"España constituye
una excepción, una anomalía que apenas se da en ningún otro país de la
Unión, en la única política de ámbito realmente comunitario que aplica
la UE, que es la agraria, conocida como la PAC.
Esa rareza, o
anormalidad, viene de la combinación de dos decisiones políticas de las
que depende cada año el reparto de más de 5.000 millones de euros,
tomadas ambas con la cartera de Agricultura en manos de Miguel Arias
Cañete: el establecimiento de los llamados "derechos históricos", con el
que nació la delirante figura del "labrador de sofá"
y comenzó el riego con dinero público de tierras que no se cultivan, y
un sistema de zonificación en cincuenta regiones no coincidentes con
provincias ni comunidades que, cruzada con otro cuadro de cuatro tipos
de cultivo, genera una horquilla de subvenciones de 60 a 1.430 euros por hectárea.
Ese sistema
condiciona el reparto de alrededor de 5.000 de los casi 6.000 millones
de euros vinculados a la agricultura que España recibe cada año, un
volumen de dinero cuya magnitud equivale a un 15% de los beneficios
brutos del sector y que tiene el efecto secundario de subvencionar un
sector en el que conviven los elevados beneficios para la gran empresa con una baja rentabilidad de las pequeñas explotaciones que expulsa del ramo a los agricultores tradicionales y a los emprendedores. (...)
Otra cosa es que quien se beneficie de esa descomunal inyección de
dinero trabaje la tierra o se dedique a la cría de ganado, un colectivo
que ha acabado siendo, si no residual, sí claramente minoritario entre los perceptores de subvenciones. (...)
Más de 5.000 millones en ayudas directas
La política agraria se divide en dos bloques o "pilares": la PAC propiamente dicha y los programas de desarrollo rural,
que en el caso de España alcanzaron sendos montantes de 5.619,7 y 702,7
millones. El grueso del primer paquete (5.063,9) son las llamadas
"ayudas directas", de donde sale el dineral que reciben los "labradores
de sofá".
El 'statu quo' de 2003
La segunda reforma
de Cañete, de 2013, estableció la zonificación. La anterior, de 2003,
instauró los llamados "derechos históricos" al asignar a cada
explotación una cuota basada en la producción media de las dos campañas
anteriores en la que desde entonces se basa el reparto del dinero.
"Eso ha mantenido el status quo desde entonces", indica Miguel, que aclara que "no son derechos históricos sino un sistema de reparto de ayudas directas que solo se da en España prácticamente". (...)
El actual ministro de Agricultura, Luis Planas,
aboga por suprimirlos, en línea con lo que defiende un grupo de
comunidades autónomas lideradas por Aragón y partidarias de vincular su
reparto a la producción de las explotaciones en lugar de a su
titularidad, aunque eso no ocurrirá en el mejor de los casos antes del
año que viene.
Mientras tanto, el grueso de esos 5.000 millones de euros se repartirá entre un grupo de casi 900.000 agricultores
(y varios miles de empresas) entre los que, según puso de manifiesto un
estudio de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), al menos 650.000 son rentistas
que cobran las ayudas sin trabajar los campos ni las granjas a las que
están vinculadas: algunas están yermas, otras se han convertido en cotos
de caza y pastos y muchas están arrendadas sin traspasar el derecho, en
una variada casuística que tiene tanto de fraudulenta como de legal. (...)" (Eduardo Bayona, Público, 10/02/20)
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