"Caos y amargura. Estas son las dos palabras que podrían resumir la 29ª Conferencia de las Partes (COP29), que concluyó la noche del 23 al 24 de noviembre en Bakú (Azerbaiyán). Las dos semanas de conversaciones diplomáticas sobre el clima se desarrollaron en una atmósfera envenenada.
La sombra del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planeó pesadamente sobre los debates diplomáticos. John Podesta, enviado especial de Estados Unidos a la COP29, intentó tranquilizar a los negociadores afirmando que la lucha contra el cambio climático era “más grande que unas elecciones, un ciclo político y un país”. Pero es difícil seguir siendo optimista cuando se tiene en cuenta que un jefe de Estado escéptico en materia climática estará cuatro años al frente del mayor productor mundial de petróleo y segundo emisor de gases de efecto invernadero.
Las tensiones geopolíticas vinculadas a la prolongada guerra en Ucrania y al conflicto en Oriente Medio tampoco han ayudado al multilateralismo de la ONU. Tampoco el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, que afirmó al día siguiente de la inauguración de la COP29 que los yacimientos petrolíferos de su país eran un “regalo de Dios”.
Por último, varios observadores han señalado la falta de ambición política de la Presidencia azerbaiyana de la COP29. Marta Torres Gunfaus, directora del Programa sobre el Clima del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI), lamentó ante la prensa el 22 de noviembre la “falta de visión y de prioridades claras” durante esta COP. Safa' Al Jayoussi, de Oxfam Internacional, denunció “un vergonzoso fracaso de liderazgo”.
En consecuencia, las decisiones ratificadas tras duras negociaciones por las delegaciones de 197 países presentes en la COP29, y saludadas inmediatamente por las protestas de varios países del Sur global, parecen totalmente desconectadas de la realidad social del cambio climático.
Choque por la financiación climática
En Bakú, Chris Bowen, ministro de Ecología de Australia, y su homóloga egipcia, Yasmine Fouad, fueron los encargados de dirigir el debate clave de la COP29: alcanzar un acuerdo sobre un nuevo objetivo de financiación climática para ayudar a los países del Sur a hacer frente al calentamiento global: el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG). Los países del Sur son los que menos gases de efecto invernadero emiten, pero los más vulnerables a los efectos del cambio climático.
En 2009, en la COP15 de Copenhague (Dinamarca), las naciones más ricas se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares anuales para los países más pobres a más tardar en 2020. Según la OCDE, esta financiación se logró con dos años de retraso.
Al término de la COP29, los países llamados desarrollados, en particular Estados Unidos, Canadá, Japón y los Estados miembros de la Unión Europea (UE), prometieron esta vez conceder a las naciones del Sur al menos 300.000 millones de dólares anuales de aquí a 2035. Se trata de una suma mísera si se tienen en cuenta las necesidades de los países pobres que están soportando todo el peso de la intensificación del caos climático, mientras que 2024 ya se perfila como el año más caluroso jamás registrado.
A modo de ejemplo, India pidió a los países industrializados que aportaran al menos un billón de dólares anuales en financiación climática a partir de 2025. Y el grupo de países africanos abogó por una NCQG de 1,3 billones de dólares al año.
Sus demandas se basaban en los cálculos de un grupo de expertos encargado por la ONU, el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiación Climática. En un informe publicado el 14 de noviembre, se estimaba que, excluyendo a China, el Sur global necesita un billón de dólares de ayuda climática al año hasta 2030, y luego un billón 300 mil millones hasta 2035.
Estados Unidos y la UE, emisores históricos de gases de efecto invernadero, prefirieron presionar en las negociaciones para que contribuyan también los grandes contaminadores climáticos actuales, como China, o países con una capacidad financiera considerable, como los Estados del Golfo. “El mundo ha cambiado desde 1992 [fecha de la cumbre de Río, que posteriormente lanzó la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático - nota del editor] y las contribuciones deben reflejar al máximo la realidad económica y la realidad de las emisiones acumuladas de cada país”, explicó el 20 de noviembre Agnès Pannier-Runacher, ministra francesa de Transición Ecológica.
Al final, el texto del NCQG alude brevemente a esta ampliación de los Estados contribuyentes, al “animar a los países en desarrollo” a aportar financiación para el clima “de forma voluntaria”. Y un párrafo “pide a todos los actores que trabajen juntos” para lograr, a través de “todas las fuentes públicas y privadas”, al menos 1.300.000 millones de dólares anuales en ayuda al clima de aquí a 2035.
El 24 de noviembre, Laurence Tubiana, una de las artífices del acuerdo climático de París de 2015, afirmó que “el acuerdo sobre financiación climática no es tan ambicioso como exige el momento”. “La COP29 fue un auténtico desastre y un fracaso total para la justicia climática”, resumió Gaïa Febvre, responsable de políticas internacionales de la Red de Acción por el Clima.
