"La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara ha
presentado una denuncia a las fiscalías de Guadalajara, Castilla-La
Mancha y Anticorrupción en la que acusa de delito de fraude a la
Sociedad de San Vicente de Paúl, un grupo vinculado con la iglesia
implicado en múltiples desahucios en el barrio del Alamín, en
Guadalajara.
La denuncia se basa en que esta organización católica ocultó que tenía otros cofinanciadores, una omisión que le ha permitido aumentar el dinero percibido en ayudas por parte del Ayuntamiento de Guadalajara.
La denuncia se basa en que esta organización católica ocultó que tenía otros cofinanciadores, una omisión que le ha permitido aumentar el dinero percibido en ayudas por parte del Ayuntamiento de Guadalajara.
El escrito presentado por la PAH
documenta cómo la Sociedad ocultó esta información al Ayuntamiento y
“llegó a falsificar” un certificado donde se manifestaba que carecía de
otras fuentes de financiación, un hecho que desde la PAH niegan: según
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, el proyecto también recibe
subvenciones de la Diputación Provincial.
La Sociedad de San Vicente de Paúl, dedicada a la gestión de los
“dispositivos de apoyo a familias en situación de crisis” por encargo
del Ayuntamiento, recibió desde 2010 más de 160.000 euros, según cifras de PAH Guadalajara. “Abrazar al mundo en una red de caridad”, es el lema de esta organización internacional que dice en su web ayudar a 30 millones de personas en 155 países diferentes.
Entre las funciones de esta sociedad eclesiástica se encuentra el “pago de alquileres o recibos hipotecarios de vivienda en aquellos casos en que, por su incapacidad de pago, estén en riesgo de abandono o pérdida del hogar”.
Entre las funciones de esta sociedad eclesiástica se encuentra el “pago de alquileres o recibos hipotecarios de vivienda en aquellos casos en que, por su incapacidad de pago, estén en riesgo de abandono o pérdida del hogar”.
No fue el caso de una familia con un bebé de 17 días que fue desalojada
el 4 de diciembre de 2019, con la participación de simpatizantes de la
Sociedad de San Vicente de Paúl y la Fundación Red Madre, que arrojaron sus pertenencias a la calle.
Desde finales del año pasado, el conflicto entre esta organización
católica y los vecinos de las 96 viviendas para personas de bajos
recursos del barrio del Alamín no ha cesado. Desde noviembre, cientos de
activistas han conseguido frenar el desahucio de Diego Catriel
Herchhoren en tres ocasiones y el 12 de marzo habrá un cuarto intento.
Catriel
sostiene que el piso le pertenece dado que allí vivió su abuela, “a
quien tendrían que haber cedido la titularidad una vez que terminó de
abonar su coste en diferentes mensualidades”. La sociedad católica niega
que tenga que ceder las viviendas y reivindica su derecho a desalojar a
las familias que no paguen, aunque reciban subvenciones precisamente
para evitar esa situación, unas subvenciones que, según la PAH, han sido
obtenidas de forma ilegal. La titularidad de la vivienda de Diego
Catriel se dirime actualmente en el Tribunal Supremo." (El Salto, 12/02/20)
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