"El devastador fenómeno meteorológico que azotó València y los pueblecitos de alrededor (con precipitaciones sin precedentes incluso para una zona donde las lluvias torrenciales son bien conocidas) tiene sus raíces en los cambios generados por un desarrollo capitalista totalmente sordo a las necesidades de protección del medio ambiente, como bien explican los estudiosos del tema.
Pero una vez despejado el campo de reconstrucciones conspirativas, que no por casualidad re-proponen acríticamente el modelo capitalista, la responsabilidad del gobierno de la Generalitat Valenciana (unicolor Partido Popular de la Comunitat Valenciana) en la gestión de la emergencia y en su trágico y aún provisional balance es evidente. En otras palabras, si el fenómeno meteorológico era inevitable, la masacre podría haberse evitado. Pero la actuación del gobierno de Mazón agravó la situación.
La Agencia Española de Fenómenos Atmosféricos (AEMET) predijo el fenómeno atmosférico ya el viernes 25 de octubre. El lunes 28 advirtió del riesgo de posibles inundaciones. Durante la mañana del martes 29, la AEMET emitió repetidamente varios boletines (a las 7h, 8h, 9h y 9h20) instando a la población a no salir y a tomar precauciones abandonando las zonas inundadas. Como consecuencia, algunas instituciones públicas suspendieron sus actividades, como fue el caso de la Autoridad Portuaria. La Universitat de València ya había suspendido la docencia el día anterior.
Sin embargo, el presidente Mazón no sólo hizo caso omiso de las advertencias de la AEMET, cada vez más preocupantes a medida que avanzaba la mañana, sino que a las 13 horas hizo unas declaraciones en las que afirmaba que no existía riesgo hidrogeológico y que, por tanto, no era necesario tomar ninguna medida especial.
Pocos minutos después, el agua inundó las calles de algunos pueblos de la provincia, llevándose por delante coches y personas. En las horas siguientes, la situación se fue agravando, pero la alerta enviada por SMS desde el gobierno de la Generalitat a los ciudadanos no llegó hasta las 20.00 horas, cuando ya había muertos en las calles.
Tras la declaración de la 1 de la tarde, posteriormente borrada de sus redes sociales, Mazón y su gobierno desaparecieron, dejando a la población a merced de las inundaciones. Muchos han denunciado la incompetente infravaloración del riesgo, pero en el comportamiento de Mazón subyace un cálculo razonado mucho más serio: para el gobierno regional del PPCV, la actividad económica está por encima de la vida de la población y no puede detenerse ni siquiera ante una catástrofe inminente.
La supremacía del capital es la seña de identidad de la Unión Europea, y tanto el gobierno de Mazón como las grandes empresas del País Valencià no son una excepción.
Según numerosos testimonios en los almacenes y tiendas de Inditex, Mercadona, Carrefour, Transfesa... los trabajadores se vieron obligados a comenzar sus turnos o a permanecer en el trabajo incluso después de la alarma tardía enviada por SMS a las 8 de la tarde.
Y prueba de que la supremacía de las empresas es un principio compartido ahora incluso por la «izquierda» estatal, son las palabras pronunciadas por la vicepresidenta del Gobierno español. Yolanda Díaz se limitó a recomendar a las empresas que «respeten las normas», trasladando por completo a los trabajadores la responsabilidad de ir o no a trabajar en estos trágicos días. Una postura cuanto menos decepcionante para el Gobierno que se autodefine como «el más progresista de la historia de España».
Los más de 200 muertos (cifra aún provisional), los 1900 desaparecidos y los destrozos materiales exigen medidas bien distintas. Según la Candidatura d'Unitat Popular, es necesario un decreto que declare el estado de emergencia y suspenda todas las actividades productivas no esenciales. Otras fuerzas políticas y sindicales, como Compromís, han pedido la dimisión de Mazón, mientras que la indignación y el enfado popular se hicieron patentes este domingo en Paiporta, uno de los municipios más afectados por la tragedia.
(...) la Fiscalía, organismo dependiente del Gobierno central, no ha abierto hasta ahora ninguna investigación sobre las responsabilidades de Mazón y las grandes empresas."
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