"El ritmo frenético de la presidencia de Donald Trump hace que los días parezcan semanas y las semanas, meses, si no es que años. Encontrar lógica o razón en la conducta errática del presidente Trump resulta imposible. Aun así, aunque 2026 no ha traído calma, sí ha aportado mayor claridad.
A veinte meses del inicio de su segundo mandato, Trump ha rediseñado la presidencia y ha cambiado lo que los estadounidenses están dispuestos a tolerar de su gobierno y entre sí. Sin embargo, esa transformación, por arrolladora que sea, podría resultar menos importante que lo que Trump y sus aliados no pudieron hacer. Fracasaron en el proyecto más ambicioso que trajeron a su segundo mandato: usar el Estado para transformar la sociedad estadounidense. Ese fracaso es un hecho fundamental de los últimos 20 meses, y es la razón por la que Estados Unidos se encuentra en una situación menos peligrosa que hace un año.
Cuando Trump asumió el cargo por segunda vez, llegó con varias agendas que se superponían, pero eran distintas. La que más le importaba convertiría al poder ejecutivo en una forma de gobierno que los académicos llaman patrimonialismo, en la cual el Estado se administra como propiedad personal y asunto familiar del líder. En un sistema patrimonialista, las burocracias de expertos y las reglas neutrales son reemplazadas por la voluntad del jefe de Estado, o se subordinan a ella. En lo posible, los patrimonialistas personalizan y utilizan como armas la aplicación de la ley, los indultos, los programas y subvenciones, los nombramientos, los ascensos y todos los demás aspectos del poder estatal.
El patrimonialismo se manifiesta en el enriquecimiento de Trump y su familia, que según se informa asciende a varios miles de millones de dólares, y en su esfuerzo por extraer casi 1800 millones de dólares de los contribuyentes mediante un acuerdo legal fraudulento. También se manifiesta en su readaptación sistemática del poder ejecutivo para que sirva a sus intereses personales y políticos.
Utiliza a su Departamento de Justicia para llevar a cabo venganzas personales, y sus indultos para proteger a sus compinches. Ha llenado los altos mandos del departamento con sus propios abogados defensores penalistas, y asignó al FBI a un ferviente partidario político cuya cualificación principal era una carrera dedicada a atacar a los investigadores que habían llevado a cabo pesquisas a Trump. Además, ha desmantelado los controles internos del gobierno contra la corrupción, e incluso ha despedido a inspectores generales, fiscales de carrera y agentes del FBI cuyo delito fue seguir las reglas.
Trump usa hechos consumados, como la demolición de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, para hacer a un lado al Congreso e imponer su voluntad sin importarle los límites constitucionales. Con algo de ayuda de la Corte Suprema, ha concentrado el poder federal en la oficina de la presidencia; y con su agenda patrimonialista, ha rediseñado esa oficina para que no sirva a la Constitución, sino a sí mismo y sus deseos.
La renormalización de los estándares políticos es otra área en la que Trump ha dejado una huella duradera. Por “renormalización” nos referimos a la degradación deliberada de lo que se considera aceptable en la vida pública estadounidense.
Los ejemplos son demasiados para enumerarlos, pero para recordar solo algunos: Trump describió a sus oponentes políticos como “alimañas” y dijo que los migrantes estaban “envenenando la sangre de nuestro país”. Cuando Robert Mueller murió en marzo, Trump publicó “me alegro de que haya muerto”. Cuando Rob Reiner y su esposa fueron asesinados en su casa, culpó de los asesinatos a las críticas de Reiner hacia él. Fomentó y excusó la violencia política: hizo oídos sordos ante las amenazas contra los funcionarios que se cruzaban en su camino, bromeó sobre el ataque casi fatal contra el esposo de Nancy Pelosi, y elogió y luego indultó a los alborotadores del 6 de enero. Se deleita con el acoso, la crueldad y el odio como ningún presidente lo ha hecho jamás. Debajo de todo esto está la normalización de la mentira a escala industrial: decenas de miles de afirmaciones falsas documentadas como presidente, incluidas acusaciones falsas contra estadounidenses y representaciones falsas ante los tribunales.
