"La pregunta más importante que deberíamos plantearnos tras la destitución la semana pasada de Karim Khan como fiscal jefe de la CPI —el tribunal internacional para los crímenes de guerra con sede en La Haya— no es si es culpable de «conducta sexual inapropiada» contra otra miembro del personal, identificada como «Sarah».
Eso solo puede decidirse mediante un proceso judicial —un proceso que, cabe señalar, ya ha tenido lugar—. Un órgano de investigación llevó a cabo una exhaustiva investigación de las denuncias de Sarah durante más de un año; sus miles de páginas de pruebas fueron evaluadas posteriormente en detalle por tres jueces de alto rango.
Aunque la cobertura mediática no lo refleje, concluyeron que no había pruebas que sugirieran ningún tipo de conducta indebida por parte de Khan, ya fuera de carácter sexual o de otro tipo.
Curiosamente, esa conclusión quedó ampliamente confirmada por una «entrevista exclusiva» de la CNN con Sarah, emitida a principios de este mes y caracterizada por un tono extraordinariamente deferente.
Ella se negó a dar detalles significativos sobre lo que, según ella, Khan le había hecho sufrir, y la famosa entrevistadora Christiane Amanpour evitó delicadamente presionarla para obtener alguna aclaración.
No importa. El propósito de la entrevista de la CNN nunca fue desentrañar los hechos. Estaba diseñada para ofrecer una coartada que salvara las apariencias, ya que un órgano de carácter totalmente político denominado Asamblea de los Estados Partes —integrada por representantes diplomáticos de los 125 Estados miembros de la CPI— ignoró por completo las conclusiones jurídicas y destituyó a Khan.
Paradójicamente, fue la propia Asamblea de los Estados Miembros la que nombró a los jueces que habían concluido que no había pruebas de conducta indebida ni de incumplimiento del deber por parte de Khan. Esa sentencia incómoda fue simplemente revocada, a pesar de que los miembros de la Asamblea no estaban en condiciones de evaluar las pruebas por sí mismos.
No debemos olvidar que muchos de estos Estados tienen interés en debilitar al único tribunal internacional capaz de llevar a juicio a sus propios altos cargos por crímenes de guerra.
En mayo de 2024 —poco antes de que Sarah formulara sus acusaciones—, la CPI demostró que por fin estaba preparada para enjuiciar a líderes occidentales por crímenes de guerra, y no solo a los del Sur Global o a los enemigos oficiales de Occidente, como el ruso Vladímir Putin.
Khan dictó una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Ambos están acusados de crímenes contra la humanidad por someter al pueblo de Gaza a una situación de hambre mediante un bloqueo prolongado de alimentos, agua y electricidad.
Si Netanyahu llegara a ser juzgado —y declarado culpable, como sin duda ocurriría—, muchos otros líderes tendrían motivos de sobra para temer que ellos fueran los siguientes en ser declarados culpables, sobre todo por su complicidad en la matanza masiva de palestinos en Gaza perpetrada por Israel.
La pregunta que hay que responder ahora no es si Khan es culpable de conducta indebida —eso ya se ha decidido a nivel político, no jurídico—. No, necesitamos una respuesta a una pregunta igualmente política y mucho más inquietante.
«Cui bono?» O «¿A quién beneficia?»
Las pruebas están a la vista de todos. Se revelan tanto en el proceso profundamente politizado que condujo a la caída de Khan como en lo que ese proceso significa para el futuro de la Corte.
Guerra encubierta
Khan no es el primer fiscal jefe de la CPI que se enfrenta a presiones extremas —y, al igual que en su caso, esas presiones salieron a la luz precisamente en el momento en que su predecesor intentó enfrentarse a Israel por sus crímenes de guerra—.
Fatou Bensouda se enfrentó a una «guerra encubierta» librada contra ella por Israel durante la mayor parte de una década, según una investigación de *The Guardian* de mayo de 2024, justo cuando Khan dictó su orden de detención contra Netanyahu.
El informe de The Guardian, publicado casi tres años después de que Bensouda hubiera concluido su mandato de nueve años en la CPI, reveló que, durante ese tiempo, había sufrido amenazas contra su persona y su familia, el control de sus comunicaciones y una visita intimidatoria a su domicilio.
Más recientemente, Bensouda ha confirmado estos hechos en una entrevista con Al Jazeera. Bensouda señala que denunció en repetidas ocasiones la campaña de intimidación de Israel ante las autoridades neerlandesas, pero estas no hicieron nada para investigar las amenazas ni para protegerla.
Asimismo, afirma que «ellos» —a los que no nombra— le advirtieron de que estaba yendo demasiado lejos en la investigación de los crímenes israelíes y de que «podría sufrir daños o ser asesinada, o que algún miembro de su familia pudiera sufrir algún tipo de daño».
