"Al calor (literal) de una crisis ecosocial que es más palpable y tangible que nunca, las protestas climáticas empiezan a extenderse con fuerza por toda Europa. Estos movimientos, liderados en muchos casos por profesionales y científicos, se enfrentan en la mayoría de los países a causas judiciales y penas de prisión por la desobediencia civil de sus acciones.
En el caso de España, como ya contó LPO, quince investigadores están siendo juzgados (el expediente está en fase de instrucción) por el lanzamiento de tinta roja biodegradable (zumo de remolacha) a la fachada del Congreso en abril del año pasado.
La Fiscalía los acusa por el delito de "daños a bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental" agravado "por tratarse de daños de especial gravedad por lo "relevante" del inmueble.
En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron ha intensificado esta persecución con una decisión política sin precedente: la ilegalización de un colectivo ecologista.
Este miércoles, el Consejo de Ministros resolvió la disolución de "Soulèvements de la terre" (Levantamientos de la tierra), una agrupación formada en 2021 que aglutina a grupos ecologistas, agricultores y habitantes de territorios amenazados por la sobreexplotación de recursos naturales.
Se trata de un movimiento que gana cada vez más adhesiones. En su primera convocatoria de protesta, juntaron 700 personas. El 25 de marzo, en una multitudinaria acción por el agua en la localidad de Sainte-Soline, reunieron a 30 mil manifestantes. Actualmente, el grupo está disperso por 180 comités locales a la largo de todo el país.
La queja tiene cierta analogía con el conflicto político en España por los regadíos de Doñana. El movimiento se opone a las llamadas "reservas de sustitución", un trasvase que el Gobierno quiere habilitar en unos embalses de gran envergadura, alimentados por el agua de las capas freáticas. La medida pretende que los agricultores puedan regar sus campos en los periodos de sequía. Para los ecologistas es totalmente "insostenible".
En esa acción de protesta -prohibida por el Gobierno-, la policía francesa intervino y reprimió al tener orden de desalojar el espacio público. El enfrentamiento dejó un saldo de 28 gendarmes y 200 manifestantes heridos, siete de los cuales tuvieron que ser hospitalizadas, tres de ellas de gravedad.
El Ejecutivo de Macron acusó al movimiento de "acciones violentas e insurrección". Y amparándose en la llamada ley de "separatismo" anunció su disolución.
Esta normativa se sancionó en 2021 como herramienta política y jurídica para poder perseguir a milicias armadas o grupos terroristas ante el auge del radicalismo islamista. Más tarde se agregó un controvertido artículo que fue cuestionado por el Defensor de los Derechos Humanos: la atribución a una asociación de la responsabilidad por actos cometidos por uno de sus miembros.
"Un arsenal legislativo utilizado contra los ecologistas cuando estaba reservado a la lucha contra el terrorismo", sintetiza Greenpeace Francia.
La ilegalización de "Soulèvements de la terre" se consumó este miércoles tras un decreto firmado por el Consejo de Ministros. "Bajo el pretexto de defender la preservación del medio ambiente este movimiento incita a la comisión de sabotajes y daños materiales, incluso con violencia", reza la resolución gubernamental.
El Ministro del Interior, Gérald Darmanin, impulsor de la medida, acusó al movimiento de "eco-terrorista" para justificar la inédita persecución. Es la primera vez que Francia utiliza los medios antiterroristas contra activistas ambientales.
El martes, antes del Consejo de Ministros, la policía realizó un gigantesco operativo en varias ciudades para detener a 18 integrantes de la organización. "Estos arrestos confirman la fiebre del gobierno y su temor a un movimiento cada vez más popular y legítimo", denunció el colectivo, que emitió un comunicado tras el decreto de disolución.
"Intentar silenciarnos es un intento inútil de romper el termómetro en lugar de preocuparse por la temperatura. Un movimiento supuestamente prohibido pero colectivamente imparable apuntado por el poder pero anclado en los territorios, presente en lugares de trabajo y estudio, galpones y trastiendas, incluso dentro de las administraciones. El gobierno pretendía hacernos desaparecer, en realidad seremos cada día más visibles", repudiaron sus miembros.