Muchos estadounidenses están hartos de tener que vadear entre el fango y, comprensiblemente, quieren apartar la mirada. Con eso es con lo que cuenta Trump. Su victoria no radica en convencernos de que la conducta es aceptable, sino en agotarnos hasta que dejamos de oponernos. Cada infracción facilita la siguiente; cada transgresión impune restablece el nivel de referencia. Lo que se quebranta no es este o aquel estándar; es la idea misma de que existen estándares. Gracias en gran medida a Trump y a sus aliados, hoy el país acepta discursos y comportamientos políticos que hace tan solo unos años habrían sido motivo de una inhabilitación, si no es que resultarían impensables. Ya no está claro qué podría decir un presidente —sobre un hombre muerto, sobre una familia asesinada, sobre mujeres de las que ha abusado, sobre incitaciones a la violencia— que le acarreara un costo.
Entonces, ¿por qué, a pesar de todo eso, el segundo año del segundo mandato de Trump parece menos amenazante que el primer año? Porque el patrimonialismo y la renormalización, por perjudiciales que sean, eran solo una parte de lo que él y sus seguidores se propusieron hacer. La mayor de sus ambiciones era otra: la reconstrucción de la propia sociedad estadounidense.
El reinicio cultural del gobierno de Trump fue ambicioso. Si bien contó con el apoyo del presidente, fue concebido e impulsado principalmente por las personas a su alrededor. Estas incluían a altos funcionarios como Stephen Miller, Russell Vought y JD Vance dentro del gobierno, además de Elon Musk durante los cuatro meses que trabajó en él; activistas externos como Christopher Rufo del Manhattan Institute, Kevin Roberts de la Heritage Foundation y Steve Bannon del pódcast War Room; intelectuales como Patrick Deneen, Michael Anton y Charles Kesler; e instituciones como la Heritage Foundation, el Claremont Institute y el America First Policy Institute.
Este grupo vio el segundo mandato de Trump como su mejor oportunidad para bloquear y revertir la absorción y reorganización de la cultura y las instituciones del país por parte de la izquierda. Al desplegar el poder del gobierno contra las altas esferas de la cultura, buscaron suplantar la hegemonía liberal no solo en Washington, sino en toda la sociedad.
En su libro de 2023 Cambio de régimen: Hacia un futuro posliberal, Deneen, politólogo de Notre Dame, dejó claro que el régimen que tenía que cambiarse no incluía solo las oficinas gubernamentales, sino los puestos de élite en toda la sociedad. El objetivo era lograr “el derrocamiento pacífico pero energético de la clase dirigente liberal corrupta y corruptora”, escribió. “Donde sea necesario, aquellos que actualmente ocupan posiciones de poder económico, cultural y político deben ser restringidos y disciplinados por la afirmación del poder popular. Sin embargo, limitarse a contener a la élite del poder es insuficiente. En cambio, la creación de una nueva élite es esencial”.
En consonancia con sus ambiciones revolucionarias, los guerreros culturales de Trump hablaban en términos revolucionarios. Bannon, en 2017, anunció la “deconstrucción del Estado administrativo”. Vought, un arquitecto del Proyecto 2025, dijo que el objetivo era que los servidores públicos de carrera fueran vistos como “villanos”. Rufo, a quien se le atribuye ampliamente el diseño de la campaña del gobierno contra las universidades, describió el movimiento MAGA como una “revolución contra la revolución” que “tiene que usar lo que muchos ven como técnicas radicales” para poner a las universidades “en un terror existencial” y “hacerlas retroceder una o dos generaciones”.
Su proyecto, en otras palabras, era utilizar el poder del gobierno y la influencia inigualable de la presidencia para dominar y reprogramar a la sociedad civil. Buscaban atacar el progresismo, o “wokeness”, dondequiera que lo vieran, un proyecto de toda la sociedad. La campaña procedió ámbito por ámbito.
