“El autoconsumo compartido es la energía de la clase trabajadora, los que tienen un chalé no tienen problemas”... por eso, el tapón de las distribuidoras frena el despegue del autoconsumo en los bloques de vecinos... Los trámites de las eléctricas dificultan la conexión a la red de las instalaciones asentadas sobre las azoteas comunes... "sentimos que hay un impuesto al sol encubierto”

 "Llevamos desde octubre de 2022 queriendo activar nuestro contrato. Los comerciales con los que hablamos no tienen ni idea, ni saben qué es el autoconsumo, porque la gente preparada no da la cara. Ojalá a nadie le pase lo que a mí, me deberían indemnizar por los cabreos, que no me dejan dormir”. El enfado de Ángeles Gago, vecina de 61 años de Sevilla que recibe desde hace siete meses largas de la distribuidora de Endesa, está muy extendido: los casos de ciudadanos y promotores con instalaciones comunitarias de paneles solares suspendidas en un limbo se multiplican. Todo, a pesar de que la ley estipula un plazo máximo de 60 días que es ignorado por sistema.

Este tapón llega en plena ola de interés ciudadano por el autoconsumo —que el año pasado se duplicó—, ejerciendo de freno sobre su crecimiento y afectando a miles de vecinos que habían decidido unir fuerzas para reducir sus facturas y echar una mano frente al cambio climático. “Se están poniendo muchas trabas, con tiempos de espera que llegan a superar el año y medio”, constata Raquel Paule, directora general de la Fundación Renovables. “El principal cuello de botella está en los permisos de acceso y conexión, y eso es algo que recae directamente en las distribuidoras. Son trámites administrativos extra que no terminan de retirarse”.

La jefa de la Fundación Renovables cree que las compañías distribuidoras han dotado “pocos recursos humanos para desbloquear la situación” y observa una “clara falta de voluntad y muchas excusas”. José María González Moya, de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), también reconoce los “importantes” retrasos: “Es cierto que la normativa es compleja, pero hay que mejorar las cosas porque el autoconsumo colectivo es la gran asignatura pendiente. El autoconsumo individual ya ha despegado, y el que falta ahora es el colectivo; por eso es tan importante acelerar en los trámites”.

La estructura de la población española convierte el problema en especialmente acuciante: algo más de seis de cada diez personas viven en pisos, mucho más que en la mayoría de países del entorno europeo. De ahí que su potencial de crecimiento sea mucho mayor.

Hoy, sin embargo, es muchísimo más sencillo conectar una instalación en un tejado individual que en una azotea comunitaria, lo que frena el necesario despegue de estas instalaciones en las ciudades, donde —a diferencia de lo que ocurre en el ámbito rural— el espacio es limitado. Todo, a pesar de que la normativa hace que solo sea necesario el visto bueno de un tercio de los vecinos de cada bloque para instalar placas, lo que debería acelerar este tipo de instalaciones. En el caso de Gago —con 780 placas sobre las azoteas de 10 bloques y a un paso de la estación sevillana de Santa Justa—, se apuntaron 150 vecinos de los 210 que comparten la urbanización.

 “No somos conscientes de ser un problema y no tenemos constancia de ningún caso que haya acabado en penalización para nosotros por haber superado el plazo de dos meses”, niegan fuentes de Endesa Distribución, la mayor empresa del sector en España por kilómetros de red —una herencia de cuando era pública—, con gran presencia en el sur y el noreste de la Península. “Es un proceso en el que entran muchos agentes, también la comercializadora”, alegan. Aunque ya están conectadas a la red más de 200.000 instalaciones de autoconsumo, apenas el 0,6% (menos de 1.200) son colectivas; el resto, son individuales.

En el caso de i-DE, la rama de distribución de Iberdrola y la segunda mayor empresa de este segmento en España, el autoconsumo colectivo es el 1,9% del total (algo menos de 2.800 sobre 146.000), aunque admiten un “aumento significativo este año, con 1.300 solicitudes en curso”. La empresa también argumenta que el proceso de alta es “muy complejo” y “altamente regulado”, con “muchos agentes” interviniendo y “ciertos aspectos pendientes de desarrollo normativo”. La tercera mayor distribuidora de España, UFD (Naturgy), se limita a afirmar que “está gestionando todas las solicitudes conforme a los procesos definidos por el regulador”.

“Es verdad que, en muchos casos, la frontera entre la responsabilidad de la comercializadora y la distribuidora es difusa, porque puede haber una comercializadora por vecino y se tienen que entender entre las dos partes. Pero en la mayor parte de los casos la cuota de culpa de las distribuidoras es mayor”, apuntan fuentes del sector. Otra voz autorizada en el sector eléctrico admite, bajo condición de anonimato, un “problema claro de dimensionamiento” de las firmas de distribución de luz a raíz del bum del autoconsumo: “Hacen falta incentivos para que pongan los recursos necesarios y aceleren en la tramitación de todos estos casos”.