La campaña de amenazas —instigada por Yossi Cohen, entonces director de la agencia de espionaje israelí, el Mossad— se intensificó cuando Bensouda se planteaba si abrir una investigación formal sobre los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por Israel en los territorios palestinos ocupados ilegalmente.
Debemos recordar que los crímenes de Israel contra el pueblo palestino son anteriores —por décadas— al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. De hecho, aunque se supone que nadie debe mencionarlo, los continuos crímenes de ocupación de Israel son la causa evidente de ese ataque de Hamás.
Una fuente israelí declaró a The Guardian que «el objetivo del Mossad era comprometer a la fiscal o reclutarla para que cooperara con las exigencias de Israel» —es decir, archivar la investigación de la CPI sobre los crímenes israelíes—. Otra fuente admitió que Cohen actuaba siguiendo instrucciones de Netanyahu.
Según se informa, durante uno de los contactos, Cohen profirió una amenaza al estilo de la mafia contra Bensouda: «No le conviene meterse en asuntos que puedan comprometer su seguridad o la de su familia».
The Guardian informó de que el Mossad «mostró un gran interés por los familiares de Bensouda y obtuvo transcripciones de grabaciones secretas de su marido, según dos fuentes con conocimiento directo de la situación. A continuación, funcionarios israelíes intentaron utilizar ese material para desacreditar a la fiscal».
El periódico también señaló que existía el temor entre altos cargos de la CPI de que «Israel hubiera cultivado fuentes dentro de la división de la fiscalía de la Corte» —la división que Khan heredaría de Bensouda—.
Se describió a Cohen como alguien que «acosaba» a Bensouda y que, personalmente, le tendió una «emboscada» en una habitación de hotel de Nueva York en 2018. Posteriormente, la llamó por teléfono en repetidas ocasiones, con un tono amenazante que, según se afirma, se fue intensificando con el tiempo. Cuando Bensouda le preguntó a Cohen cómo había obtenido su número de teléfono, este supuestamente respondió: «¿Se ha olvidado de a qué me dedico?».
Según The Guardian:
En una ocasión, se dice que Cohen mostró a Bensouda copias de fotografías de su marido, tomadas de forma encubierta cuando la pareja visitaba Londres. En otra ocasión, según las fuentes, Cohen sugirió a la fiscal que la decisión de abrir una investigación en toda regla sería perjudicial para su carrera.
Entre 2019 y 2020, el Mossad había estado buscando activamente información comprometedora sobre la fiscal y se interesó por los miembros de su familia.
La agencia de espionaje obtuvo una gran cantidad de material, incluidas transcripciones de lo que parecía ser una operación encubierta contra su marido.
Israel utilizó ese material para lanzar una «campaña de calumnias» contra ella, aunque finalmente resultó infructuosa.
Reacción concertada
Cuando el Sr. Khan asumió el cargo de fiscal jefe de la CPI en junio de 2021, se mostró reacio a retomar el caso de Palestina tal y como lo había dejado la Sra. Bensouda. Es de suponer que era muy consciente de las represalias de Israel contra ella.
La Sra. Bensouda había anunciado en diciembre de 2019 que disponía de motivos para abrir una investigación penal completa sobre las denuncias de crímenes de guerra en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.
Sin embargo, ante una reacción concertada por parte de los Estados occidentales, retrasó la apertura de la investigación. En primer lugar, solicitó un dictamen a una sala de instrucción de la CPI —presumiblemente con la esperanza de que sirviera como una especie de póliza de seguro— sobre si la Corte tenía jurisdicción sobre los territorios palestinos ocupados.
En febrero de 2021, los jueces confirmaron lo que ya era evidente por sí mismo: la Corte sí tenía dicha jurisdicción, ya que Palestina era parte de la Corte desde 2015.
Bensouda dimitió unos meses más tarde.
La puerta estaba ahora abierta para que Khan procesara a funcionarios israelíes por crímenes de guerra. Sin embargo, el nuevo fiscal jefe daba todas las señales —quizá de forma comprensible— de preferir quedarse de brazos cruzados.
No era solo Israel quien se había opuesto con vehemencia a que sus funcionarios fueran juzgados por crímenes de guerra. Washington estaba igualmente indignado ante esa perspectiva —a veces, al parecer, más incluso que ante la posibilidad de que funcionarios estadounidenses pudieran enfrentarse también a órdenes de detención por delitos cometidos por el ejército de EE. UU. en Afganistán e Irak.
Entre 2019 y 2020, durante el primer mandato presidencial de Trump, EE. UU. impuso severas restricciones de visado y sanciones económicas a Bensouda. Mike Pompeo, entonces secretario de Estado de EE. UU., relacionó las sanciones con el caso de Palestina: «Está claro que la CPI solo está poniendo a Israel en [su] punto de mira con fines abiertamente políticos».