"Ni las detenciones masivas
ni la amenaza de disolución administrativa disuadirán a las más de
100.000 personas que hoy se identifican con este movimiento de continuar
su acción en favor de la posibilidad misma de un futuro en la Tierra,
llevando a cabo acciones de ocupación de tierras, bloqueo y desarme de
las infraestructuras tóxicas que, hoy por hoy, están en proceso de
asolar completamente el mundo", agregó Basile Dutertre, representante
del colectivo.
Por lo pronto, los abogados de la organización ya anunciaron la interposición de un recurso ante el Consejo de Estado. Y los portavoces convocaron a nuevas manifestaciones para denunciar una "decisión política que forma parte de un movimiento más amplio para criminalizar a los ecologistas".
Para Greenpeace, hay una tendencia creciente de "estigmatizar y criminalizar a las personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente".
Los "discursos manipuladores y sin fundamento ("ecoterrorismo", "terrorismo intelectual"...) están, a juicio de esta organización internacional, dando paso a una "represión cada vez más violenta": "En su escalada represiva, el gobierno acaba de dar un paso peligroso. Más que nunca, debemos movilizarnos para defender las libertades fundamentales y apoyar a quienes denuncian los ataques al medio ambiente".
Un actor clave -pero oculto- en la ilegalización es la Federación Nacional de Campesinos (FNSEA), denuncian los ecologistas franceses. El lobby agroindustrial encabezó una "ofensiva sin cuartel" para conseguir que el Gobierno tomara esta decisión.
A la presión estatal se le sumó una campaña masiva de desprestigio en los principales medios de comunicación. "Este grupo nos llevará a una guerra civil", repite desde hace semanas Arnaud Rousseau, presidente de este poderoso sindicato.
Las reacciones en España
El ecologismo español se ha volcado a las redes sociales para repudiar la decisión del Gobierno de Francia y alertar de una escalada en la persecución de quienes, con datos científicos en la mano, están advirtiendo de la gravedad de la crisis climática y exigiendo reformas estructurales para evitar escenarios catastróficos.
"Es extremadamente grave que en Francia se haya decretado por vía gubernamental (ni siquiera judicial) la disolución de una alianza de grupos ecologistas, agricultores y habitantes de territorios amenazados, tras una represión brutal", afirmó en su cuenta de Twitter Helios Escalante Moreno, licenciado en Ciencias Ambientales y Geografía y miembro de Ecologista en Acción, organización que emitió un comunicado en solidaridad con Les Soulèvements de la Terre.
"La represión antiecologista gana terreno en una Europa cada vez más entregada a la ultraderecha, cuyas políticas asumen progresivamente incluso los gobiernos "de centro", como muestra el caso francés", agregó el filósofo Jorge Riechmann.
Para el investigador social -también integrante de Ecologistas en Acción, Tom Kucharz, es inaceptable que "en un momento de grandes desafíos para preservar los bienes comunes (crisis climática, pérdida de biodiversidad, pobreza) un gobierna debe mejorar las políticas públicas y promover el debate en la sociedad en lugar de intentar disolver a sus oponentes".
"El intento de disolución de este colectivo marca otro giro autoritario y peligroso del gobierno Macron que ya se vio con la represión a los "Chalecos Amarillos", las movilizaciones contra la reforma de pensiones o las personas migrantes", reflexionó.
Un análisis similar hace Serlinda Vigara, licenciada en Periodismo y especializada en Política Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Instituto Internacional para la Acción No Violenta.
La activista climática disertó esta semana en la ONU para denunciar, justamente, la persecución al activismo climático.
"En
Europa, activistas ambientales son etiquetados de eco-terroristas. Es
preocupante que algunos líderes políticos hayan empezado a adoptar este
concepto con el objetivo de deslegitimar a estos movimientos climáticos,
como el caso de Francia, Alemania, Reino Unido y España". " (
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