“Es la energía de la clase trabajadora”

“El autoconsumo compartido es la energía de la clase trabajadora, los que tienen un chalé no tienen problemas”, esboza Joan Herrera, director de acción ambiental y energía del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona). “Llevamos 14 meses de espera para 15 instalaciones, y podemos acreditar que se debe a errores de Endesa Distribución”. Solo cuatro de las 19 instalaciones de este municipio están activas, con unos 1.600 paneles solares listos para salir a la red pero taponados a la espera del visto bueno de la distribuidora. Herrera reclama al Gobierno que acelere el cambio de criterio retributivo a las distribuidoras, previsto para 2025: “¡No podemos esperar tanto! Quien haga mal su trabajo y le demostremos los retrasos, que cobre menos. Es la única solución ante la mala praxis y la discrecionalidad de las distribuidoras”. Endesa Distribución achaca los retrasos a errores en las solicitudes y al rechazo de sus condiciones técnico-económicas, aunque admite que el procedimiento es “mejorable”.

Desde la acera empresarial, Laura Feijóo, coordinadora del área de autoconsumo de la cooperativa Ecooo, que tiene en marcha 30 instalaciones comunitarias en edificios de Madrid, abunda en la queja por un retraso que cifra entre 10 y 12 meses, y que achaca a las distribuidoras de Iberdrola y de Naturgy. “Nuestro día a día es una labor pedagógica con los técnicos de sus subcontratas, sin formación y que desconocen lo que es el autoconsumo”, se lamenta. “El Gobierno no puede estar tranquilo y alegrarse de que crezca el autoconsumo: debe obligar a las distribuidoras a respetar los plazos. Hay mucha gente que aún no puede acceder a él y abaratar su factura por el hecho de vivir en bloques, como la mayoría de la población”. Y cierra: “Cuando empezamos en 2017 teníamos la sensación de que estas instalaciones eran ilegales, ahora sentimos que hay un impuesto al sol encubierto”.

 Para reducir su factura, los clientes deben mandar una extensa documentación que habitualmente preparan las empresas instaladoras, pero hay un archivo txt que es necesario que remita digitalmente el propio interesado con su número de identificación (Cups) y el porcentaje de la instalación comunitaria que le pertenece (con seis decimales), según Endesa Distribución. “En febrero descubrimos que a un vecino le venía rechazada la información con una a minúscula o un signo +, marcas y detalles que no coincidían con el documento original. Fue entonces cuando nos pusimos en alerta”, relata Ignacio Contreras, socio de la empresa instaladora The Arty Sun.

La única respuesta que recibían los vecinos del bloque por parte de Endesa a sus correos electrónicos era “documentación incompleta” o “documentación incorrecta”, sin más explicaciones. “Rechazo tras rechazo, volvían a mandar la misma documentación todos los vecinos, y a algunos se las aceptaban y a otros no, y algunos archivos venían retocados. Todo muy desesperante”, añade el otro socio de la firma sevillana, José Miguel Bago. Ante la nula resolución del problema por parte de Endesa, los empresarios acudieron a la Junta de Andalucía, que les recomendó denunciar la situación de manera pública. Para sortear las respuestas evasivas de la distribuidora, decenas de vecinos han puesto reclamaciones ante la Consejería de Industria, Energía y Minas. Ahora están a la espera de contestación oficial.

Endesa achaca el retraso a la Junta y a las comercializadoras, y alega que no es responsable de los misteriosos cambios en los documentos: “Los ficheros txt no son modificados por la distribuidora, sino que los envían las comercializadoras y nosotros los validamos”. El Gobierno andaluz admite el problema pero se lo achaca a Endesa y las comercializadoras, y dice que mantiene reuniones para “agilizarlo”.

Los que sí lo consiguen: la factura baja de 85 a 18 euros

En esa misma urbanización sevillana, Mari Ángeles Redondo sí está pudiendo volcar sus excedentes, a diferencia de Gago. “He bajado mi factura de 85 a 18 euros. Estoy muy satisfecha”. En su caso, invirtió 3.486 euros, pero ya ha recibido incentivos que le cubren el 77% del desembolso.

Ante la lenta implantación de las instalaciones comunitarias en los bloques, el Colegio de Ingenieros Industriales de Sevilla ha ido un paso más allá para que la energía producida por paneles solares comunitarios se reparta en todo momento entre los vecinos de un bloque de la manera más eficiente. Es decir, que en vez de volcar a la red los excedentes, la energía que no consume el vecino del noveno la aproveche la del tercero y así evitar los actuales prorrateos estancos. “El reparto es instantáneo y la energía generada va a los vecinos de la manera más óptima. Pero claro, perjudica a las eléctricas”, lamenta Bago sobre la nula respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica.

Aunque el cuello de botella de la distribución es —según prácticamente todas las fuentes consultadas— el más importante, Enrique García, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), señala a otro punto que también está ralentizando a las comunidades de vecinos —o las empresas— que se lanzan al autoconsumo: los trámites para legalizar la instalación. “Es algo que compete a las comunidades autónomas, pero la mayoría de ellas no está cumpliendo los plazos”, apunta por teléfono. “Eso hace que haya muchas instalaciones que están vertiendo a la red sin recibir nada a cambio. Es decir, está regalando a las distribuidoras la electricidad que genera y no consume”.              (Javier Martín-Arroyo , Ignacio Fariza , El País, 11/06/23)