"Se trata de uno de los contratos de obra más cuantiosos de los aprobados por la Generalitat Valenciana tras el paso de la dana, porque afecta a una infraestructura esencial para toda la comunitat. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la empresa que gestiona Metrovalencia, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, y presidida por su titular, Vicente Martínez Mus, ha adjudicado mediante contrato de emergencia la reconstrucción y el acondicionamiento de la estación de València Sud a la empresa Rover Rail. La constructora recibirá para ello 15,9 millones de euros del gobierno autonómico a dedo. Rover Rail, filial del Grupo Rover (anteriormente denominado Rover Alcisa), se salvó de una condena por financiación ilegal del PP en las municipales de 2007 porque, en el momento que cedió fondos a ese partido, ese delito todavía no estaba recogido en el Código Penal.
Rover Alcisa apareció el pasado 30 de julio en la sentencia delcaso Taula como una de las empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia que financiaron al PP para su campaña en las elecciones municipales de 2007. Según la resolución de la Audiencia de Valencia, que condenó a cuatro años y medio de prisión al exvicealcalde Alfonso Grau, mano derecha de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá (PP), el grupo realizó dos transferencias a la empresa Lanterne Product Council –la sociedad pantalla de la que Grau se sirvió para cometer sus delitos– de 34.800 euros sin justificar ningún tipo de contraprestación a cambio. Lo hizo, según la sentencia, para "significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal", a fin de "apoyar que la candidatura del Partido Popular siguiera gobernando (...) y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, delas empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales".
Esos pagos, continúa la resolución, se hicieron a petición de Grau, "quien se prevalió de la posición que ocupaba como teniente de alcalde del Ayuntamiento para conseguir aportaciones económicas de las empresas que mantenían relaciones económicas con la corporación local por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con el Ayuntamiento". Según los magistrados, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de financiación ilegal del 304 bis del Código Penal. Ese precepto castiga "la recepción de de donaciones o aportaciones destinadas a un partido político" que infrinjan la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Esta última norma establece que las formaciones no pueden aceptar "ni donaciones anónimas, finalistas o revocables, ni procedentes de una misma persona y por encima de 50.000 euros anuales, ni procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica". Las sanciones afectan tanto al que recibe el dinero como al que lo entrega.
La cantidad aportada por Rover Alcisa fue de 69.600 euros, pero sus gestores se libraron del delito porque a la fecha de las campañas para las elecciones municipales de 2007 y 2011, ese delito electoral no estaba vigente. La aparición del grupo constructor en el caso saltó a los medios después de que el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa iniciara su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y declarara que el presidente del Grupo, Alfredo Rodríguez Verdugo (ahora también administrador único de Rover Rail) como uno de los empresarios que inflaban las cuentas del PP. Tras su señalamiento en casos de corrupción de ese partido como Gürtel y después Taula, Rover Alcisa cambió en 2019 su denominación para pasar a llamarse Grupo Rover. También reorganizó sus áreas de negocio, una de las cuales fue Rover Rail, la adjudicataria de la reconstrucción de la estación tras el paso de la dana.
A sólo 1.200 metros del barranco del Poyo
La estación de València Sud es la sede de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). Se encuentra a solo 1.200 metros del barranco del Poyo que se desbordó el pasado 29 de octubre hasta el punto de devastar el puesto de mando de la red de Metrovalencia. Se trata del único lugar desde el que se gestiona de forma centralizada la explotación de todas las líneas de metro, cercanías y tranvía de la empresa pública en la provincia de València, "sin el cuál se hace imposible la continuidad del servicio esencial de transporte de viajeros que FGV gestiona como administrador de infraestructuras ferroviarias y operador ferroviario", dice el contrato, firmado con la constructora el 12 de noviembre.
Los trabajos incluyen "la inspección del conjunto de las vías" de la estación, la retirada de los trenes que quedaron allí parados, su separación por vagones y traslado al desguace, "la retirada de las vías", la "rehabilitación de la plataforma", el "acondicionamiento de los andenes, asegurar que la totalidad de las vías está "en condiciones de puesta y servicio" una vez finalizados los trabajos, siempre "con máxima calidad en su ejecución, en los materiales empleados y en el empleo de maquinaria más adecuada en cada caso". El plazo de ejecución de las obras adjudicadas a Rover Rail es de siete meses desde la firma del contrato. El documento advierte de que "no se dispone de un proyecto constructivo o pliego de condiciones técnicas" para valorar los trabajos detalladamente, lo que conlleva "que los trabajos de campo para la definición del alcance de la prestación han de realizarse simultáneamente al desarrollo" de la obra, al tratarse de "una actuación de emergencia".
