9.10.24

El Gobierno Meloni criminaliza la protesta social... La Ley 1660 o “Ley Mordaza”, que introduce más de veinte nuevos tipos de delitos y circunstancias agravantes permite, entre otras, condenas de hasta 2 años de cárcel a huelguistas y participantes en protestas con cortes de calles, carreteras o vías férreas. Incorpora el concepto de “terrorismo de palabra” con sanciones posibles de hasta 6 años para quienes propagandicen las luchas sociales. Ocupar una casa o predio vacío o solidarizarse con una ocupación puede significar 7 años de prisión. Cualquier tipo de resistencia activa podría ser sancionado con una pena de hasta 15 años y la denominada resistencia pasiva, hasta con 4 años. Incorpora nuevas sanciones contra los inmigrantes sin permiso de residencia en el país que no podrán, por ejemplo, obtener tarjetas SIM para sus teléfonos celulares. Además, penaliza severamente la mendicidad en lugares públicos. “Buscan criminalizar cualquier tipo de protesta, cerrar la boca a las voces críticas, desnaturalizando y negando derechos democráticos esenciales” (Sergio Ferrari)

 "Desde el 23 de octubre de 2022 cuando asumió el gobierno la alianza liderada por Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia) se dieron escasas buenas noticias para los sectores sociales italianos más marginalizados que vieron esfumarse derechos esenciales, y ahora, además, se convierten en principal blanco de la represión.

El proyecto Meloni, con la apuesta de convertirse en el referente europeo de la extrema derecha, viene promoviendo políticas de neto favor al gran capital; aplica recortes significativos en la educación y la salud pública; combate de frente a los inmigrantes y elimina la Renta de Ciudadanía, subsidio que beneficiaba a una gran parte de las familias pobres y personas desempleadas. En paralelo, promovió una nueva ley represiva antisocial, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados y ahora a la espera de una próxima ratificación en el Senado.

Criminalizar la protesta

La Ley 1660 o “Ley Mordaza”, que introduce más de veinte nuevos tipos de delitos y circunstancias agravantes permite, entre otras, condenas de hasta 2 años de cárcel a huelguistas y participantes en protestas con cortes de calles, carreteras o vías férreas. Incorpora el concepto de “terrorismo de palabra” con sanciones posibles de hasta 6 años para quienes propagandicen las luchas sociales. Ocupar una casa o predio vacío o solidarizarse con una ocupación puede significar 7 años de prisión. Cualquier tipo de resistencia activa podría ser sancionado con una pena de hasta 15 años y la denominada resistencia pasiva, hasta con 4 años. Incorpora nuevas sanciones contra los inmigrantes sin permiso de residencia en el país que no podrán, por ejemplo, obtener tarjetas SIM para sus teléfonos celulares. Además, penaliza severamente la mendicidad en lugares públicos.
“Buscan criminalizar cualquier tipo de protesta, cerrar la boca a las voces críticas, desnaturalizando y negando derechos democráticos esenciales”, afirma en entrevista exclusiva Paolo Banci, ex sindicalista, militante social de larga trayectoria de la región toscana y presidente de la sección local de Rignano sull’ Arno de la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI). La ANPI es hoy una de las mayores organizaciones con presencia en todo el territorio nacional. Fue creada en junio de 1944, en Roma, mientras el Norte sufría todavía la ocupación nazi-fascista. El 5 de abril de 1945 se le concedió el estatus de “Ente moral”, lo que le otorgó personalidad jurídica, promoviéndola, de hecho, como la asociación oficial de los partisanos. Independiente de los partidos políticos, la ANPI, según su propia definición, “sigue estando a la vanguardia en la custodia y aplicación de los valores de la Constitución, por lo tanto, de la democracia, y en la promoción de la Memoria de esa gran época de conquista de la libertad que fue la Resistencia”. Para la Asociación de Partisanos la lucha antifascista de ayer va de la mano del combate universal por la memoria, contra la guerra, por los derechos constitucionales y, en particular, las conquistas sociales [1]. (...)

Desde las organizaciones de la sociedad civil y de base “somos muy críticos con los grandes partidos de izquierda y de centro, que no respondieron a las expectativas de la gente y promovieron el actual escenario. Pensaron que declamando una buena gestión administrativa sería suficiente y la realidad demostró lo contrario, con la consecuencia directa que el pueblo italiano perdió la esperanza por el cambio y optó por una alternativa conservadora. Falta hoy una real alternativa progresista de poder”, subraya el militante de Rignano sull’Arno.

Para Banci, que en 2009 con un grupo de compañeros reconstruyeron y relanzaron la ANPI en diversos municipios del sur de la región Toscana, si bien la coyuntura política actual puede leerse con pesimismo desde los ojos de los sectores populares, “nada es definitivo, el movimiento de base y de la sociedad civil no está muerto y siguen apareciendo ciertas señales de esperanza de cara al futuro”. En su análisis, entran no solo una gran diversidad de iniciativas sociales en la base, en todo el territorio — muchas de ellas promovidas por jóvenes— sino también algunas propuestas políticas mayores de trascendencia nacional. (...)"

(Sergio Ferrari, CADTM, 07/10/24)

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