Es muy posible que Khan hubiera evitado perseguir a Israel indefinidamente de no ser por los acontecimientos que siguieron al 7 de octubre de 2023.
La matanza masiva de civiles palestinos en Gaza por parte de Israel, la devastación de las viviendas y las infraestructuras del enclave, y el hambre a la que se sometió a toda la población fueron acciones tan criminalmente abominables que las agencias de la ONU, las principales organizaciones de derechos humanos y los estudiosos del Holocausto coincidieron pronto en que constituían un genocidio.
En mayo de 2024, Khan anunció órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, así como contra tres líderes de Hamás que posteriormente fueron asesinados por Israel.
Una avalancha de amenazas
Poco antes de que Khan hiciera ese anuncio, doce senadores estadounidenses de alto rango habían enviado una carta amenazante a la CPI: «Si se dirigen contra Israel, nosotros nos dirigiremos contra ustedes». La carta concluía: «Quedan advertidos».
Al describir la soberanía israelí y la estadounidense como inseparables, los senadores recordaron a Khan que Washington había demostrado «hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger [nuestra] soberanía».
Una ley de 2002, conocida popularmente como «Ley de Invasión de La Haya», autoriza al presidente de EE. UU. «a utilizar todos los medios necesarios y apropiados» para lograr la liberación de ciudadanos estadounidenses y de cualquier aliado encarcelado o detenido por la CPI. Entre esos aliados, huelga decirlo, se incluyen los líderes israelíes.
Cabe señalar que tales amenazas constituyen una violación del artículo 70 del Estatuto de Roma.
Tras la emisión de las órdenes de detención, se produjo una avalancha de amenazas similares —y, presumiblemente, otras que aún no se han hecho públicas— contra Khan y la CPI.
Un abogado británico-israelí que trabajaba en la CPI —del que se sabe que tiene vínculos con el asesor jurídico de Netanyahu— advirtió a Khan de que «le destruirán a usted y destruirán la corte» si no se revocaban las órdenes de detención. Instó a Khan a «bajarse del árbol» y archivar el caso.
El entonces ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, llamó por teléfono a Khan para comunicarle que el Reino Unido retiraría la financiación a la Corte y se retiraría del Estatuto de Roma por el que se fundó la CPI si Khan no daba marcha atrás.
Cameron advirtió a Khan de que estaba «a punto de cometer un error garrafal» y le instó a «dar un paso atrás y reflexionar sobre la situación». Añadió que solicitar órdenes de detención contra funcionarios israelíes equivalía a «lanzar una bomba de hidrógeno».
Mientras tanto, Trump emitió una orden ejecutiva por la que imponía agresivas sanciones financieras contra Khan y otros funcionarios de la CPI, incluidos varios de sus jueces.
El propio Khan recibió advertencias de que el Mossad israelí continuaba con sus operaciones en La Haya, donde tiene su sede la CPI, para vigilar y comprometer a los investigadores de la Corte mientras recopilaban pruebas sobre Israel —tal y como ya había hecho anteriormente bajo el mandato de Bensouda—.
Khan declaró públicamente que las amenazas de represalias y la intimidación se dirigían explícitamente contra miembros de su propia familia.
Criminales intocables
¿Qué conclusiones debemos extraer de todo esto?
Dejando a un lado la cuestión de si las acusaciones de «conducta sexual inapropiada» formuladas por Sarah son ciertas o no, está claro que Israel y Estados Unidos han estado buscando trapos sucios —y, al parecer, están dispuestos a inventárselos— sobre cualquier fiscal jefe que intente hacerles rendir cuentas por sus crímenes.
Ambos han indicado que están dispuestos a manipular los procesos jurídicos y políticos para garantizar el resultado que desean: seguir siendo intocables.
Tenemos un precedente de cómo se desarrolla todo esto. Julian Assange, fundador del sitio web de denuncia de irregularidades Wikileaks, publicó en 2010 detalles sobre los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y el Reino Unido en Afganistán e Irak. Casi de inmediato se vio envuelto en acusaciones de delitos sexuales —en su caso, en Suecia— que fueron amplificadas de manera similar por unos medios de comunicación occidentales acríticos.
Assange se enfrentó a años de diversas formas de confinamiento, mientras que EE. UU. y el Reino Unido presionaron a Suecia para que mantuviera abierta una investigación en su contra que los fiscales suecos intentaron archivar al menos en dos ocasiones por falta de pruebas creíbles.
De hecho, EE. UU. y el Reino Unido nunca quisieron que se examinaran las pruebas —les convenía perfectamente una «investigación» permanente y sin resolver— precisamente porque sabían que era poco probable que resistiera el escrutinio judicial.
