"El último informe de la Defensora del Pueblo cifra en 13.500 las viviendas de protección oficial
que se encuentran vacías. Y la estimación se queda muy corta porque no
todas las comunidades le remitieron los datos. La cifra choca con los
330.000 demandantes de pisos inscritos en los registros municipales y
autonómicos.
Las plataformas antidesahucios piden que esos inmuebles se
destinen a alquileres sociales porque a su juicio están fuera del
alcance de los solicitantes. En doce provincias el precio de las
viviendas protegidas es más caro que el de los pisos de segunda mano de
mercado libre.
El inmueble número 2 de la calle de Sant Eloi de Barcelona destaca
sobre el resto por el colorido de su fachada y la maraña de escaleras
traseras, pero también porque algunas de sus ventanas están tapiadas con
ladrillos. Los vecinos de la finca, propiedad de la Generalitat,
cuentan que llevan meses cerradas.
El edificio debía ser una promoción
de 32 viviendas de protección oficial (VPO) para jóvenes, pero desde que
salió al mercado en 2011 los pisos han sido ocupados ilegalmente en
multitud de ocasiones. Un grupo de albañiles trabaja ahora a destajo
para reparar las viviendas, que serán alquiladas.
En la misma situación que el inmueble de la Zona Franca barcelonesa
se encuentran miles de viviendas en España. Ninguna Administración sabe
cuántas exactamente porque están en manos de autonomías, ayuntamientos,
promotores privados y bancos. Solo la Defensora del Pueblo ha realizado
esa aproximación en su último informe, que cuenta 13.500. El organismo
ha vuelto a requerir a las Administraciones para actualizar sus datos.
(...) en los años de bonanza se construyeron nuevos barrios en la ciudad
con un alto porcentaje de VPO. Las reservas de suelo para vivienda
social en el País Vasco, de hecho, llegaban al 70% de los nuevos
desarrollos. “Empezó la crisis y muchas familias no pudieron acceder a
los pisos”, explica Crespo.
Ese patrón se ha reproducido en decenas de ciudades. Las necesidades
de vivienda llevaron a planificar bloques de VPO de compra. Miles de
estas se terminaron cuando arrancó la crisis. Pese a los sorteos
multitudinarios, los promotores vieron una cascada de renuncias.
Los
compradores no llegaban con sus ahorros o eran considerados insolventes.
“Ha habido una falta de flexibilidad de muchas administraciones. Nada
les impedía que rebajaran los precios”, explica Julio Rodríguez,
economista y vocal del Consejo Superior de Estadística. (...)
La opción de dar salida a los edificios vacíos a través de alquileres
sociales fue la opción por por la que se decantó la Junta de Andalucía.
“Pusimos en régimen en alquiler las viviendas de la Junta y pedimos a
ayuntamientos y diputaciones que hicieran lo mismo con las suyas. Muchos
miraron a otro lado”, lamenta la diputada de Izquierda Unida y
exconsejera de Fomento Elena Cortés. (...)
“Es un despropósito que el Estado sí sepa cuántos coches hay en España y
en cambio no tenga información sobre un derecho básico”, lamenta
Cortés, quien al frente de la consejería de Fomento de Andalucía impuso
multas de 20 millones a varias entidades por negarse a informar sobre
las VPO vacías que tenían en sus manos." (
Lluís Pellicer
, El País, Barcelona
11 MAY 2015)
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