"Desde 1917, las instituciones de Países Bajos mantienen en vigor la Huurcommissie,
o Comisión del Alquiler. La llegada de refugiados a un país que optó
por mantenerse neutral en la primera Guerra Mundial, junto a un parón en
la construcción de viviendas por la contienda, creó el escenario
perfecto para la aparición de alquileres con precios abusivos. (...)
La Huurcommissie lleva más
de cien años equilibrando la balanza entre la especulación y el derecho a
la vivienda. Varias modificaciones, la última de peso en 2010 para
centralizar las múltiples comisiones locales en una, han ido conformando
el abanico de mecanismos y competencias actuales de la entidad.
A pesar
de que no promociona sus servicios por ser un organismo imparcial y en
consecuencia es poco conocida incluso entre los propios holandeses,
cualquier persona que alquile una vivienda o habitación en el país tiene
derecho a solicitar su intermediación para aclarar cuestiones como los
gastos comunitarios, la necesidad de reparaciones y mantenimiento o la
cuantía del alquiler, determinada en función a un sistema de puntos.
Mientras que en el caso de las habitaciones la
Comisión siempre tiene potestad para incidir sobre lo acordado en el
contrato, para las viviendas completas no siempre es así. Las que
exceden una cierta puntuación están exentas del control de precios,
dejando una parte del mercado –las casas más grandes y con más
prestaciones- sin límites en el precio, en oposición al sector social o
controlado.
En 2019, la barrera marcada por el Gobierno entre los dos
sectores está en unos 142 puntos, que se corresponden con un precio de
720 euros mensuales.
Cuando se reclama su funcionamiento, la Comisión
emite una recomendación con carácter vinculante tras estudiar la
documentación y argumentos de las partes a través de una mesa compuesta
por un representante de la unión de propietarios, otro del sindicato de
inquilinos y un tercero de la Comisión.
La composición de la mesa —dos
representantes que protegen al arrendatario frente a uno que vela por
los intereses del casero— suele dar buenos resultados para la parte más
débil. A pesar de que las recomendaciones de la Comisión pueden ser
revocadas por un tribunal, en la práctica es poco común que los jueces
las discutan.
En casos de disputa sobre el precio, la puntuación
otorgada a la vivienda en función de sus dimensiones y prestaciones
determina una cantidad que sustituye a la firmada en el contrato. Para
casos donde la Comisión decide que hay reparaciones pendientes, las
medidas más habituales son reducciones temporales de renta del 20, 40 o
60 por ciento en función de la gravedad, que fuerzan al casero a
arreglar desperfectos para volver a cobrar el alquiler completo.
Aunque es posible acudir por libre a la Huurcommissie,
en la práctica la mayor parte de los inquilinos que utilizan su
intermediación lo hacen a través de un representante. Hay abogados que
ofrecen el servicio, pero destacan por su implantación y trayectoria las
organizaciones conocidas como Huurteams, o
equipos del alquiler.
Estas agencias especializadas se encargan de medir
las dimensiones del apartamento o habitación, y asesoran a los usuarios
durante el proceso. No dan cobertura a todo el país, ya que su
financiación depende en gran parte de subvenciones de ayuntamientos.
No todos se deciden, cuenta Edo Gommers, director de los Huurteams de Utrecht y de Rotterdam, que conversa con eldiario.es en una terraza de Rotterdam (...)
Gommers resume de la siguiente manera la forma de
entender el alquiler que lleva más de 100 años en vigor en Holanda: “De
acuerdo al gobierno, la vivienda, la comida y la ropa son cosas
prioritarias. Aquí no queremos situaciones como en París o Londres,
donde la gente pobre se tiene que ir a vivir fuera de las ciudades, ni
como en Estados Unidos, dónde directamente viven en la calle”.
Óscar Hierro hizo uso de los servicios del Huurteam
y llevó su caso a la Comisión del Alquiler. En 2008 los precios ya
estaban disparados en Ámsterdam: al llegar a la ciudad por motivos
laborales tuvo que conformarse con un apartamento de 30 metros cuadrados
por el que pagaba 950 euros de mensualidad, más 200 de gastos.
“El piso
era pequeño y estaba amueblado con muebles sencillos y viejos, pero su
situación céntrica y no muy lejos del que iba a ser mi lugar de trabajo
lo hacía atractivo. Había que tragar con el precio, al fin y al cabo
estaba en sintonía con todo lo que había ido viendo”, cuenta el
burgalés.
Un amigo portugués le comentó la existencia del
sistema de puntos para regular el alquiler. Antes de cumplir seis meses
residiendo en su nueva dirección, inició el procedimiento de reducción
del precio. Tras una visita del Huurteam para
medir y valorar su vivienda se enteró de que el máximo que le
correspondía era de 239 euros al mes, sin contar los gastos de
suministros.
Aproximadamente un año después de comenzar el proceso, la
Comisión determinó que la estimación de 239 euros era correcta. Un matiz
importante es que, si la reclamación se efectúa en los primeros seis
meses después de firmar el contrato, la resolución de la Comisión tiene
carácter retroactivo: “En ese momento yo dejé de pagar alquiler, porque a
efectos prácticos mi casero me debía dinero a mí”, asegura Óscar.
A su casero, un particular, no le gustó la rebaja de
711 euros que aplicó la Comisión. “Me hizo algunas jugarretas sucias:
fue al Ayuntamiento a registrarse como que estaba viviendo en el piso, e
intentó llamar a la comisión y cancelar una cita haciéndose pasar por
mí. Afortunadamente no le sirvió de nada”.
Hay que tener en cuenta que
la opción que da la legislación vigente en España para echar al
inquilino a los tres años en Holanda no existe, ya que tras cumplir un
año en la vivienda se puede permanecer en ella de manera ilimitada,
salvo excepciones.
