"Ayer escribí sobre el desprecio de Donald Trump por el estado de derecho. Ahora tenemos mucha más evidencia de ese desprecio, y de su creencia de que la ley es su herramienta para usar, y no algo a lo que deba someterse.
Como ha señalado el FT esta mañana:
Las autoridades fiscales estadounidenses no podrán perseguir reclamaciones contra Donald Trump, sus hijos mayores y la Organización Trump en virtud de un acuerdo para detener la demanda de 10.000 millones de dólares del presidente contra el Servicio de Impuestos Internos.
El compromiso del Departamento de Justicia el martes se produjo un día después de que Trump acordara resolver su demanda contra el IRS a cambio de que el gobierno de Estados Unidos lanzara un fondo de 1.800 millones de dólares para las víctimas de la supuesta "guerra legal".
El último punto es otro de cierta importancia, pero por ahora me centraré en el tema fiscal.
Como también señala el FT:
"Estados Unidos LIBERA, RENUNCIA, ABSUELVE y DESCARGA PARA SIEMPRE a cada uno de los Demandantes de, y por la presente se le PROHÍBE Y EXCLUYE PARA SIEMPRE de perseguir o continuar, cualquier y todas las reclamaciones", escribió el fiscal general interino Todd Blanche en un documento de una página publicado el martes, en relación con el caso presentado en enero por Trump, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y la Organización Trump.
Hay que decir que el FT añadió que el IRS parece tener una opinión bastante diferente sobre este asunto cuando señaló:
'Un portavoz del Departamento de Justicia dijo al FT que la decisión de prohibir al IRS perseguir reclamos contra Trump se refería "solo a cualquier auditoría existente".'
El último punto es, sin embargo, un punto de detalle, y permítanme concentrarme en la cuestión de fondo. Es decir, Trump presentó una demanda contra el IRS, alegando que lo victimizó, y como consecuencia, ahora parece haber obtenido dos resultados muy claramente abusivos.
La primera de estas es que si el comunicado de prensa mencionado es correcto, Trump, sus empresas y su familia ahora pueden operar por encima de la ley fiscal estadounidense, brindándoles la oportunidad de romperla, abusar de ella e interpretarla como deseen, lo que les otorga una ventaja competitiva sin precedentes y totalmente injustificada, lo que significa que el principio fundamental de igualdad ante la ley, que siempre y sin excepción debe sustentar cualquier sistema fiscal, ha terminado en su caso.
Claramente, esta violación es el primer artículo de la Constitución de los Estados Unidos, porque de hecho, dice que Trump y sus asociados no son iguales a los demás, sino que se les ha concedido el privilegio de no cumplir la ley.
Esto, entonces, confirma la sugerencia que hice ayer de que Trump piensa que la ley es algo que otros deben cumplir, pero que para él es una herramienta para oprimir a aquellos con quienes no está de acuerdo.
Al mismo tiempo, revela que tiene una actitud similar a la de la difunta Leona Helmsley, quien una vez dijo, famosa por ello:
'No pagamos impuestos; solo la gente pequeña paga impuestos.'
Helmsley fue condenada por no hacerlo. Parecería que Trump está ansioso por asegurar su propia carta de "salida libre de la cárcel" sobre el mismo tema.
Es hora de que el mundo, incluidos aquellos en el Reino Unido que apoyan a los partidos políticos de extrema derecha, se despierte a la realidad de lo que está sucediendo aquí. Como he indicado en artículos que he publicado en Reform, el más reciente de los cuales salió esta mañana, entiendo por qué la gente tiene quejas con el sistema neoliberal que los ha dejado viviendo vidas precarias. Esas quejas están justificadas, pero apoyar a quienes abusarían de la sociedad y de todos en ella en respuesta no tiene ningún sentido.