Universidades: Vance, en 2021, respaldó la afirmación del presidente Richard Nixon de que “los profesores son el enemigo”, y Trump, en 2023, prometió “cortarles el dinero a las escuelas que ayuden al asalto marxista a nuestra herencia estadounidense”. Fieles a su palabra, congelaron millardos en fondos federales para la investigación en Harvard, Columbia, Penn y otras universidades como medida de presión sobre las admisiones, la contratación y la gobernanza, lo que violaba descaradamente los derechos al debido proceso de las universidades con el fin de ejercer una influencia sin precedentes sobre asuntos académicos fundamentales. Si los tribunales no hubieran intervenido, Trump podría haber tomado el control de las universidades privadas de Estados Unidos de manera efectiva.
Bufetes de abogados: Trump firmó órdenes ejecutivas dirigidas a castigar o paralizar a los principales bufetes de abogados al quitarles sus autorizaciones de seguridad y su acceso federal. Eso se debió en parte a que algunos bufetes habían desafiado a Trump o representado a sus adversarios. Pero en términos más generales, el gobierno buscó intimidar a la profesión legal y alejarla de las causas y clientes liberales. (Varios de los bufetes llegaron a un acuerdo en los términos del gobierno de Trump; los que lucharon contra las órdenes en los tribunales ganaron).
Medios de comunicación: Entre las primeras acciones del presidente en su segundo mandato hubo un intento de obligar a The Associated Press y otras organizaciones de noticias a cambiar el nombre del golfo de México. Aunque extraño, ese esfuerzo presagió esfuerzos persistentes para intimidar y reformar a los medios. El presidente buscó marginar a los medios de noticias tradicionales al desplazarlos de la Casa Blanca y el Pentágono. Sus demandas personales contra ABC, CBS y otras organizaciones de noticias extrajeron acuerdos multimillonarios, mientras que el presidente de su Comisión Federal de Comunicaciones amenazó públicamente con revocar las licencias de las emisoras; presión bajo la cual Jimmy Kimmel fue retirado del aire (temporalmente, al final).
Cultura: También entre sus primeras acciones, Trump se instaló a sí mismo como presidente del Centro Kennedy —el escaparate cultural del país creado por el Congreso— y lo renombró para incluir su propio nombre. Le quitó la financiación a la radiodifusión pública, canceló los fondos para los consejos de humanidades en 56 estados y jurisdicciones, y cerró de manera efectiva la Corporación para la Radiodifusión Pública. Ordenó una revisión de las exhibiciones y la programación del Smithsonian en busca de contenido ideológico. Presionó a los parques nacionales para que eliminaran las referencias a la esclavitud. Su secretario de defensa y él rehicieron las fuerzas armadas como un escaparate de guerra cultural: rediseñaron el Departamento de Defensa como el “Departamento de Guerra”, restauraron los nombres confederados de las bases, eliminaron las páginas web que honraban a los Aviadores de Tuskegee y a los Locutores de Claves Navajos (luego restauradas), y retiraron casi 400 libros de la biblioteca de la Academia Naval.
Deportes: Órdenes ejecutivas crearon grupos de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo de 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y Trump se instaló como presidente de ambos. Exigió que el equipo de la NFL de Washington, los Comandantes, y los Guardianes de Cleveland del béisbol volvieran a sus nombres anteriores. Atacó a los atletas con el objetivo de intensificar las divisiones culturales. Llamó personalmente al presidente de la federación internacional de fútbol y logró que se levantara la suspensión por tarjeta roja de un delantero estadounidense en medio del Mundial. Gastó 60 millones de dólares o más para organizar una pelea en jaula de la UFC en el jardín de la Casa Blanca para su cumpleaños número 80.
