"La iniciativa de los conservadores españoles para fomentar la natalidad ha vuelto a poner el aborto en el centro del debate político nacional.
En el centro de la polémica se encuentra una nueva ley impulsada por el gobierno regional del Partido Popular (PP) en Madrid, que permite a las familias acceder a ciertas ayudas vinculadas al tamaño de la familia antes del nacimiento del hijo. El PP afirma que la medida es una respuesta "sensata, útil y necesaria" a la baja tasa de natalidad en España —una de las más bajas de Europa— y ha prometido implementarla a nivel nacional si vuelve al poder el próximo año.
Sin embargo, la ley se ha convertido en un punto álgido de la guerra cultural: los políticos de derecha la tachan de ataque contra las políticas sociales progresistas, mientras que los críticos afirman que favorece a la extrema derecha y corre el riesgo de criminalizar el aborto. Ione Belarra, líder del partido populista de izquierdas Podemos, declaró que era "una idea copiada directamente de la política trumpista".
Según la nueva ley, los futuros padres en Madrid podrán solicitar ciertas ayudas vinculadas al tamaño de la familia antes del nacimiento de su bebé. Las ayudas para familias numerosas, que normalmente comienzan con el nacimiento del tercer hijo, también estarán disponibles para familias con dos hijos a partir de la semana 14 de gestación.
Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, afirmó que su partido «cree que cuantos más nacimientos haya, mejor, en España y en Madrid, y por eso los estamos incentivando» ofreciendo mayor apoyo financiero.
«Nuestros servicios sociales, nuestras pensiones, dependen de nuestra demografía nacional, y eso no se puede solucionar solo con inmigración», declaró.
Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, afirmó poco después de la aprobación de la ley el 2 de julio que la extendería a las 17 comunidades autónomas de España si llegaba a ser presidente del Gobierno. «Cuando una mujer está embarazada, eso debe reflejarse en el apoyo del sector público», declaró.
Sin embargo, organizaciones feministas y partidos de izquierda alegan que el PP está promoviendo una agenda antiaborto al tener en cuenta el embarazo para el acceso a las ayudas.
Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, afirmó que la medida “implica un intento de controlar el cuerpo de las mujeres y, bajo el pretexto de proteger al feto, reducir o eliminar los derechos vinculados al aborto”.
El partido de izquierdas Más Madrid calificó la legislación de “un espectáculo mediático para los negacionistas del aborto”.
Cristina Monge, politóloga de la Universidad Complutense, señaló que las preocupaciones de los críticos se basan principalmente en las posibles ramificaciones legales de la política: “En el momento en que se otorgan derechos a un feto, se abre la puerta a la posible criminalización del aborto”.
El aborto había sido relegado a un segundo plano en la política española en los últimos años. En 2010, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero reformó la legislación para permitir el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo, y posteriormente en determinadas circunstancias que implicaran riesgo para la salud de la mujer embarazada y malformaciones fetales graves. Alberto Núñez Feijóo declaró poco después de la aprobación de la ley el 2 de julio que la extendería a las 17 comunidades autónomas de España si llegaba a ser presidente del Gobierno. | Thomas Coex/AFP vía Getty Images
El PP, tradicionalmente cercano a la Iglesia Católica, impugnó dicha legislación ante el Tribunal Constitucional, pero el aborto dejó de ser un tema político relevante. El Tribunal finalmente desestimó las objeciones del PP en 2023. Ese mismo año, el gobierno socialista de Pedro Sánchez introdujo reformas adicionales que facilitaron el acceso al aborto.
«Se daba por zanjado este debate», afirmó Monge. «Pero ahora se ha reabierto».
Serrano insistió en que la nueva ley de Madrid «no tiene nada que ver con el aborto», pero su jefa, la presidenta populista de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado la polémica como parte de una guerra cultural más amplia.
Criticando la postura de la izquierda sobre el aborto y la política familiar, Ayuso declaró al portal de noticias de derecha El Debate que la iniciativa de prestaciones «enfurece a quienes imponen agendas ideológicas frívolas y desquiciadas, que en el fondo saben que tenemos razón».
Su principal asesor, Miguel Ángel Rodríguez, escribió en X que la ley formaba parte de «la revolución contra la cultura woke y de izquierdas».
El apoyo del partido ultraderechista Vox a la legislación ha alimentado las afirmaciones de que forma parte de una estrategia a largo plazo para restringir el acceso al aborto. Vox describió la reforma como un «paso importante», aunque pretende ir más allá en la consagración de los derechos de los niños no nacidos.
En Madrid, Ayuso ha evitado depender de Vox compitiendo agresivamente por los votantes en su electorado y adoptando posturas intransigentes.
Recientemente desafió la obligación nacional de que los gobiernos regionales mantengan registros de los médicos que se niegan a practicar abortos por motivos de conciencia."
(Guy Hedgecoe , POLITICO, 14/07/26, traducción google, enlaces en el original)
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