Como se desprende de la segunda parte de esta acción, que proporcionará a Trump un fondo de reserva de 1.800 millones de dólares estadounidenses para compensar a quienes se afirma que la administración Biden maltrató (que sin duda incluirán a quienes asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021), para lo cual tampoco puede haber justificación constitucional, Trump no está en el cargo para ayudar a las personas que han sido maltratadas por la política neoliberal, ni para mejorar de ninguna manera el bienestar del ciudadano estadounidense común. Está en el cargo para explotar el estado estadounidense en su propio beneficio personal.
¿Qué pasaría, en ese caso, en el Reino Unido si Reform fuera elegido para el cargo? No lo sé, y por supuesto, no puedo, porque todo esto se trata de especulación. Pero lo que sí puedo decir es que Richard Tice ha hecho algunos comentarios recientemente sobre su actitud hacia el cumplimiento fiscal con los que la gran mayoría de los profesionales fiscales, creo, estarían en desacuerdo, mientras que los informes de prensa actuales sobre las finanzas de Nigel Farage y los regalos que ha recibido de donantes extranjeros dejan muchas preguntas sin respuesta debido a su opacidad. Al menos, tenemos motivos para estar preocupados como resultado.
Trump parece haber ido mucho más allá de cualquier límite razonable en lo que respecta a sus abusos dentro de los Estados Unidos. No estoy sugiriendo que eso haya sucedido en el caso de Reform, pero sí estoy señalando que Nigel Farage ha aparecido con Trump, lo ha apoyado y parece compartir algunas de sus posiciones. Por lo tanto, quienes votan por él deben ser conscientes del riesgo que corren y, como mínimo, buscar garantías de que Reform en el Reino Unido nunca implementará nada similar."
(Richard Murphy, blog, 20/05/26, traducción Qillbot, enlaces en el original)
"El Departamento de Justicia concedió al presidente Donald Trump, a su familia y a sus empresas inmunidad ante las investigaciones que se llevan a cabo sobre sus impuestos, un acuerdo potencialmente lucrativo que podría proteger al presidente de importantes responsabilidades financieras.
La disposición, introducida discretamente el martes como añadido de un notable acuerdo que también creó un fondo de compensación de 1800 millones de dólares destinado a beneficiar a los aliados de Trump, protege al presidente, a sus familiares y a sus empresas de auditorías pendientes y de procesos fiscales.
El documento de una página firmado por el fiscal general interino, Todd Blanche, decía que el gobierno quedaría “PROHIBIDO PARA SIEMPRE y PRECLUIDO de procesar o proseguir” las reclamaciones fiscales pendientes contra Trump, los miembros de su familia y sus empresas.
La disposición suscitó críticas de inmediato, ya que los expertos fiscales plantearon la posibilidad de que fuera ilegal.
El hecho de que el añadido del acuerdo se publicara, sin fanfarria, en el sitio web del Departamento ocultaba su audacia a ultranza. Revelaba la determinación de Trump y de los funcionarios que él ha nombrado de lograr que se aprueben medidas maximalistas con un mínimo de escrutinio externo en un momento en el que todavía disponen del control indiscutible del gobierno.
La disposición fue la más reciente de una serie de maniobras realizadas esta semana que desdibujaron la casi desaparecida frontera entre los asuntos oficiales del departamento y los intereses privados de un presidente decidido a utilizar su poder para obtener beneficios económicos del gobierno federal para sí mismo y sus aliados.
Un día antes, Trump acordó retirar su demanda de 10.000 millones de dólares contra el servicio de Hacienda (IRS) a cambio de la creación de un fondo para las personas que él considera fueron perjudicadas por investigaciones o procesos judiciales federales.
Los funcionarios del Departamento de Justicia han defendido en parte la creación del fondo y han señalado el hecho de que Trump y los miembros de su familia no recibirán pagos del mismo.
Pero la protección frente a las auditorías podría ser bastante lucrativa para Trump, quien siempre ha dicho que sus declaraciones fiscales no contenían ninguna irregularidad. En 2024, el Times informó que perder en una auditoría del IRS podría costarle a Trump más de 100 millones de dólares.
