"El Grupo Villar Mir ha financiado la compra y explotación de minas de
cuarzo en Sudáfrica con dinero de la cooperación internacional. Los
cambios de criterio promovidos por el Gobierno de Mariano Rajoy
sobre el uso de los fondos públicos que hasta 2012 se empleaban en
microcréditos y ayudas no reembolsables a pequeñas empresas,
cooperativas y organizaciones no gubernamentales en los países
empobrecidos han beneficiado al complejo empresarial que preside Juan Antonio Villar Mir, según fuentes empresariales. (...)
Los créditos de la cooperación internacional para el desarrollo han
beneficiado a la empresa Ferro Atlántica, del Grupo Villar Mir, para la
compra de las minas de la sociedad Sam Quartz en Sudáfrica por una
cantidad inicial de 25,1 millones de euros. Esta operación se llevó a
cabo en el segundo semestre de 2012, después de que los ministros de
Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y de Economía,Luis de Guindos,
acordaran un cambio de criterio en el manejo de los fondos públicos de
la cooperación internacional para coadyuvar a la financiación de la
“internacionalización” de la economía. (...)
Más allá de las condiciones de trabajo y de la explotación de los
menores en las minas sudafricanas, la multinacional española, que
también extrae mineral metálico en Tibet (China), se ha beneficiado del
“vaciado” del Fondo de Promoción del Desarrollo (Fomprode) y de la
utilización de los recursos públicos para financiar negocios privados
por un periodo que puede prolongarse hasta ocho años.
Hasta finales de
2011, los responsables del Fonprode habían comprometido 350 millones de
euros en ayuda no reembolsable para proyectos en países pobres y poco
desarrollados. La mayor parte de ese dinero era para proyectos de
desarrollo humano impulsados por distintas ONG en países de África,
América Latina y Asia.
El Fonprode, como instrumento que había sustituido a los créditos
FAD, pretendía fomentar las donaciones y microcréditos a las personas y
pequeñas empresas necesitadas de ayuda en países pobres,
desvinculándolos de los intereses empresariales españoles. La fórmula
contaba con la aceptación de los organismos consultivos de Exteriores,
especialmente del Consejo de la Cooperación.
En apenas un año (2011),
los “programas de microfinanzas” del Fonprode (ayuda reembolsable a
largo plazo) contabilizaron 498,8 millones de euros, destacando la
aportación de 285 millones al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
para la seguridad alimentaria; 100 millones de euros al Banco Europeo
de Inversiones en los países de la cuenca sur del Mediterráneo; 55
millones al fondo regional de pymes y microempresas en África
Subsahariana; 40 millones para pequeñas empresas en Haití y, entre otras
ayudas financieras, 10 millones de euros para infraestructura de
energía renovable en poblaciones aisladas en América Latina.
Pero las presiones clientelares y la falta de financiación llevaron a
la Administración del PP a reducir en 2012 los recursos no
reembolsables a proyectos de las ONGs y a eliminarlos definitivamente en
el Presupuesto de 2013. Y en cuanto a los microcréditos en condiciones
más ventajosas que las del mercado para ayudar a las iniciativas de
cooperativas y pequeñas empresas de los países receptores, los gestores
del Fonprode -el secretario de Estado de Cooperación y para
Iberoamérica, Jesús Manuel García Aldaz, y el secretario general de Cooperación y exdiptuado del PP Gonzalo Robles Orozco–
aplicaron una política de opacidad e ineficacia tal que de los 245,23
millones de euros presupuestados para créditos reembolsables sólo
ejecutaron 84,43, un 30% de lo previsto, y eso que contaban con la
asistencia de Empresa España Expansión Exterior, dependiente de la Sepi y
presidida por el técnico comercial del Estado Iñigo Gil-Casares Armada.
La ineficacia y opacidad respondía a una consigna política bien
estudiada, con el siguiente resultado: la gestión del fondo pasó a manos
de la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (Cofides),
una entidad adscrita al Ministerio de Economía y participada por el
Icex, el ICO, el Banco de Santander, BBVA y Banco de Sabadell en un 40%.
Con ello y con la supresión, largamente denunciada por la coordinadora
de ONGs, de la vinculación del Fondo a operaciones en servicios sociales
básicos (salud y educación), la financiación pública a bajo interés y
con el aval del Estado para la cooperación se ha canalizado hacia
negocios y operaciones de estricta rentabilidad económica privada como
la adquisición de las minas en Sudáfrica. Además ha desaparecido el 5%
de la inversión para servicios sociales básicos.
En este contexto y el de las operaciones urbanísticas de la
constructora OHL en Madrid (Operación Chamartín y Operación Alcalá,
entre otras) y el “rescate” de las autopistas radiales, se comprende que
uno de los máximos donantes de dinero negro al PP, según reflejan los
sumarios judiciales, Villar Mir, haya proferido una de las amenazas más
sonoras de la ola de corifeos disparatados y personajes variopintos de
la derecha contra el avance electoral de Podemos.
Pese a su amplia
experiencia política y económica, el directivo empresarial considera
“comunista” a la formación de Pablo Iglesias y ha afirmado que
“lo que pide Podemos con expresiones marxistas leninistas y de apoyo
bolivariano no cabe en España (…) España tiene un nivel de vida lo
suficientemente grande para impedir que gane el comunismo”. (Luis Díez, Cuarto poder, 31/05/2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario