"El campo español ya nunca será rentable, pero sí necesario. Como la
sanidad o la educación. Los trabajadores del campo ya no solo serán
manos encallecidas y ojos oblicuos de sol hiriente, sino garantes de la
sostenibilidad del planeta, héroes de la ecología, guardianes del aire
que respiramos.
Lo dice con otras palabras Manuel González de Molina,
presidente de la Sociedad Española de Historia Agraria: “Tú cultivas la
tierra, y a ti te pagan por vender tomates. Pues la idea sería que te
paguen por vender tomates, pero que te paguen también por los servicios
que tú prestas a la sociedad. Por ejemplo, si tú no utilizas
fertilizantes químicos nitrogenados, sino estiércol. Si no contaminas
los cursos de agua, el Estado se ahorra la gran cantidad de dinero que
se invierte en depurar agua.
Otro ejemplo. Estamos hablando de lucha
contra el cambio climático y, por tanto, de reducción de las emisiones.
El único sector que secuestra carbono, en forma de biomasa producida en
los campos y el los bosques, es justamente el de los agricultores. Con
una agricultura sostenible el trabajador del campo nos presta ese
servicio. Lo mismo que Fulanito de la Industria Tal compra permisos de
contaminación, se puede remunerar por parte del Estado el beneficio
social que implica el secuestro de determinadas cantidades de carbono”.
Suena a quimera. Un Estado que sostiene una industria deficitaria
pagando a los guardianes de la naturaleza. Pero esa quimera ya está
legislada. Concretamente, en la Ley 45/2007,
de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural que
aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que nunca fue
ejecutada.
“Este tema del pago por el servicio medioambiental que
prestan los agricultores estaba incluido en aquella Ley del Medio Rural.
Incluso se presupuestó en el ejercicio 2009, 15 millones, creo
recordar, como partida experimental. Desde entonces, nada”, denuncia
González de Molina. “¿Cuánto costaría? No está cuantificado. Pero te
aseguro que mucho menos de lo que nos cuesta el desastre climático de
seguir así”, apostilla.
Diego Cañamero, ex secretario general del Sindicato de Obreros del
Campo (SOC) de Andalucía y ex portavoz nacional del Sindicato Andaluz de
Trabajadores (SAT), coincide con el catedrático: “La ley no era
suficiente, pero no voy a negar que aplicarla sí hubiera solucionado
algunas cosas. No se aplicó por una cuestión de voluntad política. Los
gobiernos aprueban muchas normativas que después no desarrollan. Recogen
votos dictándolas en época electoral, quedan bien, legislan sobre
demandas de la sociedad para desmotivarla y desincentivarla, las
aprueban y después se quedan ahí, en stand by, muertas. Lo mismo que con la Constitución española, que está escrita pero no aplicada”.
Aquella ley durmiente desde hace doce años no se limitaba a
planificar la transición ecológica del sector agroganadero y forestal.
Sus ambiciosos objetivos pasaban también por incentivar una política de
repoblación del rural, que incluía planes de integración de la población
migrante en los pueblos a resucitar, con el consiguiente esfuerzo
económico para dotar de infraestructuras sanitarias, docentes y de
comunicaciones a los reasentamientos.
También se preveía
habilitar planes formativos para los bisoños ecoagricultores 4.0 de ese
virtual futuro. Una cascada de ideas que constituían lo más parecido a
esa reforma agraria que nunca abordó España, salvo la boicoteada y
abortada intentona izquierdista durante la II República. No pocos
historiadores focalizan el miedo de los terratenientes y las oligarquías
a aquella reforma agraria como uno de los detonantes de nuestra Guerra
Civil.
Que todo esto se va a abordar de una forma u otra lo confirma el
mejor de los indicadores posibles: el excelente olfato por la pasta que
siempre ha distinguido a los grandes explotadores, que no paran de
comprar tierra y de adscribirse a la agricultura ecológica con
encomiable entusiasmo. Cherchez l´argent. La compra de tierra
de estas grandes productoras, muchas veces de titularidad foránea,
todavía no es masiva, pero sí muy selectiva. “Están comprando las
mejores tierras.
No se interesan en Castilla y León, Jaén y Córdoba, ni
en el norte de la provincia de Granada, que ya está completamente
desértica. Donde sí se está produciendo el land grabbing (acaparamiento
de tierra) es, por ejemplo, en las orillas del Guadalquivir, en los
olivares productivos subbéticos, en zonas donde se puedan producir
grandes cantidades y que tienen acceso a agua”, explica el presidente de
la Sociedad de Historia Agraria.
De momento, solo dos de los 26 millones de hectáreas de superficie
agrícola de España se trabajan con métodos ecológicos, según el Informe Anual de Indicadores 2018 (el más reciente) que publica el Ministerio de Agricultura. (...)
El reparto de los fondos de la Política Agraria Común europea (PAC) es
otro de los grandes mecanismos que favorecen a las grandes explotaciones
sobre las de menor dimensión. Un fenómeno que reconoce el propio
Parlamento Europeo en su página web (...)
Hace una década, González de Molina propuso que los ayuntamientos y
otras instituciones cedieran sus bancos de tierra pública para la
práctica de la agricultura ecológica a los trabajadores que, con la
crisis de la construcción, tuvieron que regresar a los pueblos. Apuntaba
la posibilidad de que esa producción fuera adquirida por instituciones
públicas (hospitales, colegios, comedores de sedes administrativas…).
Hay que tener en cuenta que lo público supone un 8% de la demanda
alimentaria total en España.
Hoy propone una medida que va un paso más
allá: “Tiene sentido esto de la compra pública. Así se hizo en muchos
países. Prescribir un porcentaje obligatorio de adquisición de alimentos
a agricultores ecológicos, por ejemplo, por parte de la administración
pública, sería un alivio para el sector. En muchos sitios ya se han
llevado a cabo experiencias semejantes. El gobierno municipal de Roma
hacía como tres millones de comidas al día abastecidas por productores
de los alrededores. En Londres también se hizo algo parecido. En el
Brasil de Lula. Eso, quizá, contribuiría a regular de alguna forma el
mercado”. (Aníbal Malvar, CTXT, 10/02/20)
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