"Fue entonces cuando el Gobierno aprobó una
nueva estrategia que se empezaría a implementar dos años después, tras
largos debates con la sociedad civil y en el Parlamento. La legislación
no era ni mucho menos revolucionaria: despenalizar el consumo a aquellos
que portasen un máximo de 10 dosis de una determinada sustancia
ilícita.
No muy distinto de lo que sucede en España, por ejemplo. Pero
lo que marcó la diferencia fue el cambio de sensibilidad hacia los
drogodependientes: dejaron de ser tratados como a delincuentes, se
aplicaron programas de atención, sustitución de heroína por metadona, se
les incluyó en el sistema sanitario para atender sus enfermedades.
Los
resultados no tardaron en llegar. Aunque el consumo en general de
estupefacientes no ha descendido, el de heroína y cocaína, dos de los
más problemáticos, ha pasado de afectar al 1% de la población lusa a un
0,3%; las infecciones de VIH entre los consumidores han caído a la mitad
(en el total de la población ha pasado de 104 nuevos casos al año por
millón en 1999 a 4,2 en 2015); la población carcelaria por motivos
relacionados con drogas ha bajado del 75% al 45%, según datos de Agencia
Piaget para el Desarrollo (Apdes).
Jose Queiroz, su director, define esta
política como “una aproximación humanista que no juzga y se basa en la
confianza y en la relación con la gente”. La ley puso las bases, pero de
poco habría servido si no hubiera sido acompañada por medidas sociales y
fondos destinados a servicios de lo que se conoce como reducción de
daños, es decir, mitigar en lo posible las consecuencias negativas de
las drogas desde una perspectiva no basada tanto en la persecución como
en la información, la atención médica y los servicios a los adictos.
Los
más frecuentes son ofrecer materiales esterilizados a quienes se
inyectan, metadona a los que buscan dejar la adicción a la heroína,
espacios de consumo supervisado (también conocidos como narcosalas) o,
según las tendencias más recientes y progresistas, centros donde
examinar las sustancias para que los usuarios sepan exactamente qué se
meten en el cuerpo.
Cada vez más países, a través de ONG, proporcionan
este servicio en lugares lúdicos, como festivales de música y, poco a
poco, van abriendo sedes fijas, como sucede en el propio Portugal,
Holanda o Suiza.
Existe una amplia literatura científica que
muestra cómo este tipo de políticas reducen la muerte por sobredosis y
mejoran la salud de los consumidores. Particularmente las tasas de VIH
caen automáticamente donde se implementan: el virus del sida, que lleva
años bajando en todo el mundo, sigue expandiéndose entre esta población, particularmente en los países del Este de Europa,
donde la mayoría de las soluciones de reducción de daños están
prohibidas.
Una de cada ocho personas que se inyecta drogas en el mundo
es seropositivo, y solo un 1% vive en un país donde se apliquen este
tipo de políticas, según Harm Reduction International, que ha celebrado
su 26º congreso esta semana en Oporto.
Algunas investigaciones muestran incluso
que la seguridad ciudadana allá donde se implementan medidas más
avanzadas en materia de drogas sube, como sucedió en Vancouver desde que abrió una narcosala.
Pero la ideología no siempre se alinea con a evidencia: los países más
conservadores siguen restringiéndolas, incluso persiguiendo a los
drogadictos, como sucede en Rusia o Filipinas.
Desde que Portugal dio el giro en sus
políticas el consenso ha mantenido la ley y ningún gobierno desde hace
20 años, ni de derechas ni de izquierdas, ha tenido la tentación de
revertirla. Pero según cuenta Queiroz, sí que se han visto recortes de
fondos, como en la época de la crisis, que dan al traste con todos estos
esfuerzos.
“No es necesario cambiar la legislación, basta con dejar de
invertir para que el sistema deje de funcionar como debería”, relata.
Pone el ejemplo de España, que con una legislación similar en todo el
país tiene comunidades que son incluso “mucho más avanzadas que
Portugal”, como el País Vasco y Cataluña. Y otras donde apenas hay
atención a los drogodependientes. “Todo depende de la voluntad
política”, resalta Queiroz.