No está claro si esa investigación ha concluido o si Trump, los miembros de su familia o las entidades afiliadas están sometidos a otras auditorías. Los procedimientos del IRS exigen la auditoría obligatoria de las declaraciones de impuestos del presidente cada año.
Ni el Departamento de Justicia ni el IRS respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El principal abogado del Departamento del Tesoro, Brian Morrissey, renunció el lunes después de que el Departamento de Justicia dio a conocer el acuerdo con Trump.
La ley federal prohíbe al presidente, al vicepresidente y otros funcionarios ejecutivos dar instrucciones al IRS para iniciar o detener auditorías específicas. Pero esa amplia prohibición parece incluir una excepción para el fiscal general.
Brandon DeBot, abogado asesor del Centro de Derecho Fiscal de la Universidad de Nueva York, dijo en un comunicado que la protección contra las auditorías podría seguir siendo ilegal.
“El IRS tendría que actuar para hacer efectiva la exención de las reclamaciones, lo que podría plantear cuestiones adicionales sobre si ha habido una interferencia política ilegal en el proceso de auditoría”, dijo. “La liquidación y liberación general de reclamaciones es un abuso impresionante del sistema fiscal y legal”.
La revelación de la disposición se produjo en un momento en el que parecían aumentar las críticas por la creación del fondo, incluso por parte de algunos legisladores republicanos, normalmente recelosos de provocar el enojo de Trump.
El senador John Thune, republicano por Dakota del Sur y líder de la mayoría, criticó al presidente de manera inusual, al afirmar que no era “un gran fan” del fondo y añadir que no le veía una “finalidad”.
The New York Times informó la semana pasada que las conversaciones de Trump con el Departamento de Justicia y el IRS habían incluido una medida que instaba al IRS a abandonar cualquier auditoría del presidente, sus familiares o sus empresas. Pero esa disposición no apareció en el acuerdo de nueve páginas que establecía los términos para desestimar la demanda, el cual fue publicado por el Departamento el lunes.
En enero, Trump, junto con dos de sus hijos y la empresa familiar Trump, demandó al Servicio de Impuestos Internos por al menos 10.000 millones de dólares por la filtración de sus declaraciones de impuestos durante el primer mandato del presidente. Los Trump argumentaron que el IRS debería haber hecho más para evitar que un excontratista revelara información fiscal a The New York Times y ProPublica.
Aunque el acuerdo original de nueve páginas ofrecía escasos detalles sobre cómo funcionaría el desembolso o quién podría optar a él, decía que los reclamantes podrían solicitar dinero al gobierno por haber sufrido represalias por “motivos personales, políticos y/o ideológicos”. Decía que una comisión de cinco personas estudiaría los reclamos basándose en criterios como los daños sufridos por una persona o el tiempo que hubiera pasado bajo custodia federal.
El acuerdo principal también indicaba que las reclamaciones se repartirían en gran medida en secreto, exigiendo a los gestores del fondo que brindaran trimestralmente al fiscal general un “informe escrito confidencial” de quien hubiera recibido dinero. El fondo dejaría de procesar las reclamaciones a más tardar el 1 de diciembre de 2028, pocas semanas antes de que Trump salga del cargo.
Frank Bisignano, director general del IRS, firmó el acuerdo original de nueve páginas. Sin embargo, las disposiciones que conceden a Trump inmunidad frente a las auditorías existentes fueron firmadas solo por Blanche, quien ha intensificado la campaña de represalias de Trump contra sus enemigos.
Durante una comparecencia ante un subcomité de asignaciones del Senado el martes, Blanche defendió el fondo.
En un momento dado, el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, acusó repetidamente a Blanche de comportarse más como un abogado defensor de Trump que como un guardián independiente del interés público.
Blanche replicó, afirmando que él era “el fiscal general en funciones”.
Van Hollen replicó: “Fiscal General, hoy estás actuando como el abogado personal del presidente, y ese es todo el problema”.
(Alan FeuerAndrew Duehren y Glenn Thrush , The New York Times, 19/05/26)
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