"Vaya por delante que aún desde el enfoque crítico del presente artículo, consideramos al Programa Marco para las Elecciones Autonómicas 2015 de PODEMOS como el mejor programa político y el más socialmente sensible de cuantos se presentan a dicha cita electoral. (...)
El documento resulta bastante vago e impreciso en muchos puntos, como
por ejemplo la propuesta sobre el cambio de modelo productivo, del que
sólo se enumeran sus grandes líneas de actuación. (...)
Muy tímidas nos parecen las medidas para atajar la corrupción política,
pero también suponemos que se complementarán con medidas en otros
frentes, y a otros niveles de la propia Administración en subsiguientes
programas electorales. En este ámbito, se propone la creación de una
Oficina Antifraude, o la creación de un fichero público que recoja los
nombres de las personas y empresas condenadas por corrupción, para que
no puedan volver a contratar con la Administración.
Se propone una
reducción drástica de los altos cargos de la Administración autonómica,
derivando el ahorro que se produzca por esta vía a la recontratación de
personal sanitario y educativo público, despedido desde el comienzo de
la crisis.
También se propone, cuestión tremendamente interesante, una
ley de prohibición de las "puertas giratorias" y de regulación de los
grupos de presión (lobbies), endureciendo la incompatibilidad del
ejercicio del cargo público con determinadas actividades privadas. (...)
Muy interesantes nos parecen las medidas sobre la denominada
"Administración paralela", para auditar empresas u organismos públicos
que eludan los controles administrativos, que no obedezcan a ninguna
función o que las tengan duplicadas, o que simplemente funcionen a modo
de cajón de sastre para los cargos de confianza, pudiendo también
cumplir el objetivo de recuperar para lo público servicios que hubieran
sido total o parcialmente privatizados.
Pero en cambio, muy tímida nos
parece la medida sobre la "evaluación" de la deuda pública de las
Administraciones Autonómicas, porque entendemos que más bien debiera
exigirse una completa auditoría, en aras de posibles reestructuraciones o
impagos para la parte odiosa de la misma.
No obstante, también se
contempla en el programa la renegociación con el Estado del pago de la
deuda pública autonómica, destinando dicho ahorro a cubrir necesidades
sociales inmediatas. Interesantes son también las medidas de ampliación
de la democracia popular, por ejemplo para articular y garantizar la
tramitación de las ILP, con la instauración del llamado "escaño extra"
para la defensa ciudadana de las mismas.
Y también valoramos muy
positivamente la implantación de medidas encaminadas a potenciar lo que
podríamos denominar como "Democracia Digital", incorporando
paulatinamente procesos, rutinas, pautas, costumbres y posibilidades de
práctica democrática mediante el uso de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), y comprometiéndose a reducir la
brecha digital.
En lo referente al empleo, que se inserta dentro
de los apartados dedicados a la propuesta (vaga e incompleta) sobre la
migración a un nuevo modelo productivo, se propone sobre todo, como
medida muy interesante, desarrollar un plan gradual para la
implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales (de entrada
para la Administración Pública), con el fin de repartir el empleo. (...)
Quizá uno de los mayores fiascos de este programa es el hecho de no
contemplar una Renta Básica de Ciudadanía de forma íntegra y completa,
es decir, radical, en vez de quedarse únicamente en el maquillaje de la
medida, proponiendo tan solo aproximar las Rentas Mínimas de Inserción
(RMI) actuales de las Comunidades Autónomas al Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), añadiendo además la peligrosa coletilla "de
forma gradual y en virtud de las posibilidades", lo cual, en la
práctica, no garantiza absolutamente nada. (...)
Muy correctas nos parecen, por contra, todas las medidas relativas a la
fiscalidad, que entendemos representan la base para corregir todas las
tendencias regresivas que aquejan a nuestro sistema fiscal, para ir
evolucionando hacia un sistema fiscal auténticamente justo y progresivo,
donde contribuya más quien más tiene y quién más gana. Los límites
sobre los que se actúan nos parecen aún bastante moderados, pero estamos
en el buen camino. (...)
Y también nos parecen positivas las medidas de rescate sobre el
endeudamiento de personas, familias y empresas, mediante la instalación
del procedimiento judicial simplificado para poder reestructurar y/o
cancelar deudas.
Y por supuesto, se incluye la medida estrella,
totalmente necesaria, de la dación en pago con carácter retroactivo,
para todas las personas que hayan entregado la vivienda al banco, y aún
conserven deudas con la entidad financiera, proponiendo además que se
limite la deuda hipotecaria al valor real del inmueble.
Y también muy
positivas son las medidas en torno a la posesión de cierto número de
viviendas vacías, que persiguen, en última instancia, acabar con el
hecho de considerar a la vivienda como una mercancía más, en vez de como
un derecho humano. A este respecto, se contempla incluso la creación
del Servicio Público del Derecho a la Vivienda, con un Consejo de
Participación compuesto por representantes de las instituciones y de la
sociedad civil, para coordinar las actuaciones entre la Administración
autonómica y los servicios sociales.
Este organismo será el que inste a
la autoridad judicial para que se paralicen los deshaucios hasta que se
encuentre una solución, bien mediante una alternativa habitacional, o
bien mediante el acuerdo entre las partes. (...)
Incluyen también en su Programa Marco Autonómico, como no podía ser de
otra manera, un paquete de medidas que podríamos denominar como de
"rescate ciudadano", para paliar la gravísima situación de emergencia
humanitaria que sufren las personas más afectadas por las situaciones de
desempleo prolongado, precariedad, pobreza sobrevenida y exclusión
social, mediante medidas que protegen y aseguran los suministros básicos
para dichas personas y familias. (...)
Muy positivas nos parecen también el conjunto de medidas relativas a la
Educación en el ámbito autonómico, tales como la instauración de un
sistema que garantice los libros de texto gratuitos, la disminución del
ratio de alumnos por clase, la reducción del número de horas lectivas
del profesorado, y la creación de una red de escuelas infantiles
públicas, para abarcar el segmento de la educación de 0 a 3 años. (...)
Así mismo, se plantea la desgubernamentalización de los medios de
comunicación públicos (RTVE, canales autonómicos, etc.), y una nueva ley
audiovisual elaborada mediante un proceso participativo con los
sectores implicados.
En definitiva, y como decíamos al comienzo, un
programa muy completo, que representa con diferencia la mejor opción de
todas las que se presentan a los próximos comicios autonómicos,
ambicioso en algunos aspectos pero muy ambiguo y tímido en otros, que
esperamos se complete y clarifique de cara a las siguientes citas
electorales del presente año, y se diseñe una propuesta bastante más
radical en (casi) todos los aspectos, contemplando los asuntos que
faltan en este programa, porque, por supuesto, con este conjunto de
medidas no respondemos todavía a los famosos eslóganes que proclamábamos
en el 15-M ("No nos representan", "No somos mercancía en manos de
políticos y banqueros", etc.), ni acabamos con el régimen surgido de la
Constitución de 1978, como tantas veces hemos reclamado." (Rafael Silva , Rebelión, 12/05/2015)
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