Las calles: Probablemente lo más importante, el gobierno utilizó demostraciones de fuerza en un intento de enseñar docilidad a los estadounidenses. Desplegó tropas de la Guardia Nacional en la capital del país y en otras ciudades, supuestamente para reducir la delincuencia, pero en realidad fue para adueñarse de las calles. Desplegó agentes enmascarados, no identificados y de estilo paramilitar contra ciudades estadounidenses y les ordenó usar tácticas ostentosamente contundentes. En la “Operación Metro Surge”, miles de agentes inundaron Mineápolis-St. Paul, con despliegues paralelos y demostraciones de fuerza en Chicago, Portland, Los Ángeles y más allá. Se arrestó a periodistas que cubrían las operaciones.
Dichas operaciones no representaban una aplicación de la ley como se entiende de manera ordinaria; eran el esfuerzo del Estado para infundir miedo en sus ciudadanos. En el caso del CECOT, cientos de migrantes fueron trasladados en avión a la megacárcel de El Salvador sin audiencias, y el secretario de seguridad nacional hizo una visita muy publicitada al lugar para regodearse del trato severo que recibían. A medida que las agencias federales publicaban videos triunfales de redadas y arrestos, y Trump sugería que los ciudadanos estadounidenses deberían ser los siguientes, el mensaje era: Tengan miedo.
Todos los gobiernos intentan moldear la cultura. Lo que distingue a este no es la ambición, sino los medios y la escala: no la persuasión sino la coerción, y no en un solo frente sino en todos a la vez, en formas que no tenían precedentes y que los tribunales determinaron que eran ilegales. Trump y su gobierno buscaron intimidar y tomar el control de instituciones privadas, redirigir la cultura y rehacer la sociedad desde arriba mediante la fuerza y el miedo.
En algunos aspectos, la revolución social trumpista tuvo éxito: al frenar, e incluso revertir, el impulso de la llamada DEI (diversidad, equidad e inclusión) en las instituciones de élite y de lo que los conservadores llamaron “ideología de género”, aunque ambos cambios ya estaban en marcha antes de que Trump asumiera el cargo. En general, sin embargo, el esfuerzo del gobierno por rehacer la cultura a su imagen ha fracasado.
Es posible que un día la historia juzgue que la marea cambió en Mineápolis. En enero de este año, la Operación Metro Surge realizó arrestos masivos, invadió hogares, disparó bolas de pimienta y mató a tiros a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, sin una causa plausible, y luego, después de sus muertes, los difamó.
El arquitecto de la operación, Stephen Miller, uno de los asesores presidenciales más poderosos de la historia moderna, fue explícito sobre el método. Dirigió la Operación Metro Surge a través de llamadas diarias con el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional, ejerciendo la autoridad del presidente: según se informa, dirigió a los agentes para “forzar confrontaciones” con los manifestantes para ganar la “batalla de relaciones públicas” y dijo que, si los habitantes de Minesota llegaban a creer que “su protesta es un éxito”, las operaciones internas del gobierno fracasarían en todo el país. Según se informa, Miller dijo que los manifestantes “tienen que ser vencidos con cualquier fuerza que sea necesaria”.
La ciudadanía de Mineápolis respondió con una resistencia pacífica y disciplinada: decenas de miles marcharon en un frío ártico, luminarias que deletreaban “ICE Out 4 Good” (Fuera el ICE para siempre), un “apagón económico” en todo el estado, una demanda estatal en un tribunal federal, redes ciudadanas que rastreaban al ICE y documentaban sus actividades, y una población que rechazó toda provocación.
El gobierno retrocedió; en cuestión de días, su zar de la frontera anunció un “plan de reducción”. Posteriormente, figuras clave en el esfuerzo por quebrar la voluntad de la ciudad fueron destituidas: Greg Bovino, el comandante encargado del cumplimiento de la operación, fue retirado de la ciudad y enviado de regreso a California. Kristi Noem fue despedida. Notablemente, se supo menos de Miller.
