"(...) Supongo que estarán sorprendidos del título del artículo y la petición
de la anulación de las actuales concesiones hidráulicas por parte del
Estado. Para entender que está pasando hay que retrotraerse en muchos
casos a más de cincuenta años. Veamos.ç
Los distintos gobiernos tanto de la dictadura franquista, como los
democráticos fueron adjudicando concesiones para el uso hidroeléctrico
de ríos y pantanos, que se iban construyendo o que ya estaban
construidos. En dichas concesiones, las empresas eléctricas
concesionarias firmaron que debían entregar el 25% de su producción
hidroeléctrica a los poderes públicos.
¿Cuál es el problema de las concesiones hidroeléctricas?
Durante los últimos cincuenta años, ningún gobierno ha hecho cumplir
las condiciones firmadas en las concesiones hidroeléctricas por las
distintas confederaciones hidrográficas, las empresas en consecuencia se
han llevado un dinero público para su propio beneficio.
Podrán así entender mucho mejor, porque los consejos de
administración de las multinacionales eléctricas española están llenas
de políticos, en aplicación fragante de las llamadas puertas giratorias y
son el pago en dinero por su inanición política con respecto a ellas.
Así se explica, los pagos de 200.000 euros a Felipe González por tres reuniones anuales, y aun dice con descaro “que se aburría en esas reuniones y que por eso renunciaba”.
¿Cómo se conoce este impago de las empresas hidroeléctricas?
Fue en el año 2001, cuando el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Rafael Romeo,
emite un informe favorable de la Abogacía del Estado, donde se reclama a
Endesa, la entrega de ese 25% de la energía producida en las presas que
explota en la cuenca del Ebro, a partir del uno de enero de 2012.
El
posterior presidente de la Confederación, Xavier de Pedro
insiste en la petición de entrega de la energía firmada en los
contratos de concesión y pide una indemnización por la que debería haber
dado a la administración y nunca lo han hecho. (...)
¿Cuál es el problema que plantea Endesa para no solucionar el conflicto?
El problema al que se acoge Endesa es que en las concesiones
adjudicas a ella, no consta el precio fijo para la energía reservada al
sector público. Para hacernos una idea, se calcula que por ejemplo el
pantano de Mequinenza debería pagar unos siete millones
de euros anuales por esa energía no entregada. Sumen todas las demás
pantanos y verán como el desfalco es espectacular.
Resulta sorprendente que Endesa no sólo discuta por el precio del MW,
sino que también incluye elevados costes de amortización, cuando la
obra hidráulica ha sido realizada por el Estado y cuando las concesiones
solo admite los del primer establecimiento. A todo ello, hay que añadir
que la inmensa mayoría de las concesiones de Endesa tienen más de cincuenta años.
Acciona es concesionaria en el Ebro de 700 MW y también ha recurrido
al TSJA la entrega de la electricidad. Sin embargo, a partir de enero de
2014 ha puesto a disposición de la Confederación el 25% de la
concesión. Esto ha sido posible porque figura en su concesión el precio
que es de 29,72 euros/MW/hora, más impuestos y desvíos.
Conocidos estos hechos, los poderes públicos deben cancelar aquellas concesiones que no han cumplido con los contratos públicos firmados.
Además de exigir el pago por la energía no entregada a los entes
públicos desde que se inició cada contrato de concesión, siendo la
autoridad judicial quien fije los precios a las empresas para que
indemnicen a los organismos públicos.
En este tema ha habido complicidades por las autoridades políticas al
no ejercer el cumplimiento de los contratos públicos firmados y que ha
dado lugar a un beneficio privado ilícito.
Es sorprendente que sólo haya sido la CHE, el que exija el cumplimiento de estos contratos públicos ¿Qué hacen las demás Confederaciones Hidrográficas? Es todo un escándalo de gran magnitud, que por supuesto el lobby eléctrico intenta acallarlo.
Resulta que todos los españoles estamos pagando a precio de oro el llamado “déficit tarifario”,
valorado en 30.000 millones de euros, que las eléctricas han demandado
al Estado. Pero estas mismas empresas eléctricas, se niegan a pagar los
contratos públicos, que por supuesto superan dicho déficit tarifario.
Por todo ello es exigible:
- Cancelación de todas las concesiones públicas realizadas a empresas privadas que no hayan cumplido sus obligaciones contractuales.
- Reclamación de todas las cantidades que se deben.
- Un nuevo proceso de concesiones hidroeléctricas con claridad.
A todo ello, el Estado debería imponer un impuesto a las empresas
hidroeléctricas por el uso de un bien público, el agua, para la
obtención de un beneficio privado, al igual que existen en muchos países
europeos. Por ejemplo, Alemania recauda unos 3.000 millones de euros
anuales y que en España podría rondar los 2.000 millones anuales. (...)" (
, Nueva tribuna, 02 de Junio de 2015)
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