"Hace poco más de un año, cuando tomé posesión de mi cargo como secretario general del Consejo de Europa, no pensé que tendría que escribir sobre la posibilidad de que Estados Unidos emprendiera una acción militar contra un Estado miembro.
Sin embargo, aquí estamos.
El presidente Donald Trump ha prometido convertir Groenlandia —territorio semiautónomo de Dinamarca, que es miembro del Consejo de Europa y uno de los países miembro que fundaron la OTAN— en parte de Estados Unidos, y que lo hará “por las buenas” o “por las malas”.
Sus declaraciones sobre el territorio han creado tensión en las relaciones entre Estados y han puesto en duda los derechos, el consentimiento y las opciones democráticas del pueblo de Groenlandia. Por ahora, esto sigue siendo palabrería. Pero los acontecimientos recientes en Venezuela demuestran lo rápido que las palabras pueden convertirse en hechos.
Trump ha dicho también que él solo está limitado por su “propia moralidad”, no por el derecho internacional, lo que deja de lado el orden jurídico que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial.
El Consejo de Europa, con sus 46 Estados miembros, entre ellos países que no son parte de la Unión Europa, como el Reino Unido y Turquía, nació de esa guerra. Se fundó sobre la idea de que el derecho, y no el poder bruto, debe garantizar la dignidad y los derechos de las personas y la igualdad soberana de los Estados. Cuando una gran potencia que ha sido crucial en la creación del orden jurídico de la posguerra cuestiona abiertamente la necesidad del derecho internacional, remueve los cimientos que por décadas hemos trabajado en reforzar.
La democracia, el multilateralismo y la responsabilidad definieron en su día el orden de la posguerra. Cada vez más, estas palabras se tildan de elitistas, woke o muertas. Tenemos que preguntarnos, a ambos lados del Atlántico, si queremos vivir en un mundo en el que la democracia se reinterpreta como debilidad, la verdad como opinión y la justicia como una opción.
La soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia, acompañada del autogobierno groenlandés, es ley establecida. Se basa en la inviolabilidad de la integridad territorial de Dinamarca según el derecho internacional. Su finalidad es garantizar la estabilidad y la legalidad, preservando, no limitando, el derecho democrático de Groenlandia a forjar su propio futuro.
El principal argumento del gobierno de Trump para adquirir Groenlandia se basa en preocupaciones legítimas de seguridad nacional. Pero Estados Unidos ya tiene capacidades militares en Groenlandia en la base espacial de Pituffik y, en virtud de los acuerdos existentes, podría ampliar significativamente la cooperación sin amenazar la soberanía danesa ni solicitar la aprobación de Copenhague ni de Nuuk, y sin ninguna transferencia de territorio.
Esto indica que hay algo más en juego.
Estamos presenciando el retorno de un viejo reflejo táctico: una mentalidad de la Guerra Fría en la que la geografía se interpreta como destino, la influencia como un juego de suma cero y la independencia se considera un riesgo estratégico más que una opción democrática. El temor es que una Groenlandia independiente pueda un día girar hacia la órbita de Rusia o China, lo que pondría su armamento a las puertas de Estados Unidos. Sería una repetición ártica de la bahía de Cochinos.
Esta es la lógica de las esferas de influencia, un eco de la doctrina Monroe, ahora visible en la legislación propuesta la semana pasada por un miembro del Congreso de Estados Unidos que enmarca la anexión de Groenlandia en términos de seguridad nacional vinculados a China y Rusia. La misma lógica se refleja en la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense para 2025, divulgada en diciembre, que da prioridad a la soberanía y los intereses estratégicos de Estados Unidos sobre las normas multilaterales y la seguridad colectiva.
Europa debe actuar para proteger su marco jurídico, y el Consejo de Europa está dispuesto a desempeñar su papel. El derecho de los pueblos a determinar su propio futuro, la protección del derecho internacional y la responsabilidad por las violaciones de los derechos soberanos son los cimientos de nuestra seguridad y nuestros valores.
A menudo, en momentos de crisis, Europa habla a través de las capitales y no con una sola voz política, como ilustra la reciente declaración conjunta sobre Groenlandia de varios Estados miembro de la UE. Se trata de una realidad política que destaca por qué son importantes las instituciones jurídicas con un mandato colectivo. El trabajo del Consejo de Europa sobre los mecanismos de rendición de cuentas para Ucrania, como el Registro de daños y la Comisión Internacional de Reclamaciones, demuestra que el derecho aún puede estructurar la acción internacional en un momento de fragmentación política.
El mismo planteamiento se aplica en el Ártico. El Consejo de Europa está dispuesto a apoyar a Dinamarca y Groenlandia mediante una cooperación jurídica e institucional concreta. Si Europa no logra articular una visión jurídica y política, otros llenarán el vacío, desplazando la seguridad del derecho a la influencia estratégica.
Lo que está en juego no solo es la soberanía de Groenlandia, sino también la confianza. Las alianzas se basan en la previsibilidad y en la expectativa de que el poder, especialmente el poder aliado, se atenga a la ley. Si el derecho internacional puede obviarse cuando resulta inconveniente, la confianza desaparece. Si los cálculos estratégicos llevan a despreciar la soberanía en Groenlandia, ¿cómo Europa va a seguir creyendo en los compromisos de Estados Unidos en otros lugares?
Cuando Europa insiste en la soberanía y la responsabilidad, no es una pose. Está defendiendo lo que hace fuertes tanto a Estados Unidos como a Europa. Ignorar esto es sentar un precedente peligroso, que podría deshacer el vínculo transatlántico y debilitar los cimientos que nos mantienen en pie.
El derecho internacional es universal o carece de sentido. Groenlandia demostrará qué alternativa elegimos."
(secretario general del Consejo de Europa, The New York Times, 20/01/26)
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