"A las doce del mediodía del 3 de mayo en Carrús
(Elche), el barrio más pobre de España, la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) se prepara, una vez más, para paralizar el desahucio
de una familia. En el balcón del segundo piso están Pedro, gitano de 32
años y padre, y María, madre de tres niñas de 13, 9 y 6 años de edad.
Las menores no están presentes en el acto: para evitarles la
desagradable situación, María las ha dejado con su madre en un pueblo
cercano. La negligencia de los servicios de Bienestar Social los ha
empujado a esta circunstancia que trae consigo absentismo escolar, la
desesperación y una agonía innecesaria para esta familia.
Arropada por los activistas de la PAH, María cuenta a
los periodistas los detalles de su historia. Pero es al final de la
calle, en la esquina, donde se está dirimiendo su futuro. La Policía
Nacional, CaixaBank/BuldingCenter SAV
y el representante del juzgado discuten si efectúan el desalojo de
inmediato o les dan una prórroga de siete días más, pues ya es la
tercera orden de desahucio.
La familia acepta la moratoria y los
miembros de la PAH lanzan vítores por esta pequeña victoria que no
supone más que prolongar la agonía de la familia una semana más. Una
prórroga para que la sociedad —con sus leyes y sus instituciones— no los
excluya ni los margine. Ellos han puesto todo el empeño en evitarlo.
La familia, procedente de Monforte del Cid (Alicante), había vivido
durante ocho años en una vivienda de alquiler social. Complementaban los
ingresos necesarios para garantizar el sustento familiar a través de
trabajos precarios en los que no cotizaban. Pero ser gitano todavía trae
consigo limitaciones por ambas partes de la sociedad.
Por un lado, se
les obligó a cumplir con sus propias leyes debido a un conflicto entre
familias en el que se ve implicado un familiar de Pedro. El patriarca de
los clanes gitanos les sentencia a abandonar el pueblo: “Se reunieron
las familias y el patriarca dijo que teníamos que irnos en menos de 24
horas”, subraya Pedro.
Y así lo hicieron en noviembre del 2013, cuando
cargaron el coche con sus pertenencias y, junto a sus tres hijas,
pusieron rumbo a Villalonga (Valencia) donde viven algunos familiares y
amigos.
Despiste en Monforte y dejadez en Elche
En efecto, 24 horas son muy pocas para cambiar de vida. Entregaron las
llaves de la casa, cogieron sus cosas y cumplieron la condena. Pero la
excepcionalidad del caso de María y Pedro hizo que los servicios
sociales de Monforte del Cid, municipio que habían tenido que abandonar
apresuradamente, tuvieran un despiste al gestionarlo.
La asistente
social que llevaba el caso de María y Pedro se quedó hundida tras
conocer las consecuencias de tal descuido: en la base de datos de la
Generalitat Valenciana, constaba que el matrimonio había abandonado la
vivienda por impago. Y eso hizo que contara con la peor puntuación en la
lista de la Comunitat Valenciana para recibir una vivienda social.
El impago no era cierto. Los servicios sociales de
Monforte del Cid reconocieron su error y se pusieron en marcha para
arreglarlo.
Ahora son los técnicos de Bienestar Social de Elche quienes
llevan su caso que, conocedores de este hecho a través de un documento
que emitieron los servicios sociales de Monforte del Cid, estuvieron
casi dos años sin ofrecer alternativa habitacional a la familia y
mintieron deliberadamente cuando se les preguntó por la situación de la
pareja, afirmando que abandonaron la vivienda social de Monforte por
impago, tirando por tierra la credibilidad de la familia. (...)
Y por fin llegan a Elche en mayo del 2017 con todas
sus pertenencias en el coche. Durante días recorren el barrio de Carrús y
se ubican por la zona de la Plaza Barcelona, el distrito más pobre de
España según el informe que dio a conocer a primeros de año la Agencia Tributaria sobre renta declarada en el IRPF de las grandes ciudades.
Las hijas de María y Pedro dormían en el coche
mientras que ellos, durante el día, trataban de conseguir algo de dinero
ejerciendo la venta ambulante en el barrio, a la vez que iban dándose a
conocer y cultivando cierta amistad con los vecinos. Fueron estos
quienes les indicaron que en la calle Patricio Ruíz Gómez, cerca de
donde tenían aparcado el coche, había una vivienda vacía que no tenía
cerradura.
Ante la posibilidad de tener que pasar una noche más con sus
hijas durmiendo en el auto no lo dudaron y entraron en el piso. La casa
estaba en unas condiciones deplorables pero María la adecentó como pudo e
hizo de ella durante casi dos años un hogar para sus hijas.
