"En un duro golpe para las plataformas de alquiler de vehículos (ridehail) en España, el Gobierno español ha anunciado nuevos criterios para que las autoridades regionales restrinjan los vehículos de alquiler privado (VTC) en función de las necesidades medioambientales y la gestión eficaz del espacio público, al tiempo que establece el taxi como un "servicio de interés público".
La ley llega pocas semanas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminara el 8 de junio que el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona de 2018, que restringe las licencias de VTC a uno de cada 30 taxis, no cumplía las leyes de la UE sobre competencia leal.
La sentencia fue ampliamente reportada como un cambio de juego para las tres plataformas de ridehail que operan en el país - Uber, Cabify y Bolt - ya que la proporción 1/30 era la ley no sólo en Barcelona sino en toda España, y fue promovida por José Manuel Berzal, presidente de la patronal UNAUTO-VTC, como un "punto de inflexión".
Sin embargo, la sentencia del TJUE también afirmaba que la limitación del número de VTC autorizadas podía justificarse en base a "los objetivos de buena gestión del transporte, el tráfico y el espacio público, por un lado, y de protección del medio ambiente, por otro", respetando además el principio de "proporcionalidad".
Estos parámetros son, a grandes rasgos, la base sobre la que el Gobierno español ha ajustado su normativa sobre autorización de VTC en el real decreto ley, publicado el martes [28 de junio], que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). El régimen normativo específico de las VTC se deja a la decisión de las 17 comunidades autónomas españolas, pero la ley del Gobierno central establece el marco sobre el que se puede decidir.
Con la nueva ley, las VTC "estarán sujetas al cumplimiento de criterios de mejora de la calidad del aire, reducción de emisiones y gestión del tráfico y del espacio público", señala un comunicado del Gobierno. En concreto:
Los criterios medioambientales implican que "se denegará la autorización" de VTC si el vehículo supera un umbral de calidad del aire, así como "criterios objetivos relacionados con la reducción de emisiones de CO2".
Sobre la gestión del tráfico, las comunidades autónomas deben establecer "un criterio objetivo de congestión de las carreteras"
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden añadir criterios adicionales para limitar la autorización de VTC siempre que esté "justificado por razones de interés público" y sea "proporcionado"
También se establecen requisitos de autorización de VTC para "evitar malas prácticas", como que las licencias vayan siempre vinculadas a vehículos matriculados en España y una regulación más estricta del arrendamiento financiero de vehículos
También se ha otorgado oficialmente al taxi el estatus de "servicio de interés público", lo que deja claro que los taxis tienen una función separada de las VTC en el sistema de transporte español y exige que el taxi preste un servicio con garantía de calidad, accesibilidad y universalidad. Este estatus significará que los taxis podrán, por ejemplo, acceder a financiación pública relacionada con la satisfacción de las necesidades de transporte público de los ciudadanos.
La normativa afectará a todas las nuevas solicitudes de licencia, incluidas las que están pendientes.
Poco después del anuncio, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró que la ley de VTC "incorpora" la sentencia del TJUE al ordenamiento jurídico español, y tiene como objetivo garantizar la "convivencia pacífica y equilibrada" entre el taxi y las VTC.
"Son sectores que desde luego contribuyen y que son servicios de transporte y servicios de movilidad que responden a las necesidades de los ciudadanos, pero que desde luego tienen que convivir pacíficamente".
"Las autorizaciones que regulamos son las que competen al Estado pero que las comunidades autónomas y los ayuntamientos también pueden seguir estos criterios.
"Creo que es una buena regulación y una buena resolución para el sector".
En respuesta a la nueva ley, Alberto 'Tito' Álvarez, líder de Elité Taxi Barcelona, el gremio del taxi que lideró el año pasado el impulso a la regulación de las VTC en Cataluña, la más dura de España, y que había mantenido conversaciones con el Ministerio de Transportes español antes del anuncio, ha asegurado que están "muy satisfechos".
"Hay matices y cosas que nos hubiera gustado mejorar, pero no podemos ocultar que es un golpe dirigido a quienes quieren hacer del negocio del transporte un nicho de especulación, explotación laboral y no tienen ningún interés general, [su único objetivo es] abusar del consumidor y eliminar el taxi", dijo Álvarez.
Y añadió: "Con esta nueva modificación, normativas como la catalana se sostendrán y no podrán decir que hay discriminación como señala el TJUE."
La normativa de Cataluña de julio del año pasado limitaba de hecho las VTC a limusinas y furgonetas de pasajeros, separando explícitamente el papel del taxi y las VTC. En diciembre también se introdujo en Barcelona una aplicación pública de taxi para facilitar a los ciudadanos el acceso a los taxis. La semana pasada, Elité Taxi Barcelona colocó 250 anuncios en vallas publicitarias por toda Barcelona animando a los conductores de VTC a pasarse al taxi, prometiendo salarios entre un 30 % y un 40 % más altos mientras los conductores trabajan entre un 20 % y un 30 % menos de horas.
Unauto-VTC y Feneval, dos de las principales asociaciones de empresas intermediarias de VTC que operan entre las plataformas y los conductores, aseguraron que pedirán a la Comisión Europea que inicie un procedimiento contra el Gobierno español en respuesta a la ley, que consideran "contraria" a la sentencia del TJUE.
Califican la ley de "discriminatoria y desproporcionada", y aseguran que su verdadero objetivo no es el interés general, sino "la viabilidad económica del sector del taxi", algo que la sentencia del TJUE había especificado que no era una base legal para restringir las VTC.
Añadieron que la ley tenía el "indisimulado objetivo de ganarse el favor del taxi y evitar movilizaciones masivas" en el contexto de las Elecciones Generales, que se celebrarán el 23 de julio.
La manifestación del sector del taxi en Madrid, que cuenta con la normativa sobre VTC más liberalizada de España bajo la presidencia de la derechista Isabel Díaz Ayuso, prevista para el 29 de junio, ha sido aplazada.
A pocas semanas de las elecciones generales, el resultado más probable, según los sondeos, es un Gobierno de coalición entre el PP y Vox. Este cambio podría suponer la rápida anulación de la normativa sobre VTC del Gobierno español, introducida justo a tiempo antes de que comience la campaña electoral oficial.
Sin embargo, el Tribunal Supremo español se pronunciará en breve sobre las consecuencias de la sentencia del TJUE del 8 de junio, y una resolución judicial favorable al nuevo decreto ley podría complicar a cualquier nuevo gobierno la imposición de cambios drásticos." (Brave New Europe, 28/06/23; traducción DEEPL)
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