"La sección territorial gallega de Xuíces e Xuízas para a Democracia ha publicado un contundente comunicado en el que expresa su "profunda preocupación" por los traslados forzosos acordados el 12 de marzo por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La asociación considera que la medida, que afecta a cuatro magistrados de la Sección Terceira —la que resuelve los recursos sobre parques eólicos y contratos públicos como el del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo— puede comprometer las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial, y advierte de que "no es descartable que la ciudadanía piense que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido".
Jueces y Jueces por la Democracia (JJpD) es una de las cinco asociaciones profesionales de jueces y magistrados de España. Fundada en 1984, se define como una organización civil progresista surgida tras la escisión de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). A pesar de ser la tercera asociación en número de miembros (aproximadamente entre el 8% y el 10% de la carrera judicial), cuenta con una importante representación en órganos como el Consejo General de la Magistratura (CGPJ).
El colectivo subraya que lo ocurrido es inusual tanto en su forma como en su alcance. El procedimiento habitual cuando se reorganizan secciones es el concurso interno voluntario entre magistrados, con consultas previas a los presidentes de sección y a los propios afectados. En este caso, sin embargo, cuatro magistrados han sido reubicados de golpe, sin audiencia previa y sin que ninguno de ellos cuente con experiencia en las materias que deberán asumir. "Ninguno de los cuatro trasladados tiene experiencia previa en esta sala en las concretas materias que les son encomendadas", señala el comunicado, augurando una "evidente disfuncionalidad" en ambas secciones durante los primeros meses.
MOTIVACIONES QUE NO CONVENCEN
Xuíces e Xuízas para a Democracia pone también el foco en la debilidad de los argumentos esgrimidos por la presidencia de la sala para justificar los traslados. Las resoluciones apelan a facultades gubernativas de carácter organizativo, pero la ley exige que ese tipo de decisiones se apoyen en criterios aprobados anualmente por la Sala de Gobierno. El comunicado señala que no consta que tales criterios hayan sido aprobados ni publicados. A falta de esa base, los acuerdos recurren a fórmulas genéricas como "crecimiento profesional" u "oportunidades en la carrera" de los magistrados afectados, argumentos que la asociación considera incompatibles con el efecto real que la medida va a producir.
En el caso concreto del magistrado Luis Villares —el más mediático de los trasladados, por su pasado como líder de En Marea y diputado en el Parlamento galego— la presidenta añade como motivo la necesidad de "salvaguardar la imagen de imparcialidad" de la sala, en referencia a varias recusaciones que el Tribunal Supremo acogió en causas relacionadas con el Cunqueiro. Para Xuíces e Xuízas para a Democracia, extender a toda una sección lo que se analizó respecto a un asunto concreto carece de justificación.
PRESIÓN POLÍTICA SOSTENIDA EN EL TIEMPO
El comunicado recuerda que la Sección Terceira ha sido objeto de una presión mediática y política "constante" durante los últimos años. Responsables políticos y empresariales cuestionaron públicamente no solo las resoluciones de la sala, sino la profesionalidad de sus integrantes, al margen de los canales legalmente previstos para recurrir las sentencias. Tanto la propia Sección Territorial de Xuíces e Xuízas para a Democracia como la Sala de Gobierno del TSXG tuvieron que salir en más de una ocasión a reclamar respeto hacia el trabajo de esos magistrados.
Ese contexto es clave para entender la polémica que genera ahora el traslado. La Sección Terceira venía paralizando decenas de parques eólicos en Galicia —79 proyectos están actualmente detenidos por decisiones judiciales— en un sector que mueve miles de millones de euros y miles de puestos de trabajo. Los fallos judiciales llegaron a ser recurridos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en su momento dio la razón a la Xunta y a las promotoras. La presión sobre la sala era, por tanto, enorme y venía de múltiples frentes.
INAMOVILIDAD E INDEPENDENCIA, EN JUEGO
La asociación sostiene que el traslado forzoso y colectivo de la mitad de los miembros de la Sección Terceira puede vulnerar dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, consagrado en el artículo 24.2, y la inamovilidad e independencia judicial del artículo 117.1. "Este movimiento puede socavar la actuación independiente de los miembros del tribunal, al resultar intimidados por la amenaza de traslados forzosos y otras represalias por el ejercicio de la función que tienen encomendada constitucionalmente", advierte el texto.
El comunicado concluye con un doble llamamiento: a los órganos gubernativos del poder judicial, para que ejerzan sus facultades "con cuidado y prudencia"; y a la ciudadanía y a la comunidad jurídica, trasladándoles el apoyo explícito a los magistrados que desempeñaron su labor "en circunstancias especialmente complicadas y en un contexto de reiteradas presiones".
La nueva presidenta de la sala, María Azucena Recio González, que tomó posesión el 6 de marzo tras imponerse al propio Villares en la competición por el cargo, no ha hecho declaraciones públicas más allá de lo recogido en las resoluciones. La Xunta de Galicia y la patronal eólica tampoco se han pronunciado oficialmente sobre la reorganización."
(Manuel Vilas López , Galicia Press, 25/03/26)
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