" Balance tras 100 días en el poder
En el momento de escribir estas líneas, han transcurrido unos 100 días desde que Javier Milei, líder del Partido La Libertad Avanza (LLA) de Argentina, llegó al poder. Fue elegido con un programa que representa un ataque sin precedentes a los sectores populares y a la clase trabajadora. Paradójicamente, su discurso de erradicar «la casta» y «los privilegios de la política» demuestra que su mayor enemigo es el pueblo y no los «amigos del poder» que siguen cómodamente instalados en sus privilegios.
El hambre, la pobreza, el paro, la deuda y la inflación descontrolada forman parte del programa de su gobierno, que está generando una miseria sin precedentes en la historia del país y atentando gravemente contra la soberanía alimentaria.
El hambre no espera, ¡paren el ajuste!
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha congelado la transferencia de fondos destinados a la asistencia social a los sectores más desfavorecidos de la población. El gobierno ha cancelado escandalosamente comedores sociales, ha interrumpido la asistencia médica a pacientes con enfermedades crónicas y agudas, ha suprimido planes de asistencia social como el programa Potenciar Trabajo, ha empujado a la pobreza a jubilados con pensiones cercanas al umbral de la pobreza, etc. Antes de que este gobierno de extrema derecha llegara al poder, la soberanía alimentaria -el derecho de las personas a elegir lo que comen y cómo se produce- ya estaba siendo gravemente socavada. El acceso a alimentos sanos, de alta calidad y a precios justos es muy deficiente en Argentina, y las políticas de Javier Milei están agravando gravemente la situación.
«La pobreza en el país alcanzó un alarmante 57,4% de la población el pasado mes de enero».
Publicado en febrero de 2024, un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) indicaba que la pobreza en el país había alcanzado la alarmante cifra del 57,4% de la población en enero de 2024 (frente al 49% de diciembre), todo un récord. Este drástico aumento se debe principalmente a la acelerada devaluación de la moneda nacional (una devaluación del 116% nada más asumir Milei en diciembre) y a la extrema desregulación de los mercados, que han provocado una escalada de los precios de los productos básicos, erosionando considerablemente los ingresos y el poder adquisitivo de las clases medias.
Sin embargo, más allá del desastroso plan de gobierno que está llevando a cabo, Milei está construyendo su imagen a través del desarrollo de un discurso surrealista, muy criticado, pero que sin embargo goza de cierto consenso social, lo que le otorga una relativa legitimidad.
Argentina «en venta
La presentación de la Ley bases para la libertad de los argentinos - coloquialmente conocida como Ley Ómnibus - tenía como objetivo, a través de un proyecto de 349 páginas, modificar la Constitución nacional y, de este modo, grabar en piedra la doctrina liberal.
El plan fue elaborado para satisfacer a empresas internacionales y grupos económicos nacionales vinculados al plan gubernamental, entre ellos familias emblemáticas como los Macri, los Caputo y parientes de la canciller Diana Mondino. El objetivo del plan «Argentina en venta» es otorgar grandes concesiones comerciales a los «reyes del mercado», así como ventajas a organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El proyecto de Ley Fundamental orquesta una reforma estructural del Estado que incluye una serie de medidas para flexibilizar el trabajo, privatizar empresas estatales y medios de comunicación, y desmantelar ministerios y servicios públicos. Peor aún, pretende sentar las bases para poner el país en venta, permitiendo el libre saqueo de bienes comunes en áreas estratégicas para el mundo empresarial, como el litio, la pesca, la megaminería, la hidrovía Paraná-Paraguay, etc.
Este paquete de reformas estructurales también atenta contra la cultura, la defensa de los derechos humanos, la educación pública, el financiamiento de las universidades nacionales y la investigación científica pública. Afortunadamente, este proyecto de ley ómnibus fue frenado a tiempo, pero el gobierno no ha renunciado a su plan de reformas y pretende imponerlo por otros medios.
Ajuste respaldado por la represión
A pocos días de asumir, Patricia Bulrrich, ministra de Seguridad y ex candidata presidencial por el partido Propuesta Republicana (PRO), introdujo un protocolo antipiquetes, tipificando como «delito» toda manifestación social durante la cual se corten calles o se obstruya el tránsito. Esto demuestra claramente que el feroz ajuste que se nos impone sólo puede mantenerse con más represión.
Este protocolo antipiquetes, que viola el derecho constitucional a la libre manifestación y movilización, fue lanzado en una fecha dolorosa para la República Argentina, el 20 de diciembre de 2023, día de conmemoración de un episodio de represión ultraviolenta contra manifestantes, que causó la muerte de 39 personas en 2001. Ese mismo día, un número surrealista de fuerzas de seguridad se desplegó en las calles de la capital federal para impedir las movilizaciones de las organizaciones sociales con motivo del aniversario de aquellos trágicos sucesos. Hoy, el aparato represivo es más fuerte que nunca y no teme reprimir en contextos de pobreza, hambre y desesperación. Los movimientos sociales se unen y declaran que comer no debe ser un privilegio.
Conclusiones
En estos 100 días ha quedado meridianamente claro que la única libertad que defiende el Gobierno de Javier Milei es la «libertad de mercado». Aunque a veces nos invade la indignación ante la triste realidad que estamos viviendo, también confiamos en la organización popular y colectiva.
La «unión de los trabajadores» se ha hecho muy fuerte en este clima de acoso. La primera huelga general del 24 de enero fue abrumadora por su capacidad de reacción y su apoyo masivo. Del mismo modo, la marcha del 24 de marzo fue decisiva en su denuncia del negacionismo histórico y del plan criminal del gobierno para empobrecer a la mayoría popular. Los resortes de la democracia y del Estado siguen funcionando. Testigo de ello es el contrapeso de poderes ejercido por el poder judicial y el legislativo, impidiendo la aprobación de la «ley ómnibus» y la aplicación de la DNU. Aunque el gobierno de Milei quiera destruir el Estado y la democracia, todavía hay señales de que podemos sobrevivir a las cuchillas de la motosierra. La organización popular y obrera es la solución. La soberanía alimentaria es una propuesta política urgente e imprescindible frente al hambre y la miseria. Trabajemos juntos para allanar el camino a las alternativas." (Salomé Vuarant , CADTM, 28/02/25)
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