Los jueces españoles pueden estar contentos. Han conseguido que solo el 10% de la gente crea que su ideología no influye en su trabajo. Ahora dirán que es una conspiración de ese 90% de la población que cree que no son imparciales. Si yo fuera juez, hoy estaría avergonzado (Joaquín Urías)

Joaquín Urías @jpurias

Los jueces españoles pueden estar contentos. Han conseguido que solo el 10% de la gente crea que su ideología no influye en su trabajo. Ahora dirán que es una conspiración de ese 90% de la población que cree que no son imparciales. Si yo fuera juez, hoy estaría avergonzado.

9:06 a. m. · 6 jul. 2026 desde Ηρακλείδες, Ελλάς ·9.127 Visualizaciones



"Seis de cada diez españoles creen que el 'lawfare' existe y que los jueces se dejan influir por su ideología política.

 La confianza ciudadana en la justicia está quebrada. Es la principal conclusión del informe elaborado por 40dB. para la Cadena SER y El País, que analiza la percepción de los españoles sobre uno de los tres poderes fundamentales del Estado.

Para la mayoría de los consultados la Administración de Justicia no está cumpliendo con el papel que tiene constitucionalmente asignado: 8 de cada 10 la consideran lenta, según el 60 por ciento se deja influir por poderes económicos y también son más los que creen que no trata a todas las personas por igual.

Junto a la Hacienda Pública, la Justicia es la institución -de las cuatro por las que pregunta el barómetro- peor valorada, se queda por debajo del 5. Las Fuerzas Armadas o la Policía y la Guardia Civil superan el 6 de media en puntuación. Los encuestados tampoco aprueban a los responsables de aplicar e interpretar la ley: una mayoría piensa que los jueces no actúan de manera honesta, competente e imparcial o que algunos de ellos "toman decisiones guiados por sus propias ideas políticas". Y esa es una de las claves que explica la desconfianza y el descrédito que detecta el informe; la falta de independencia que los ciudadanos observan en el Poder Judicial.

Para tres cuartas partes de la población (un 75,5%) los partidos políticos intentan influir en las resoluciones de jueces y magistrados, una idea transversal, que comparten los encuestados independientemente del partido al que voten. Además, solo 3 de cada 10 españoles considera que los asuntos políticos sobre los que se tienen que pronunciar jueces y magistrados se resuelven de manera justa e imparcial. También son más los que opinan que esas decisiones están condicionadas por el sesgo ideológico de quienes las adoptan. Una percepción relevante teniendo en cuenta que también son mayoría los que creen que cada vez más conflictos políticos acaban resolviéndose en los tribunales y no en los parlamentos.

El 'lawfare' existe

El barómetro, realizado entre el 26 y el 29 de junio, en plena cascada de avances en las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, refleja cómo la idea del 'lawfare' o guerra judicial se extiende entre la ciudadanía del país, independientemente de su ubicación ideológica. El 65,4% de los encuestados aseguran que existe un uso de los procedimientos judiciales con fines políticos. Son más -un 28%- los que piensan que ese 'lawfare' se ejerce principalmente contra el Gobierno y los partidos de izquierdas. Para el 22,6% esa práctica se usa por igual desde todos los ámbitos políticos y son menos, no llegan al 15%, quienes creen que se ejercer contra la oposición y los partidos de derecha. Apenas un 10,8% asegura que el ‘lawfare’ no existe.

Pero aunque los encuestados avalen la existencia de esa guerra judicial, también hay una mayoría que cree que las principales investigaciones que afectan a dirigentes políticos están motivadas por indicios jurídicos sólidos y no por razones partidistas. Lo consideran la mitad de los encuestados cuando se pregunta por la condena a José Luis Ábalos o por el juicio al exministro Jorge Fernández Díaz en la trama Kitchen.

También son más los que creen justificada la causa contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Zapatero o el juicio a David Sánchez, hermano del actual presidente del Gobierno. Solo en el caso de la investigación a su mujer, Begoña Gómez, son más los que creen que hay razones políticas o partidistas, aunque la diferencia es de apenas un punto.

Una percepción desigual

Parte del suspenso general que se lleva la Administración de Justicia en este informe se explica en gran medida por el descrédito que cosecha entre el electorado progresista, que es el que suspende de manera clara en la confianza hacia esta institución. Una valoración que es especialmente negativa cuando se trata de analizar cómo resuelven los tribunales los asuntos relacionados con la política.

Para un 34% de los encuestados, los jueces tienden a favorecer a la derecha con sus resoluciones, una percepción que se dispara por encima del 50% cuando quienes responden son votantes del PSOE, Sumar o Podemos. Esa es también la población para la que una mayoría de los integrantes de la carrera judicial y fiscal tienen una ideología de derechas, frente al electorado conservador y de ultraderecha que defiende que el reparto está más equilibrado.

La izquierda es además la que percibe que el 'lawfare' se ejerce principalmente contra el Gobierno. Los electores de PP creen que se usa por igual y los de VOX se ven como víctimas de esa guerra judicial. El electorado progresista cree además que las investigaciones que afectan a políticos afines a su ideología -Zapatero, Begoña Gómez o David Sánchez- están motivadas por razones políticas y partidistas.

Solo en la condena a José Luis Ábalos observan indicios jurídicos sólidos. Quienes se sitúan a la derecha del arco ideológico son además reacios a cuestionar a los jueces, mientras que los del PSOE justifican que se puedan criticar las resoluciones judiciales desde el gobierno o la oposición.

Esa asimetría ideológica también se observa cuando se abren otros debates, como si es o no necesaria una reforma de la administración de justicia. La mayoría de la población cree que hace falta un cambio en el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero solo los votantes de PP y Vox presentan una preferencia clara por que sean los jueces quienes elijan directamente a sus representantes.

Quienes se reconocen afines a la derecha valoran el sistema de acceso a la judicatura como bueno, por su "carácter meritocrático", frente a los grupos de izquierdas que creen que no sirve para medir la verdadera capacidad de los jueces, además de perpetuar barreras socioeconómicas por exigir años de estudio que no todo el mundo puede permitirse.

La fractura partidista se repite en otros asuntos: para la derecha las acusaciones populares, que han impulsado algunas de las investigaciones que hoy afectan al Gobierno, son una garantía democrática que debe mantenerse y un mecanismo útil para luchar contra la corrupción.

Los votantes de izquierdas ponen el foco en su utilización partidista y apoyan que se limite su ejercicio a quienes tengan un interés directo en el caso. Esa brecha se observa incluso a la hora de valorar la confianza que merece cada institución judicial. Mientras que el electorado conservador da su máxima puntuación al Supremo y a la Audiencia Nacional, el progresista solo aprueba a la Fiscalía General."

(Guillermo Lerma, SER, 06/07/26, gráficos en el original)