"El 3 de febrero, ante la comisión de investigación de la Asamblea Nacional sobre las prácticas de la gran distribución, las enseñas lo admitieron ellas mismas: «No tenemos visibilidad sobre la parte que corresponde a los productores.» Guerra de precios, negociaciones estructuralmente desequilibradas, etiquetas desconectadas de los costos reales de producción... ¿Y si la invisibilidad del ingreso agrícola fuera la verdadera fuente de la ira que sacude al mundo campesino?
Han pasado dos años desde el anuncio, en la Feria de la Agricultura, por parte del presidente de la República, Emmanuel Macron, de la implementación de precios mínimos para los agricultores franceses. Una promesa fuerte, acogida como una respuesta estructural a la crisis de los ingresos agrícolas. Incluso había desembocado, el 5 de abril de 2024, en la votación en primera lectura en la Asamblea Nacional de una propuesta de ley.
Esta secuencia política confirmaba una evidencia: una mayoría de franceses y sus representantes ya no comprenden la injusticia que golpea a quienes los alimentan. En un país donde se acepta difícilmente trabajar a pérdida, los agricultores constituyen, sin embargo, una de las raras categorías profesionales para las cuales el ingreso sigue siendo sistemáticamente la variable de ajuste. No hay contrato de trabajo, ni salario mínimo. Son trabajadores autónomos. Y el 16 % de ellos vive por debajo del umbral de pobreza, y con esta realidad absurda: no pagarse a sí mismos para poder seguir produciendo.
El contexto político, la disolución de la Asamblea Nacional, las caricaturas que salpican el debate público – «Los precios mínimos son Cuba sin el sol», se ha oído dentro de la oposición– han hecho olvidar esta luz de esperanza para los agricultores. En el momento en que su revuelta se ha intensificado debido a la firma de un tratado de libre comercio con el Mercosur, que no los protege frente a las importaciones de productos que no cumplen con las normas sociales y ambientales, es hora de volver a poner la noción de precio mínimo en el centro de la escena, sin desinformación.
Los precios mínimos son mal comprendidos. Un precio mínimo puede volverse consensuado si se construye de manera pragmática, a partir de los costos reales de producción, y se define en concertación con toda la cadena: agricultores, interprofesionales, transformadores y compradores. No se trata ni de un precio administrado fuera de la realidad, ni de un dogma ideológico, sino de una herramienta económica basada en la realidad del terreno.
Protegerse de las importaciones que no cumplen con nuestras normas es necesario. Pero eso no resolverá, en las negociaciones nacionales, la inequitable distribución del valor en detrimento de los productores. La fijación de un precio mínimo que, en ciertas cadenas estratégicas, cubra los costos de producción de los agricultores más vulnerables, sin estar desconectado de los precios de importación y exportación, no ha sido discutida seriamente hasta ahora.
Cuando se basan en un método compartido y objetivado, y se discuten también con la parte descendente – en particular, la gran distribución, que se apresura a mostrar su apoyo a los agricultores –, los precios mínimos se convierten en una palanca creíble. Permiten asegurar los ingresos, devolver el poder de negociación a los productores y responder concretamente a los objetivos planteados por las autoridades públicas: frenar el abandono agrícola [abandonar la actividad de cultivo o ganadería], preservar los territorios y hacer la profesión atractiva para las nuevas generaciones.
Sobre todo, el ingreso agrícola es la condición sine qua non de la transición ecológica. Hacer que las exigencias medioambientales recaigan únicamente sobre los agricultores, sin garantizarles un precio que cubra estos esfuerzos, es un callejón sin salida económico y social. La imprevisibilidad de los ingresos y la volatilidad – a menudo especulativa – de los precios son enemigas de la inversión a largo plazo. Al contrario, un precio mínimo garantizado, que cubra los costos de producción y asegure una remuneración decente, permite a los agricultores invertir en la transformación de sus prácticas: gestión del agua, reducción de pesticidas, bienestar animal, adaptación al cambio climático.
Ya sea en versión obligatoria o voluntaria, los precios mínimos no son "Cuba sin el sol": es Francia, con el sol, para los agricultores más frágiles. A la hora en que se abre el Salón de la Agricultura, queda una pregunta: ¿dónde han ido a parar los precios mínimos?.
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