Apurando al máximo sus opciones para rentabilizar la
propiedad, el casero, también dueño de otros dos apartamentos en el
edificio con las mismas características que el de Óscar, le llevó a
juicio para desalojarle con el pretexto de que necesitaba su casa para
sí mismo: “Tras aproximadamente otro año de litigio, el juez concluyó
que el precio dictaminado por la Comisión era correcto, pero vistas las
alegaciones de que el casero necesitaba urgentemente hacer uso de su
propiedad —se inventó una historia muy poco convincente, en opinión de
mi abogado—, tuve que abandonarla tres años después de haber entrado,
pero recibiendo una compensación económica de 5.400€”.
Aunque Óscar terminó cambiando de casa, cree que el
proceso mereció la pena, y no sólo en el sentido económico sino como
aprendizaje del sistema. “Me sirvió para entender las reglas del juego,
lo que me ayudó a saber reclamar y defender mis derechos en los
siguientes alquileres. La ley está para cumplirla y esta persona no lo
estaba haciendo. Se estaba aprovechando de los altos precios del
mercado”, afirma.
Durante los últimos dos meses, Lara Fernández divide
las horas entre hacer la tesis del máster en Historia del Arte que cursa
en la universidad de Utrecht y gestionar la reducción del precio de su
habitación. Esta holandesa de padre barcelonés contactó con el Huurteam
cuando le intentaron subir el alquiler un 8% para dejarlo en 300 euros,
más 100 de suministros e Internet, para un espacio de 10 metros
cuadrados en una casa de 1901, con ventanas de un solo cristal y poco
mantenimiento en general.
Tras la visita y las mediciones de rigor, Lara se
enteró de que el precio máximo por su habitación era de 166 euros sin
gastos. Sus otros tres compañeros de piso recibieron evaluaciones
similares para sus cuartos. Visto el panorama, el casero retiró la
solicitud de incremento de renta, pero a la vez inició una estrategia de
acoso contra sus inquilinos para que no hicieran valer sus derechos.
Aprovechando que una de las habitaciones estaba
desocupada, el propietario decidió poner un candado en la puerta, para
darle las llaves del cuarto y de la casa a su hija. “El casero ya había
entrado sin avisar en varias ocasiones, incluso para ir al servicio
cuando pasaba por la zona”, cuenta Lara. Su hija se apareció varios
días, sobre la media noche, para poner música y fumar en una casa donde
nadie fuma, ya que Lara es asmática.
Después de una de estas visitas nocturnas
inesperadas, se encontraron con que había bloqueado el termostato de la
calefacción en 18 grados, insuficiente para mantener una temperatura
agradable en una vivienda con las características de la suya. En otra
ocasión, la hija les dijo que su padre estaba “tan cabreado con la
decisión de la Comisión del alquiler, que quería quemar la casa”.
Tras cambiar la cerradura de la puerta principal, ya
que los inquilinos no tienen obligación legal de compartir la llave con
el casero y el suyo se negaba a entregar su copia, la empresa 4Freedom
se ha hecho cargo de la gestión de su vivienda. Al parecer, saben lo que
hacen: llaman casi diariamente a Lara para pedirle las llaves con
excusas cambiantes, pero se resisten a dejar constancia escrita
transmitiéndole la misma petición por correo electrónico.
A Lara tampoco le sorprende el rumbo que ha tomado la
relación con su casero: “Este hombre es un avaricioso: una vez nos echó
en cara que el calentador de agua le había costado dos mil euros, y
decía cosas cómo que debería haber comprado más casas en esta calle
cuando estaban baratas, porque mira ahora”.
El caso de Mariusz Bogacki es un ejemplo distinto de
cómo la Comisión del Alquiler y el sistema de puntos empoderan a los
inquilinos en Holanda. Después de acordar una mensualidad de 725 euros,
gastos aparte, por un apartamento de unos 40 metros cuadrados en el
oeste de Rotterdam a finales de 2017, este investigador académico nacido
cerca de Leszno, Polonia, pero con raíces en Escocia se enteró por un
amigo español de sus derechos como inquilino en Holanda.
Otra cosa que
no sabía antes de firmar el contrato era que había un local de grabación
sin la insonorización adecuada debajo de su casa. Tampoco cayó en la
cuenta de que el cristal único de las ventanas, inexplicablemente común
en Holanda, le iba a salir caro en la factura del gas.
Se decidió a introducir las dimensiones y
prestaciones de su vivienda en la calculadora oficial de la Comisión,
que le marcó un máximo de 450 euros. “Hablé con mi casero y le comenté
que el precio del contrato no cuadraba con el límite legal para la
vivienda. Como ninguno de los dos queríamos ir a la Comisión, negociamos
y lo dejamos en 550”.
El resultado fue bueno: en la actualidad la
relación entre ambos se limita a sus cuentas bancarias y en los dos años
que Mariusz lleva viviendo en Rotterdam no le han intentado subir el
alquiler, a pesar de la burbuja en su barrio. Viviendas más pequeñas que
la suya se anuncian ahora por más de mil euros.
La violencia económica que ejerce el mercado de la
vivienda deja huella en los diccionarios de quienes la sufren. Igual que
en Cádiz se acuñó el término asustaviejas, los caseros que exprimen
hasta el último euro posible a quienes habitan sus propiedades también
se han ganado un mote en Países Bajos. Se les conoce como huisjesmelkers:
ordeñadores de casitas, literalmente. Pero a diferencia de quienes
alquilan en España, los holandeses cuentan con instrumentos legales para
hacerles frente. (...)" (Albert Arnaldo, eldiario.es, 01/06/19)
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