Tina Stege, enviada especial para el clima de las Islas Marshall, uno de los países más amenazados por el cambio climático, se mostró indignada: “Hemos visto lo peor del oportunismo político en esta COP, jugando con las vidas de las personas más vulnerables del mundo. Ningún país ha conseguido todo lo que quería, y nos vamos de Bakú con una montaña de trabajo por hacer”, concluyó Simon Stiell, Secretario Ejecutivo de ONU Clima, en la sesión de clausura de la COP29.
La imposible transición hacia el abandono de los combustibles fósiles
El año pasado, en la COP28 de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), por primera vez en la historia de las cumbres sobre el clima, los gobiernos hicieron un tímido “llamamiento a una transición para abandonar los combustibles fósiles”. Esta débil señal política para abandonar el carbón, el petróleo y el gas –cuya combustión es responsable de cerca del 90% de las emisiones mundiales de CO2– no se reafirmó en los textos adoptados por la COP29. Sobre todo en el llamado Diálogo de los Emiratos Árabes Unidos, que se supone debe poner en práctica las decisiones ratificadas en la última COP. Arabia Saudí se mostró especialmente activa en los pasillos de las negociaciones para torpedear cualquier mención al fin de los combustibles fósiles.
Mientras tanto, en medio de estos debates, los líderes del G20 se reunieron los días 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro (Brasil). Desde Bakú, los negociadores esperaban que esta reunión de las principales potencias mundiales inyectara cierto ímpetu político a la reunión de la ONU. En vano. En su declaración final, el G20 sí insistió en la necesidad de reformar los bancos multilaterales de desarrollo en respuesta a la crisis climática, y en el objetivo de cooperar en el futuro para gravar a las mayores fortunas del mundo. Pero en ningún momento se mencionó la necesidad de abandonar los combustibles fósiles.
La decepción final son las “contribuciones determinadas a nivel nacional”. Estas hojas de ruta quinquenales para la acción climática de cada país deben revisarse y presentarse a más tardar en febrero de 2025. Lo que está en juego es enorme: a finales de octubre, la Organización de las Naciones Unidas para el Clima calculó que todos los planes climáticos actualmente en vigor sólo conseguirán reducir nuestras emisiones en un 2,6% de aquí a 2030, en comparación con 2019. Esto contrasta con la reducción del 43% necesaria para mantener el calentamiento global por debajo de +1,5°C.
Al inicio de la COP, el Reino Unido presentó un nuevo plan muy ambicioso, con el objetivo de reducir las emisiones en un 81% para 2035, en comparación con los niveles de 1990. A continuación, Brasil anunció una hoja de ruta igual de alentadora, con el objetivo de reducir sus emisiones netas entre un 59% y un 67% de aquí a 2035, en comparación con los niveles de 2005.
Pero el entusiasmo mostrado por los gobiernos por la acción climática se desvaneció rápidamente, porque “la señal política sobre la necesidad de planes climáticos sólidos no fue lo suficientemente fuerte”, afirma Marta Torres Gunfaus, del IDDRI. “Las contribuciones determinadas a nivel nacional se desconectaron rápidamente de los debates sobre las NCQG...”.
Un modelo en las últimas
Además, esta COP habrá estado marcada una vez más por la presencia masiva de grupos de presión de las industrias contaminantes. Mediapart contabilizó que cerca de 200 emisarios de las multinacionales del petróleo, el gas y el carbón se habían acreditado en Bakú. Y la coalición de ONG Kick Big Polluters Out reveló que al menos 1.773 grupos de presión de combustibles fósiles se habían inscrito.
Por último, tras Egipto y Emiratos Árabes Unidos, éste ha sido el tercer año consecutivo en el que la cumbre del clima ha tenido como anfitrión a un país en el que las libertades de expresión y manifestación se han visto especialmente restringidas. A finales de octubre, cinco relatores especiales de Naciones Unidas y de instituciones regionales se mostraron alarmados por la ola de feroz represión contra los defensores de los derechos humanos en Azerbaiyán.
Por sus decisiones tomadas por consenso y por su formato, que las asemeja cada vez más a ferias de buenas intenciones, las COP están más que nunca sin aliento. Peor aún, al condenar al fracaso la justicia climática, no hacen sino prolongar la violencia colonial de los países industriales del Norte hacia el Sur global.
Con nuestro planeta abocado a un calentamiento global de +3,1°C de aquí a finales de siglo, y con 2024 perfilándose ya como el año más caluroso jamás registrado, la próxima COP, que se celebrará en noviembre de 2025 en Belém (Brasil), tendrá la onerosa tarea de dar un nuevo impulso político a la diplomacia climática. Y conjurar la implacable realidad de que desde la primera COP, celebrada en Berlín en 1995, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero han aumentado inexorablemente."
( Mickaël Correia (Mediapart), InfoLibre, 24/11/24)
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