"El fiscal especial Jack Smith presentó ayer formalmente cuatro cargos contra el ex-presidente Donald J. Trump, acusándole de conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos, conspiración para bloquear un acto oficial, obstrucción de un acto oficial, y conspiración para vulnerar los derechos constitucionales, específicamente el derecho a voto.
Traducido del abogado a lenguaje civil: Jack Smith acusó a Trump de intentar dar un (auto)golpe de estado.
Voy a intentar explicar, de la forma más sencilla posible, en qué consiste la acusación exactamente, y qué es lo que estaban intentando hacer Trump y sus secuaces en las semanas posteriores a las elecciones y el día del asalto al congreso, el seis de enero del 2020. Antes de empezar, no obstante, os recomiendo encarecidamente que leáis el escrito de la acusación. Son sólo 45 páginas a doble espacio, esta muy bien escrito y es, como manda la tradición jurídica americana, excepcionalmente claro y fácil de seguir. Este es, probablemente, uno de los casos judiciales más importantes de la historia del país, y el departamento de justicia se ha esmerado en producir un documento claro y conciso.
Ahora, vayamos a los hechos.
El plan de Trump
Trump sabía que había perdido las elecciones. Lo sabía porque así se lo habían dicho, por activa y por pasiva, su propio vicepresidente, los líderes del departamento de justicia que él mismo había nombrado, el director nacional de inteligencia que él mismo había nombrado, los jefes de la oficina de seguridad informática del departamento de seguridad nacional que él mismo había creado, los abogados de la Casa Blanca, gente de su propio equipo electoral, legisladores estatales de su propio partido, y jueces y tribunales estatales de medio país. Todas, absolutamente todas las teorías, pleitos, conspiraciones, videos, alegaciones, y chorradas que Trump y sus asesores repitieron esos días fueron revisadas, investigadas, y declaradas falsas e ilusorias por uno o varios de los actores listados arriba. El presidente sabía que había perdido¹.
Trump, sin embargo, quería mantenerse en el poder, y eso requería revertir el resultado de las elecciones. Para hacerlo, un grupito de abogados dementes (Rudy Giuliani, John Eastman, Sydney Powell, Jeffrey Clark, Kenneth Chesebro y James Troupis, que serán casi seguro acusados de los mismos crímenes por separado) creó un plan para subvertir el proceso y forzar que el congreso proclamara a Trump otra vez presidente.
La estrategia consistía en presentar toda clase de objeciones legales en siete estados clave donde el resultado de las elecciones había sido ajustado, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo Méjico, Pensilvania y Wisconsin. Tanto los abogados de Trump como el propio presidente sabían que en ninguno de esos lugares había ocurrido fraude electoral alguno. El objetivo, sin embargo, no era ganar esos pleitos, sino tener un pretexto para alegar que los resultados eran motivo de disputa. Este “conflicto” o “incertidumbre” iba a ser utilizado como pretexto para que los acólitos de Trump nombraran, de forma fraudulenta, una delegación estatal favorable al presidente que enviaría sus credenciales y su voto al colegio electoral, alegando ser los verdaderos representantes de la voluntad popular en ese estado.
Para apoyar este fraude electoral masivo, Trump intentó primero convencer y luego forzar al fiscal general (en funciones) y cargos del departamento de justicia que declararan públicamente sobre la posible existencia de fraude electoral. Para ello, redactaron e intentaron forzar el envío de cartas oficiales a las autoridades estatales anunciado la existencia de indicios de fraude y el inicio de una investigación (ficticia e inexistente).
La persona clave en la siguiente fase del plan era Mike Pence. Según la ley que regulaba la sucesión presidencial (la Electoral Count Act de 1877), es el vicepresidente, en su condición de presidente del senado, quien abre los sobres con los resultados del colegio electoral y los presenta al congreso, que es quien ratifica el resultado. La estrategia de Trump y sus secuaces era que Pence declarara que había siete estados que habían enviado dos delegaciones, y decidiera unilateralmente o bien dar como buenos los votos de los electores fraudulentos, dándole la presidencia a Trump, o que retrasara la votación, pidiendo a los legislativos de esos estados que “clarificaran” quiénes eran los delegados correctos.
Cuando un abogado de la Casa Blanca avisó a uno de los compinches de Trump que si eso se producía habría disturbios y protestas en las calles, su respuesta fue “bueno, para eso existe la ley de insurrecciones”.
Básicamente, iban a sacar los tanques a la calle.
Fracaso
Fracasaron. Para empezar, toda la cúpula del departamento de justicia (nombrada por el propio presidente) se negó en redondo a firmar o enviar carta alguna. Trump respondió diciendo que iba a nombrar a un abogado leal a él que estaba dispuesto a hacerlo fiscal general; todos los líderes del departamento y los abogados de la Casa Blanca amenazaron con dimitir en bloque si daba ese paso. Trump se echó atrás.
El seis de enero, Mike Pence, tras repetidas presiones y amenazas de Trump, se negó a seguirle el juego al presidente, y anunció que sólo iba a dar por buenos los delegados legalmente designados. No tenía potestad legal para cuestionarlos.
La insurrección
La reacción de Trump el seis de enero fue ir al mitin que había convocado, y animar a los presentes, enfervorecidos y airados tras dos meses de mentiras, a que marcharan al congreso para “convencer” a los legisladores y “animaran” a Mike Pence a hacer lo correcto. El escrito del fiscal no establece qué clase de coordinación, si la hubo, existió entre los milicianos y paramilitares presentes entre la muchedumbre y el entorno de Trump. La masa enfurecida, sin embargo, entendió el mensaje y procedió a asaltar el congreso, al grito de “colguemos a Mike Pence”, deteniendo el procedimiento que iba a certificar el resultado de las elecciones por la fuerza. El presidente rechazó repetidamente hacer nada para detener el asalto².
Durante el resto del día, el propio Trump y su círculo de conspiradores siguieron llamando a senadores, representantes, y todo aquel que quisiera escucharles implorando que retrasaran la votación, maniobraran para forzar recuentos, y maniobras parecidas. Nadie les hizo caso, pero siguieron intentar tumbar el resultado de las elecciones hasta el final.
Un autogolpe estúpido
Hay dos comentarios inevitables ante este escrito de la acusación. El primero, y obvio, es que esto era un golpe de estado, un intento abierto, descarado y directo de invalidar el resultado de unas elecciones para mantenerse en el poder. Segundo, y no menos importante, la estrategia de los golpistas era increíblemente estúpida, chapucera, y fantasiosa, y probablemente hubiera fracasado incluso si Mike Pence les hubiera hecho caso. Trump no tenía el apoyo de su partido, ni de la burocracia, ni de los estados, ni de las fuerzas armadas.
Que fuera un plan estúpido y sin visos de éxito ejecutado por un grupo de de idiotas degenerados y un presidente amoral, egocéntrico y medio psicótico, no obstante, no lo hace menos real, o menos criminal. Es un golpe de estado, con todas las letras, y Trump debería acabar en la cárcel.(...)
1- La alternativa es que estuviera sufriendo alucinaciones, delirios y hubiera perdido la cabeza por completo, pero ni él ni sus abogados han utilizado esta línea de defensa. O que sea profundamente idiota, pero ser un perfecto imbécil no te exime de responsabilidad penal.
2 - La orden de enviar la guardia nacional vino de Mike Pence, no de Trump. (...)" (Roger Senserrich, Four freedoms, 02/08/23)
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