Un buen ejemplo de cómo los fondos se
canalizan a la ayuda a los toxicómanos es la propia Apdes. Tiago
Teixeira, físico y trabajador del sistema sanitario portugués, es el
supervisor del programa de sustitución de opiáceos de la agencia.
Comenzó como voluntario, pateando las calles para ofrecer a quienes
consumían información sobre VIH y hepatitis C (un 80% de los toxicómanos
padece o ha padecido), condones (las prácticas de riesgo son mucho más
frecuentes en esta población), agujas esterilizadas para inyectarse...
Pero el contacto con ellos habría sido prácticamente imposible sin los
pares, personas que pasan o han pasado por la misma situación de quienes
consumen en las calles, que gozan de su confianza, que no son vistos
como parte de un sistema que viene a imponerles conductas. Por eso,
decía Queiroz, la receta portuguesa se basa en la comunicación: “Es un
colectivo que está sufriendo fuertes situaciones de violencia, estigma,
obstáculos para acceder a buenas medicinas, al sistema de salud. Padece
normalmente pobreza estructural y exclusión. Nuestro papel es conectar
con ellos, que haya una relación de confianza; de lo contrario todas
estas políticas de reducción de daños no les llegarían”.
Los pares son una conexión entre los
drogadictos y las organizaciones que les ayudan. Y figuras como la de
Teixeira, quien los enlaza con el sistema de salud. “Les atendemos, les
hacemos controles de VIH, de tuberculosis [otra dolencia que se dispara
entre los consumidores de drogas, entre otras circunstancias porque
suelen consumir juntos y hacinados, compartiendo el bacilo que viaja por
el aire], les ofrecemos la metadona.
Cuando ven una de nuestras
furgonetas [de Apdes] ya saben que pueden confiar en nosotros. Y esto ha
servido para derribar barreras con el hospital. Muchos usuarios han
tenido malas experiencias con el sistema sanitario, han sido tratados de
forma inadecuada por profesionales que quizás no están acostumbrados
estas situaciones. Esto les alejaba del sistema de salud y era un
círculo vicioso”, cuenta Teixeira.
También ha cambiado radicalmente la acción
policial. Los agentes de Portugal tuvieron que pasar de la noche a la
mañana de tratar a los consumidores como delincuentes a hacerlo como
enfermos. Ya no se les arresta, aunque se mantienen multas por el
consumo, que pueden ser eliminadas con la integración en programas de
desintoxicación.
“Se tardó en cambiar la mentalidad de los funcionarios.
Y ni siquiera podemos decir que estemos 100% adaptados, pero la
diferencia es enorme: existe una nueva mirada hacia los usuarios de
drogas, el policía ha pasado a ayudarles. Y esto también ha redundado en
una reducción drástica del papeleo que antes se producía con cada
intervención, las detenciones…”, enumera António Leitão da Silva, jefe
de la policía municipal de Oporto.
En las afueras de la ciudad, en lo que se
conoce como la Casa Velha, van cada día medio centenar de usuarios a
consumir. La mayoría fuma crac, heroína o ambas. Son las ruinas de lo
que parece una antigua casa señorial, con vegetación que brota del suelo
entremezclada con papelinas, pequeños botes de metadona, trozos de
papel de plata… Allí está Mario, 53 años, delgado, con pocos dientes y
las secuelas que la heroína marcadas en el rostro.
Dejó esta droga hace
ocho años. Gracias a las políticas de reducción de daños la cambió por
metadona, que toma a diario para suplirla. Sigue enganchado al crac, que
fuma en pipa mientras voluntarios de ONG van repartiendo utensilios
limpios y comida. Para esto no se ha inventado un sustituto que quite el
mono y que sea menos lesivo.
Ha estado en la cárcel nueve veces, sobre
todo en los noventa, cuando todavía era detenido simplemente por
consumir. “Ahora está todo mejor. Voy a un centro de atención donde
puedo bañarme, cambiarme de ropa, me siento más limpio. Cada año me
vacunan contra la gripe, me atienden si estoy enfermo…”, enumera.
La mejora de la atención de este colectivo
no solo redunda en ellos, como señalan los expertos, es beneficioso para
la salud pública: redunda en menores costos para la sanidad, que se
ahorra atención de casos más graves; contiene brotes de enfermedades
contagiosas.