El objetivo era simplemente generar titulares constantes sobre «violación», convertir a Assange en un paria, justificar su desaparición efectiva de la vida pública, debilitar gravemente a Wikileaks como plataforma de denuncia de irregularidades, desviar la atención de los delitos, de lo más reales, cometidos por Estados Unidos y el Reino Unido, y allanar el camino para un juicio político espectáculo con el fin de extraditarlo a Estados Unidos bajo cargos de «espionaje» totalmente inventados.
Esto se ha repetido en el caso de Khan y la CPI. En el caso de Khan, las pruebas fueron examinadas y se consideraron insuficientes. Por lo tanto, el proceso judicial ha sido sustituido por uno flagrantemente político.
Khan se ha convertido en un paria legal, e incluso el Colegio de Abogados británico le ha privado de su derecho a ejercer como abogado en el Reino Unido.
La CPI se ha visto aún más debilitada, tal y como Israel y EE. UU. han manifestado expresamente que deseaban que ocurriera. Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, ha lanzado recientemente una campaña oficial para desmantelar la CPI «ladrillo a ladrillo».
Afirma: «Ahora ellos [la CPI] van a ver las consecuencias». ¿Consecuencias de qué? De intentar hacer cumplir el derecho internacional frente a un Estado cliente clave de EE. UU.
Mientras tanto, la rendición de cuentas por los crímenes, de lo más reales, que está cometiendo Israel en Gaza, el Líbano y Cisjordania —y que cuentan con el apoyo activo de Estados occidentales como EE. UU., Alemania y el Reino Unido— queda aún más relegada a un segundo plano.
A medida que se desmantela cada ladrillo que protege a la CPI, se añade un ladrillo al muro de protección que rodea a Netanyahu y a la maquinaria de guerra genocida de Israel.
Israel, por su parte, apenas oculta que ha estado dirigiendo la campaña para destruir la CPI.
Según Guy Azriel, corresponsal diplomático de i24 News, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, «supervisó un grupo de trabajo específico y llevó a cabo intensos esfuerzos diplomáticos destinados a garantizar la destitución de Khan».
Hillel Neuer, director del grupo apologista de Israel «United Nations Watch», celebró lo que denominó «nuestra campaña para destituir» a Khan, y advirtió a Francesca Albanese, la experta jurídica de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados: «usted es la siguiente».
Al igual que Khan, Albanese ha estado buscando vías prácticas y legales —no solo retórica— para exigir responsabilidades a Israel y a sus aliados occidentales por los crímenes cometidos en Gaza.
Estados depredadores
La CPI afirma que su labor no se verá afectada por la destitución de Khan y que las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant seguirán su curso bajo la nueva dirección. Esto parece dudoso.
Israel y EE. UU. están intensificando la intimidación contra la CPI, que carece de herramientas —más allá del apoyo de los Estados miembros— para hacer cumplir sus resoluciones o protegerse de la hostilidad de una superpotencia sin escrúpulos.
En la actualidad, la Corte parece paralizada, lo que permite a Israel enturbiar las aguas con apelaciones interminables y vejatorias contra las órdenes de detención.
Cualquier jurista que asuma el cargo de fiscal jefe de la CPI será muy consciente del destino que corrió Khan y de la campaña de intimidación contra Bensouda tan pronto como ambos intentaron exigir responsabilidades a Israel y a sus patrocinadores occidentales.
Se necesitará una persona verdaderamente valiente para retomar esa tarea. El sucesor de Khan comprenderá que, en cualquier nuevo enfrentamiento con Israel y Washington, Estados Unidos no dudará en aplastar a la CPI y, con ello, eliminar el único freno efectivo a la criminalidad de los Estados poderosos.
Sin embargo, lo más probable es que la Asamblea de los Estados Partes —el órgano político que destituyó a Khan— exija en privado a su sucesor garantías de que el nuevo fiscal jefe se someterá de forma fiable al principio de la impunidad israelí y occidental. Solo alguien menos dispuesto a crear malestar tiene alguna posibilidad de ser nombrado.
Ese fue el mensaje más claro que envió la Asamblea cuando una mayoría de los Estados miembros votó a favor de destituir a Khan. El efímero experimento de crear un mecanismo para hacer cumplir el derecho internacional ha llegado a su fin. Hemos vuelto a la ley de la selva.
Cientos de miles de personas en todo el mundo —probablemente millones— se verán ahora aún más expuestas a las acciones delictivas de los Estados depredadores. A diferencia del acusador de Khan, es poco probable que lleguen a tener su día en los tribunales."
(Jonathan Cook, blog , 30/07/26 , traducción Salvador L. Arnal)
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