FGV elige para esa obra crítica a Rover Rail por "estar en disposición de facilitar las clasificaciones empresariales necesarias en la especialidad ferroviaria requeridas para realizar estas actuaciones". También por su "capacidad para iniciar los trabajos de forma inmediata con disposición de maquinaria, medios humanos cualificados y por la experiencia atribuida en la ejecución de esta tipología de trabajos". "Se trata de una empresa cuya solvencia ante la administración está constatada, además de ser conocedora delas instalaciones de referencia y haber ejecutado obras en FGV de renovación de vía e infraestructura (...) aspecto que ayuda y facilita, enormemente, la labor a realizar en estos momentos excepcionales", establece el contrato." (Manuel Altozano, InfoLibre, 20/11/24)
Rover Alcisa apareció el pasado 30 de julio en la sentencia delcaso Taula como una de las empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia que financiaron al PP para su campaña en las elecciones municipales de 2007. Según la resolución de la Audiencia de Valencia, que condenó a cuatro años y medio de prisión al exvicealcalde Alfonso Grau, mano derecha de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá (PP), el grupo realizó dos transferencias a la empresa Lanterne Product Council –la sociedad pantalla de la que Grau se sirvió para cometer sus delitos– de 34.800 euros sin justificar ningún tipo de contraprestación a cambio. Lo hizo, según la sentencia, para "significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal", a fin de "apoyar que la candidatura del Partido Popular siguiera gobernando (...) y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, delas empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales".
Esos pagos, continúa la resolución, se hicieron a petición de Grau, "quien se prevalió de la posición que ocupaba como teniente de alcalde del Ayuntamiento para conseguir aportaciones económicas de las empresas que mantenían relaciones económicas con la corporación local por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con el Ayuntamiento". Según los magistrados, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de financiación ilegal del 304 bis del Código Penal. Ese precepto castiga "la recepción de de donaciones o aportaciones destinadas a un partido político" que infrinjan la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Esta última norma establece que las formaciones no pueden aceptar "ni donaciones anónimas, finalistas o revocables, ni procedentes de una misma persona y por encima de 50.000 euros anuales, ni procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica". Las sanciones afectan tanto al que recibe el dinero como al que lo entrega.
La cantidad aportada por Rover Alcisa fue de 69.600 euros, pero sus gestores se libraron del delito porque a la fecha de las campañas para las elecciones municipales de 2007 y 2011, ese delito electoral no estaba vigente. La aparición del grupo constructor en el caso saltó a los medios después de que el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa iniciara su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y declarara que el presidente del Grupo, Alfredo Rodríguez Verdugo (ahora también administrador único de Rover Rail) como uno de los empresarios que inflaban las cuentas del PP. Tras su señalamiento en casos de corrupción de ese partido como Gürtel y después Taula, Rover Alcisa cambió en 2019 su denominación para pasar a llamarse Grupo Rover. También reorganizó sus áreas de negocio, una de las cuales fue Rover Rail, la adjudicataria de la reconstrucción de la estación tras el paso de la dana.
A sólo 1.200 metros del barranco del Poyo
La estación de València Sud es la sede de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). Se encuentra a solo 1.200 metros del barranco del Poyo que se desbordó el pasado 29 de octubre hasta el punto de devastar el puesto de mando de la red de Metrovalencia. Se trata del único lugar desde el que se gestiona de forma centralizada la explotación de todas las líneas de metro, cercanías y tranvía de la empresa pública en la provincia de València, "sin el cuál se hace imposible la continuidad del servicio esencial de transporte de viajeros que FGV gestiona como administrador de infraestructuras ferroviarias y operador ferroviario", dice el contrato, firmado con la constructora el 12 de noviembre.
Los trabajos incluyen "la inspección del conjunto de las vías" de la estación, la retirada de los trenes que quedaron allí parados, su separación por vagones y traslado al desguace, "la retirada de las vías", la "rehabilitación de la plataforma", el "acondicionamiento de los andenes, asegurar que la totalidad de las vías está "en condiciones de puesta y servicio" una vez finalizados los trabajos, siempre "con máxima calidad en su ejecución, en los materiales empleados y en el empleo de maquinaria más adecuada en cada caso". El plazo de ejecución de las obras adjudicadas a Rover Rail es de siete meses desde la firma del contrato. El documento advierte de que "no se dispone de un proyecto constructivo o pliego de condiciones técnicas" para valorar los trabajos detalladamente, lo que conlleva "que los trabajos de campo para la definición del alcance de la prestación han de realizarse simultáneamente al desarrollo" de la obra, al tratarse de "una actuación de emergencia".
FGV elige para esa obra crítica a Rover Rail por "estar en disposición de facilitar las clasificaciones empresariales necesarias en la especialidad ferroviaria requeridas para realizar estas actuaciones". También por su "capacidad para iniciar los trabajos de forma inmediata con disposición de maquinaria, medios humanos cualificados y por la experiencia atribuida en la ejecución de esta tipología de trabajos". "Se trata de una empresa cuya solvencia ante la administración está constatada, además de ser conocedora delas instalaciones de referencia y haber ejecutado obras en FGV de renovación de vía e infraestructura (...) aspecto que ayuda y facilita, enormemente, la labor a realizar en estos momentos excepcionales", establece el contrato." (Manuel Altozano, InfoLibre, 20/11/24)
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