Etiopía ratificó una legislación que les da a los refugiados derechos sin precedentes, incluido el derecho a buscar empleo y educación, y a moverse libremente fuera de los confines de los asentamientos de refugiados.

"En enero, el parlamento de Etiopía ratificó una legislación que les da a los refugiados derechos sin precedentes, incluido el derecho a buscar empleo y educación, y a moverse libremente fuera de los confines de los asentamientos de refugiados. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) elogió a Etiopía por tener “una de las políticas más progresistas para refugiados en África” –una política que podría servir de modelo para otros.

Los países que reciben refugiados en todo el mundo deberían seguir el ejemplo que marcan países como Etiopía y Uganda, en particular dándoles a los refugiados un mejor acceso a empleos formales y escolaridad, e intentando alojarlos en comunidades más que en campos. Esta estrategia no sólo impulsaría la autosuficiencia y el sentido de inclusión de los refugiados; también beneficiaría a los países anfitriones.

Es necesario tomar medidas con urgencia. Según ACNUR, un récord inédito de 68,5 millones de personas en todo el mundo, inclusive 25,4 millones de refugiados, han tenido que desplazarse por la fuerza como resultado de persecución, conflicto o violencia generalizada. Como la mayoría de los refugiados no van a poder regresar a sus hogares, necesitan construir vidas en los países que los reciben para ganarse su sustento y mantener a sus familias. Pero, por lo general, carecen de oportunidades para hacerlo, lo que resulta en generaciones de adultos con un nivel de educación bajo y subempleados.

Tal como están las cosas, los refugiados suelen carecer de derechos legales para ingresar en el mercado laboral formal, tener propiedades o una empresa, obtener permisos comerciales, abrir una cuenta bancaria o moverse libremente fuera de los campos de refugiados. Es más, menos de una cuarta parte de los refugiados del mundo llegan a la escuela secundaria, y apenas el 1% pasa a la educación superior, según ACNUR. Aquellos que completan su educación, en general, no tienen los documentos para demostrarlo.

Albergar a grandes cantidades de refugiados es un reto. Pero como cada vez son más los países que abren sus fronteras, existe una creciente evidencia de los beneficios económicos que se pueden lograr con políticas inclusivas pare refugiados.

La Ley de Refugiados de 2006 de Uganda, por ejemplo, ofrece a los refugiados el derecho a trabajar, a tener lotes de tierra y a acceder a escuelas y hospitales, a la vez que les permite un movimiento irrestricto. Es más, el gobierno garantiza que la ayuda o los programas para refugiados también ayuden a las comunidades anfitrionas, que reciben alrededor del 30% de los beneficios o recursos de esos planes. 

Estas medidas han estimulado el crecimiento económico al crear nuevos mercados y pequeñas empresas que sirven a la comunidad más amplia. La integración y la cohesión social también han mejorado: cada vez más, los refugiados son vistos como miembros que contribuyen con sus comunidades y no como una amenaza.

Varios estudios han destacado los potenciales beneficios de esas políticas. Una investigación del Centro para el Desarrollo Global indica que darles acceso a los refugiados al mercado laboral formal fomenta el crecimiento y los ingresos impositivos, potencialmente crea nuevos empleos para los ciudadanos de los países anfitriones y reduce la dependencia de la ayuda.

 En la misma línea, el Fondo Monetario Internacional ha estimado que invertir 1 euro en recibir refugiados genera casi 2 euros en réditos económicos para el país anfitrión en el lapso de cinco años. Y el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2019 de la UNESCO enfatiza que los migrantes y los refugiados tienen capacidades que pueden ayudar a transformar las economías y las sociedades tanto de los países anfitriones como de los países de origen.

Mostrarles a los refugiados un camino hacia la autosuficiencia es la clave para su integración exitosa. (...)"                        

(Karen Meyer is Associate Program Manager, Regional Programs, at the Mastercard Foundation. Peter Materu is Chief Program Officer at the Mastercard Foundation. Project Syndicate, en Revista de prensa, 05/04/19)