Elche, dos años en tensión
Una vez instalados, María y Pedro se dispusieron a regularizar su
situación. En primer lugar acudieron a la concejalía de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Elche. Seguidamente pidieron asesoramiento a la
PAH, que les indicó que informaran a CaixaBank —entidad a la que
pertenecía a la vivienda— de la ocupación de la misma.
La intención de
la familia era pagar un alquiler social acorde a los ingresos que
recibían, pero se encontraron con la negativa del banco, que les exigía
para ello un nuevo informe de los servicios sociales que les fue negado
por los técnicos de la concejalía ilicitana. “Me dijeron de muy malas
maneras que no tenían la obligación de hacerme un informe nuevo”, afirma
María.
La familia con tres niñas menores de edad ha estado
durante dos años ocupando la vivienda de Caixabank, queriendo pagar un
alquiler que les fue denegado una vez tras otra, a través de la
correspondiente orden de desahucio. La PAH ha sido la mediadora y la
encargada de paralizar los desahucios de la familia mientras Bienestar
Social se ocupaba, supuestamente, de buscarles una alternativa. Pero las
opciones que les presentaba desde la concejalía no reunían las
condiciones para albergar una familia de cinco miembros. (...)
En primer lugar les ofrecieron un piso en el barrio
San Antón de un propietario particular, pero la vivienda requería una
gran reforma para que fuera habitable. María y Pedro rechazaron realizar
una inversión de tal envergadura y negaron rotundamente que desde
Bienestar Social les hubieran propuesto condonar meses de alquiler por
los costes que les hubiera supuesto la reforma, como a última hora
afirmaron los técnicos del Ayuntamiento.
La segunda opción consistía en
separar el núcleo familiar a la espera de encontrar una vivienda
adecuada. Mientras los padres se alojaban en una vivienda en la que
habitaba una anciana, las niñas vivirían con la madre de María en
Monforte del Cid, perdiendo, así, las clases del colegio. La
intervención severa de los técnicos no se dio hasta la tercera orden de
desalojo emitida por la entidad bancaria, y no fue casualidad.
En una “pegatinada” que organizó la PAH en una
sucursal de CaixaBank, próxima a la sede del Partido Popular de Elche y
estando presentes los concejales del PP, Sergio Rodríguez Meseguer y Mª
Teresa Mendiola, estos, al conocer el caso de Pedro y María se pusieron
en contacto con la concejala de Servicios Sociales Mª Teresa Maciá Milla
quien, en presencia de numerosos testigos, afirmó que la vivienda
ofrecida a la familia no era habitable.
A partir de este momento interviene Nieves Lillo, jefa de Sección de
programas de Bienestar Social, y se pone manos a la obra en busca de una
vivienda para María y Pedro que, debido a su pertenencia a la etnia
gitana, son burlados por las inmobiliarias de la ciudad. Porque el
racismo no se palia con dinero: aunque Pedro a finales de abril había
recibido una ayuda económica denominada renta de inclusión social,
destinada a personas con muy pocos recursos, no tuvieron éxito en la
búsqueda de una vivienda.
María explica indignada que, “cuando los
agentes quedan con nosotros, nos enseñan casas con unos precios muy
superiores a lo que podemos pagar, para quitarnos de encima”. Un
desprecio que, afirman, han sufrido de manera continuada por parte de
las entidades inmobiliarias de Elche a las que han acudido en busca de
una residencia donde poder empezar de nuevo.
Medidas de urgencia
A partir de la crisis, la popularidad de los bancos ha caído en picado debido a los abusos que han cometido respecto a las hipotecas y los desahucios. Sin ir más lejos, la propia Caixabank es la segunda entidad que más sanciones ha recibido por parte del Banco de España al detectar irregularidades y abusos en sus distintas gestiones hipotecarias.
Concretamente ha sido sancionada
con 4,8 millones de euros, de la que ha recibido una rebaja del 40%. No
es de extrañar que en aras de lavar su imagen y debido a la gravedad del
caso de la familia que han desahuciado, la entidad se haya comprometido
a pagar la estancia en un hotel a María y Pedro como parte de la
adopción de medidas más solidarias, mientras que Nieves Lillo gestionaba
el nuevo alquiler.
Dos semanas después del último desahucio, la familia
ha conseguido una vivienda cerca del piso que habían ocupado, lo que ha
permitido a las niñas regresar al mismo colegio donde estudiaban,
evitando un perjuicio mayor para las pequeñas.
A pesar de que Bienestar Social cuenta con un plan local específico de inclusión social,
casos como el de María y Pedro evidencian la falta de aplicación real
de medidas que favorezcan la convivencia y una necesidad imperante de
que el funcionariado de este ámbito aplique la sensibilidad que
requieren los casos de extrema vulnerabilidad." (Miriam Sanz, Miguel Ángel Alberola, El Salto, 20/05/19)
No hay comentarios:
Publicar un comentario