Todas estas medidas hicieron que Portugal
se convirtiera en un referente para muchos otros países. Pero las cosas
no son ni mucho menos perfectas. Las ONG se quejan de que los fondos son
escasos. Las asociaciones de consumidores de que las leyes siguen sin
ser suficientemente progresistas: quieren poder consumir de manera
informada sustancias legales. Lo más parecido es la marihuana, que sigue
prohibida excepto para uso medicinal, siempre bajo prescripción médica y
cuando otros remedios no hayan funcionado.
Y, pese a todos los avances,
en todo el país todavía no existe ni una sala de uso supervisado, algo
que se ha demostrado muy valioso para reducir infecciones y sobredosis,
pero que suele llegar con enorme polémica entre los vecinos. Según la
Red Internacional de Locales de Consumo de Drogas, no suman ni un
centenar en todo el mundo. La mayoría están concentrados en Holanda
(20), Suiza (18), Alemania (26) y España (15, en su gran mayoría en
Cataluña). Australia, Canadá, Francia, Dinamarca, Noruega y Luxemburgo
son otros países que tienen centros de este tipo.
Pero el congreso de reducción de daños de
Oporto ha traído buenas noticias para los partidarios de la reducción de
daños en el país. Durante su inauguración, según cuentan fuentes
cercanas, influido por el ambiente proclive a estas políticas, el
alcalde de la ciudad, Rui Moreira, anunció que se abriría uno
próximamente. Por la improvisación del anuncio se conocen pocos
detalles, pero supone un nuevo paso adelante del país al que el mundo de
las drogas miraba hace 20 años.
Como recuerda, Alexandre Quintanilha, presidente del
comité parlamentario de Educación y Ciencia, muchos por entonces les
advertían de que su regulación estaba fuera del sistema legal
internacional, de que acabaría en los tribunales. “En tiempos dominados
por el miedo y la regresión está bien escuchar una historia de éxito.
Pero lo que fue innovador en el pasado tiene que mantenerse bajo control
permanente.
Las políticas públicas tienen que adaptarse a las nuevas
tendencias y abordar los desafíos emergentes y de largo plazo. No nos
podemos dormir en los laureles. Todos los países, todas las ciudades,
todas las comunidades pueden hacer más y mejor para la reducción de
daños”, reflexionaba en Oporto Jorge Sampaio, presidente de Portugal
cuando la medida se aprobó.
En la 26ª Conferencia de Reducción de
daños, que se ha celebrado en Oporto esta semana, ha habido tiempo para
repasar casos de éxito como el portugués, pero también para subrayar los
enormes retos que hay por delante. Más allá de llevar estas políticas a
los países donde no las tienen, algunas voces apostaban por seguir
avanzando hacia una regulación más progresista en materia de
estupefacientes.
Lo dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien afirmó que la “guerra
contra las drogas ha fracasado”, ya que el consumo en lugar de disminuir
crece. Entre 2000 y 2015 ha habido un aumento del 60% en las muertes
relacionadas con las drogas: 450.000 fallecimientos en 2015, según la
Organización Mundial de la Salud.
Más contundente se muestra Michel
Kazatchkine, de la Comisión Global para Política de Drogas: “Necesitamos
descriminalizar a los consumidores, pero no solo esto. En muchos países
se cree que poniéndoles multas van a solucionar el problema, pero lo
normal es que no puedan pagarlas, lo que les lleva al sistema criminal y
a la encarcelación.
La demanda de drogas existe y seguirá existiendo y
si no se encuentra de forma legal, será en el mercado ilegal, con todas
sus malas consecuencias: adulteración, mafias, epidemias de VIH,
hepatitis, corrupción, violencia e inseguridad”.
El comisionado se
muestra a favor de legalizar los estupefacientes, como se está haciendo
en algunos países con el cannabis, pero también con los duros. “Los
gobiernos deberían apostar por un uso seguro de estas sustancias. Hay
que enfrentarse al mundo tal como es, y uno libre de drogas no existe”. (Pablo Linde, El País, 06/05/19)
No hay comentarios:
Publicar un comentario