y familias enteras que luchan por sobrevivir en un país donde los servicios básicos (luz, agua, gas, alquiler) suben todos los meses. Para seguir enlistando, la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto, Santa Fe, despidió a sus 30 trabajadores que se suman a los 60 cesanteados durante el año. Dana, la autopartista de la provincia de San Luis dejó sin trabajo a 50 personas y la sueca SKF se fue del país dejando en la calle a 145 trabajadores. En el sector de comercio la situación es muy similar: cerró el mayorista de limpieza Yaguar en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y la empresa chilena Cencosud despidió a su personal en Buenos Aires, San Juan, Catamarca y Tucumán. En las alimenticias, además de Mondelez, quebró la láctea La Suipachense, dejando a 140 familias sin salarios. En la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, Newsan no renovó el contrato de 150 trabajadores de la industria electrónica.
Basta con recorrer las calles porteñas para sentir la desolación: restaurantes con mesas vacías, comercios con carteles de liquidación por cierre, cada vez menos películas en cartel en los cines y cada vez más familias en situación de calle. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que pertenece a la Universidad Católica Argentina, el 58% de los niños y niñas es pobre en un país que produce alimentos para el mundo.
Reforma laboral a la medida del poder económico
Si bien todavía no se conoció el documento oficial de la reforma laboral, organizaciones de trabajadores accedieron a borradores y alertan de que, de concretarse, crecerá la informalidad, la precarización y la pérdida de derechos laborales. En la actualidad, la informalidad laboral orilla el 45% y la mitad de los trabajadores no cuentan con derechos laborales o son cuentrapropistas (no tienen seguridad social, pagas extra, vacaciones ni protección ante despidos). Esta situación de precariedad laboral es más alta entre la juventud, con una tasa que ronda el 58%.
Entre otras cuestiones, la reforma incluye reducir la forma de calcular las indemnizaciones, sin incluir las pagas extra y las vacaciones. Además, flexibiliza las condiciones de contratación y propone crear un Fondo de Asistencia Laboral, financiado por el 3% del aporte obligatorio de los empleadores, eximiendo al Estado de esa carga. También prevé anclar los aumentos salariales a la productividad, condicionando las negociaciones entre los sindicatos y las empresas. Y con el denominado ‘banco de horas’ planea extender la jornada laboral de 8 a 12 horas y que sea el empleador quien decida cuándo, cómo y cuántos días puede tomar el trabajador de vacaciones.
La reforma también limita el derecho a huelga, violando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y busca debilitar a la actividad sindical eliminando la cuota solidaria (contribución de los trabajadores a los sindicatos). En relación a los trabajos de plataformas, planea crear la figura de “repartidor independiente”, habilitando una flexibilización aún mayor de las formas de contratación.
No hay que olvidar que Argentina fue un país que tuvo pleno empleo en la década de 1950 y presentaba la tasa de sindicalización más alta de la región."
( Inés Hayes , CTXT, 11/12/25)
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