"El estado de bienestar en España, a diferencia de otros países de
nuestro entorno, ha dejado a un lado el acceso a una vivienda digna, a
pesar de figurar expresamente en la Constitución de 1978. (...)
Las cifras hablan por sí solas. La media de participación de la vivienda
social en alquiler (única forma de política social en estos países) en
el conjunto del parque de viviendas en los principales países europeos
es del 18%, mientras que en España apenas supera el 1%. (...)
Con estas premisas, es urgente una gran reforma de la política pública de vivienda.
Para ello, es imprescindible la creación de una gran Agencia Pública de
Vivienda cimentada en cinco ejes programáticos, algo que solo propone
Podemos entre los partidos que se presentan a las elecciones.
El primer gran eje es el apartado estadístico. Ya está bien de tener
que llevar a cabo política de vivienda sin datos estadísticos fiables,
tanto en materia de precios de vivienda, tanto de compra como de
alquiler, como en materia cuantitativa. (...)
El segundo eje esencial es modificar drásticamente la legislación sobre
alquileres, incluyendo un efectivo control de precios de alquiler, como
ocurre en Alemania o Francia, que evite a futuro nuevas burbujas
inmobiliarias. (...)
En sintonía con las mejores prácticas europeas, el siguiente eje tiene
que ver con la creación de un ente administrativo que gestione la
intermediación y el alquiler social en España, algo que como es lógico
deben implementar las Comunidades Autónomas.
Este servicio implementaría
una gestión integral del patrimonio público de vivienda, al que habría
que ir añadiendo los inmuebles que las entidades nacionalizadas esconden
al mercado para intentar que suban los precios, como el caso de la
Sareb. Incluiría un seguimiento de las rentas que cobran, su estado
real, las necesidades de rehabilitación, así como la puesta en marcha de
una verdadera planificación de las necesidades de vivienda en cada
territorio.
Así mismo, gestionaría las ayudas directas, únicos
instrumentos públicos, a los inquilinos. Por último, también evaluaría
las necesidades de nuevas construcciones de viviendas en alquiler en
cada zona ante coyunturas de escasez de soluciones habitacionales en
caso de riesgo de desahucio.
En el campo fiscal y financiero, la apuesta clara debe ser la
eliminación completa de incentivos fiscales y apostar por ayudas
directas, especialmente a las rentas inferiores a los 12.000€.
Esto incluiría también el apoyo, cuando sea necesario, a las empresas
que quieran construir vivienda en alquiler, tanto libre, como protegido (...)
Parte de esta financiación provendría de diversas formas de banca
pública que en nada tendrá que ver con las figuras fallidas de las Cajas
de Ahorro, que de público solo tuvieron los titulares, con el resultado
que hemos visto aunque habría que salvar algunas. Destaca la propuesta del Banco del Agua que Podemos lleva en su programa de Madrid, figura de gran éxito en Holanda. (...)
Por último, todo esta reforma tendría como objetivo crear un gran parque
de vivienda pública en alquiler, con un doble régimen: pública y
privada en usufructo que equilibrase de forma estructural, y no
coyuntural, las formas de tenencia en España y junto a una intervención
pública en los precios de alquiler, contribuyese a estabilizar a largo
plazo el mercado de alquiler en España.
Como complemento, habría que
incorporar a nuestra legislación la lucha contra la existencia de
vivienda vacía ociosa habitable, con sanciones, impuestos y amenaza
creíble de demolición, como pasa en Dinamarca o Alemania y Francia. (...)
Con todo ello, la inversión en vivienda tendrá una rentabilidad
razonable y estable, acorde con el cumplimiento de acceso a un bien de
uso como la vivienda. Parece que solo Podemos se acerca a este esquema de funcionamiento. ¿Por qué será?" (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 10/05/2015)
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