"México está entrando en una fase en la que Estados Unidos ya no sólo negocia intereses: está negociando el perímetro de la autoridad.
México está entrando en una fase en la que Estados Unidos ya no solo negocia intereses; negocia el perímetro de su autoridad. El lenguaje de la Doctrina Monroe es importante porque reordena lo que Washington considera legítimo en su propio hemisferio. Cuando la primacía se convierte en el principio explícito, los socios no son simplemente socios; se convierten en variables en una ecuación de seguridad donde los resultados se juzgan por el cumplimiento y la rapidez.
Ese cambio ya es visible en el caso de México: el problema de los cárteles se está replanteando, pasando de ser una tragedia compartida a una prueba de tensión para la soberanía. En esta lógica, la pregunta ya no es si Estados Unidos y México cooperan, sino si México acepta la presencia operativa definida por Estados Unidos como el precio del acceso y la estabilidad. Informar que Washington presiona para que fuerzas o agentes de inteligencia estadounidenses acompañen a las unidades mexicanas capta la esencia del momento; la solicitud no es simbólica, sino jurisdiccional.
El liderazgo mexicano ha trazado una línea pública: ninguna intervención militar extranjera en territorio mexicano. Esta postura no es mero nacionalismo; es una necesidad institucional. Una vez que se concede la autoridad operativa, es difícil revertirla; el costo de la legitimidad interna es permanente, mientras que las ganancias en seguridad siguen siendo inciertas y políticamente transferibles en Washington. México entiende que las concesiones más costosas son las que cambian el precedente.
Sin embargo, el discurso bélico no necesita convertirse en guerra para ser estratégicamente efectivo; solo necesita volverse plausible. Las alertas de la FAA sobre "actividades militares" en zonas conectadas con México y el corredor del Pacífico funcionan como un mecanismo de normalización; acostumbran a los mercados y al público a una suposición general de riesgo militar, incluso cuando la relación formal sigue siendo de cooperación. Bajo una doctrina de dominio hemisférico, la ambigüedad misma se convierte en una herramienta.
Aquí es donde la encrucijada de México se agudiza: su influencia es real, pero estructural, no teatral. La integración industrial norteamericana no es un eslogan abstracto; es la coreografía cotidiana de las cadenas de suministro, la mano de obra, la logística y los flujos energéticos. Interrumpirla también perjudicaría los intereses estadounidenses, pero eso no elimina la amenaza; cambia el estilo de negociación y empuja a México a un juego de ritmo donde la credibilidad se construye mediante resultados técnicos y desempeño institucional, mientras se niega a hacer concesiones que transfieran autoridad.
La Doctrina Monroe también introduce una segunda capa: la narrativa del competidor externo. El objetivo declarado de la doctrina, de negar posicionamiento estratégico a competidores no hemisféricos, no se limita a Venezuela. Es una perspectiva a través de la cual Washington puede interpretar las decisiones sobre puertos, telecomunicaciones, infraestructura, inversión e incluso regulaciones en la región.
México se verá presionado no solo para combatir a los cárteles, sino también para demostrar que su modernización económica no crea puntos de apoyo que Washington pueda etiquetar como riesgos estratégicos. En la práctica, esto puede llevar la política industrial al ámbito de la seguridad.
La postura óptima de México en este entorno no es ni la rebeldía ni la acomodación. Es una soberanía disciplinada: una cooperación medible y rápida, acompañada de un límite estricto en torno al control operativo. El intercambio de inteligencia, la disrupción financiera, la interdicción de precursores químicos, el rastreo de armas y la extradición pueden enmarcarse como actos soberanos que producen resultados compartidos. Lo que debe resistirse es la redefinición del territorio mexicano como un entorno operativo permisivo para la proyección de fuerzas estadounidenses.
La paradoja que México debe gestionar es la paradoja central del nuevo momento: lo técnico se ha vuelto político, y lo político se expresa cada vez más a través de procedimientos técnicos. Washington puede exigir "acciones tangibles" y, al mismo tiempo, dar a entender que solo la presencia estadounidense puede validarlas. México debe responder con una capacidad estatal lo suficientemente visible como para satisfacer la demanda de resultados, a la vez que lo suficientemente protegida institucionalmente como para preservar la autoridad.
En esta encrucijada, la pregunta decisiva no es si México puede cooperar. Es si México puede institucionalizar la cooperación de una manera que le niegue a Estados Unidos el argumento de que la acción unilateral es necesaria. La Doctrina Monroe es una doctrina de legitimidad, no solo de poder. Por lo tanto, la respuesta de México debe ser una doctrina de competencia: la demostración de que la soberanía no es un obstáculo para los resultados, sino la condición para obtener resultados sostenibles.
Si México tiene éxito, convertirá la proximidad en una ventaja negociada y mantendrá intacta la integración sin aceptar la subordinación. Si fracasa, el hemisferio entrará en una fase de creación de precedentes donde las excepciones operativas "temporales" se convertirán en la nueva base y donde el lenguaje de la asociación enmascarará una erosión discreta de la jurisdicción."
(Guilherme Schneider , Other News, 19/01/26)
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