Al demostrar que podían enfrentarse al espectáculo de fuerza y ganar, los habitantes de Minesota superaron su desesperación y descubrieron que no eran impotentes. El momento se convirtió en un catalizador mucho más allá de las Ciudades Gemelas. El público en general vio lo que se hacía en su nombre y muchos sintieron repulsión por ello. Lo que vislumbraron fue que un país sí puede perderse, y que el suyo se había acercado más al abismo de lo que creían.
El presidente y sus fuerzas también perdieron otras batallas culturales clave. Desde fuera de su país de origen, pero hablándole de manera directa, el primer papa estadounidense no solo desafió a Trump, sino que lo trascendió, y demostró una autoridad moral contra la cual el presidente no tenía poder. Dentro de Estados Unidos, las marchas de “No Kings” organizaron algunas de las protestas de un solo día más grandes en la historia de Estados Unidos, en las que desplegaron ira y humor sin miedo. Las demandas en nombre de Harvard, UCLA y los bufetes de abogados pelearon y ganaron fallos clave. Los jueces federales, incluidos algunos de los designados por Trump, bloquearon una acción tras otra. El equipo de demolición de Musk se disolvió en el fracaso y el descrédito.
Al mismo tiempo, y con igual importancia, el índice de aprobación del presidente colapsó. Los votantes querían una frontera ordenada y que los migrantes criminales fueran expulsados, no una guerra cultural librada en las calles de manera brutal. La impopularidad de Trump —fomentada por sus dos recientes fracasos respecto a Irán y los altos precios— alcanzó mínimos casi históricos para un presidente en su segundo mandato.
Si los índices de aprobación de Trump hubieran estado en los 50 puntos en lugar de los 30, bien podría haber tenido la confianza para fomentar una verdadera crisis constitucional al desafiar a la Corte Suprema o invocar la Ley de Insurrección, y probablemente se habría salido con la suya. En cambio, cuando la Corte Suprema invalidó sus aranceles emblemáticos en febrero, se sintió obligado a cumplir. (Reconstruyó algunos de ellos bajo un estatuto diferente). Sus esfuerzos por intimidar a la cultura no se han detenido; todavía amenaza a las universidades y ataca la libertad de expresión. Nadie debería estar tranquilo al respecto. Pero sus preocupaciones se han alejado de intimidar y dominar a la sociedad civil para enfocarse en construir monumentos a sí mismo.
Las revoluciones pueden fracasar, pero aun así dejar cicatrices en el paisaje. Y Trump, a quien le quedan poco menos de dos años y medio en su segundo mandato, podría desmoronarse emocional y psicológicamente. Pero las cosas son diferentes de lo que eran. El presidente de 80 años está perdiendo su control sobre el poder e incluso sobre su propia base. El movimiento MAGA se fractura. Y el presidente ya no inspira el miedo que antes infundía. Hoy sabemos algo que no estaba del todo claro hace un año: la sociedad civil de Estados Unidos es más difícil de intimidar y reprogramar de lo que esperaban los revolucionarios culturales de MAGA.
Los conservadores tienen todo el derecho a influir y cambiar la cultura, como sin duda lo han hecho los progresistas. Pero deberían hacerlo a la manera de Ronald Reagan: mediante la inspiración moral y la persuasión, no por la fuerza. Los progresistas también tienen algo que aprender. Trump y sus guerreros culturales perdieron por alejarse demasiado de la corriente moral dominante; los demócratas deberían reclamar y ocupar esa corriente dominante, no dar bandazos muy a la izquierda, como parecen tentados a hacer.
Quienes contribuyeron al ascenso de Trump al poder han actuado no solo de manera imprudente, sino culpable. Aun así, ahora resulta evidente que muchos estadounidenses —probablemente suficientes estadounidenses— están decididos a vivir en la verdad en lugar de la mentira, a luchar por su dignidad cívica y política, a devolverle el sentido de humanidad a una nación que se ha vuelto demasiado fría, insensible y cruel."
(Jonathan Rauch es un investigador principal en la Brookings Institution, The New York Times, 28/09/26)
