El tratado secreto obligará a los países a dar explicaciones a las empresas, incluso cuando legislen por intereses sociales. El TiSA impondrá topes a las normativas en todos los niveles de gobierno

"Los documentos filtrados por Wikileaks prueban que los 50 países firmantes quieren obligar a los gobiernos a dar explicaciones a las empresas, incluso cuando legislen por intereses sociales. El texto plantea imponer topes a la dureza de estas normativas, y este marco será de obligada aplicación a todos los niveles de la administración.

 Si América fue algún día la tierra de las oportunidades, los grandes tratados como el TiSA o el TTIP vienen a servir como escenario idílico para las multinacionales, como su propia tierra prometida. Los documentos del Trade in Services Agreement (TiSA) que hoy negocian 50 países con absoluta opacidad prueban que el acuerdo servirá para restar aún más poder normativo a los estados, en detrimento de las empresas prestadoras de servicios.

El documento reservado al que Público ha tenido acceso gracias a su colaboración con Wikileaks –en exclusiva en España- recoge los posicionamientos de los países que negocian este acuerdo y su intención de desarmar a los estados en lo que respecta a su capacidad reguladora. El texto que hoy está sobre la mesa establece que el tratado afectará a todos los niveles de regulación, de los gobiernos centrales a los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas e incluso por los colegios profesionales.

De ser ratificado este texto, los gobiernos elegidos de forma democrática deberán avisar al resto de países firmantes y por ende a las multinacionales de las normativas que pretendan aprobar, siempre en aras de la “transparencia”, según el documento. Esto permitirá a las empresas anticiparse a esos cambios normativos, y presionar directamente a los gobiernos pidiéndoles explicaciones que estos estarán obligados a facilitarles por escrito, influyendo así sobre su capacidad legislativa.

Son los estados los que estarán obligados a crear estos cauces de comunicación, y deberán responder a los requerimientos de las empresas "sin retrasos innecesarios", como reza el texto. El mismo documento que pretende obligar a los gobiernos a asegurar su “imparcialidad” a la hora de conceder licencias para prestar servicios a las empresas extranjeras, y que les conmina a seguir “criterios objetivos y transparentes”, como “la capacidad” de prestar un servicio que pueda tener una empresa, dejando de lado otras razones sociales, medioambientales o culturales. 

En este marco de pensamiento neoliberal, los ciudadanos son vistos como consumidores, y son las multinacionales las beneficiadas por un acuerdo que persigue incrementar sus beneficios, en detrimento también de los mercados locales.

El documento, fechado en febrero de 2014 pero actualmente vigente, establece incluso límites poco claros a estas normativas. "No deben ser más estrictas de lo necesario [burdensome es el término original]". La interpretación de qué es realmente "necesario" queda de nuevo en mano de las empresas. Y el documento final podría beneficiarlas aún más.

 Una de las propuestas de Estados Unidos y Australia deja la puerta abierta a que estados y empresas diriman sus diferencias a través de tribunales de arbitraje similares a los que utilizan las empresas cuando pueden agarrarse a un mecanismo de blindaje ISDS.

Esta cláusula de protección de multinacionales es precisamente la parte más polémica del tratado de libre comercio entre Washington y Bruselas, el apartado del TTIP más difícil de vender para la Comisión, la encargada de negociar en nombre de los 28 en ambos acuerdos. (...)"               (Público, 03/06/2015)