"Mucho ruido y pocas nueces. Así definen los
conocedores de la guerra interna en el PP de Madrid la caída de Cristina
Cifuentes como presidenta de la Comunidad por la difusión de un vídeo
de 2011 en el que es registrada por el guardia de seguridad de un Eroski
de Vallecas tras haber supuestamente hurtado dos botes de crema
antiarrugas de la marca Olay.
El hecho tuvo entonces trascendencia nula,
pues ella acabó pagando los potes tras personarse en el lugar dos
agentes de la Policía Nacional, y se fue de allí sin que mediara
denuncia alguna.
No obstante, todo este estruendo tapa el verdadero escándalo de corrupción que durante más de un mes ha ido publicando eldiario.es: el falso máster expedido en la Universidad Rey Juan Carlos,
que falsificó actas y dio trato de favor a Cifuentes, y por el que PSOE
y Podemos apoyaban una moción de censura que obligaba a Ciudadanos a
retirar su apoyo al PP y permitir así que perdiera la presidencia de la
Comunidad de Madrid.
Esta estrategia para salvar a los populares de la quema ha sido orquestada —aseguran fuentes del PP a Público— por
la única dirigente conservadora que al mismo tiempo ha dado la cara por
Cifuentes abiertamente: la secretaria general del partido, María
Dolores de Cospedal.
La también ministra de Defensa ha acompañado este
miércoles a Cifuentes hasta la rueda de prensa de su dimisión “después
de haberla animado a poner la querella en la Fiscalía General del
Estado por irregularidades en la Ciudad de la Justicia, pudiendo caer en
un delito de prevaricación, ya que tendría que haberlo hecho ante el
Tribunal de Cuentas”, explica un ex alto cargo.
Según dichas fuentes, “con la dimisión por algo tan
escandaloso y banal como robar unas cremas, que finalmente fueron
pagadas y por lo que no hubo denuncia, te ahorras un debate de moción de
censura en el que tanto Ángel Gabilondo por el PSOE, como Íñigo Errejón
por Podemos iban a hacer una enmienda a la totalidad de la corrupción
del PP de Madrid”.
Zanjado el debate político de profundidad en la
Asamblea de Madrid, la que sangra a chorros es la guerra interna del
Partido Popular. ¿Cuál de las cuatro facciones que ahora mismo se enfrentan ha guardado y filtrado el vídeo? La
ofensiva de Esperanza Aguirre contra sus discípulos Francisco Granados,
Ignacio González y Alfredo Prada, y de ellos entre sí y contra la exlideresa,
ya ha demostrado ser a muerte.
Pero la mayoría de los conocedores de
esta lucha intestina señalan a Granados o González como las personas que
pudieron obtener ese vídeo y encargar la elaboración del dossier de escándalos de Cifuentes que ahora, medida y ordenadamente, se está filtrando.
Todo se remonta al caso conocido como La Gestapillo, el espionaje entre políticos madrileños del Partido Popular; un pugna de familias del PP al estilo mafioso
que se está destapando en los sumarios de Lezo y de Púnica.
Sin
embargo, en esa causa judicial sólo hay dos guardias civiles y un bedel
en espera de juicio por supuestamente haber espiado al exconsejero de
Justicia Alfredo Prada; al ex teniente alcalde de Madrid y mano derecha
de Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo; a la diputada Carmen Flores, con
estrechas relaciones con el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, y a la
propia Cristina Cifuentes.
Esos cabezas de turco de la guerra entre altos dirigentes del PP siempre han defendido su inocencia,
y así lo hicieron también en la comisión de investigación sobre
corrupción celebrada en la Asamblea de Madrid, donde entregaron un
documento titulado Cloacas.
Pero además señalan a los comisarios
de Policía José Manuel Villarejo —en prisión por cohecho, blanqueo de
capitales y organización criminal— y Enrique García Castaño como las
personas que hacían esos trabajos de espionaje para el PP de Madrid, a
través de Enrique Barón —ex jefe superior de Policía de Madrid y
director de Seguridad de la Comunidad en esos años—, así como a la
agencia de detectives Método3.
Según el documento Cloacas, en 2011 escucharon "al viceconsejero de Francisco Granados, Alejandro Halfter, y al Director del Gabinete del Consejero, Ignacio Palacios, y al propio Francisco Granados, que Enrique Barón había ofrecido los servicios operativos de los Comisarios D. José Manuel Villarejo Pérez y Enrique García Castaño en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la CAM".
Esta relación con los comisarios de Policía se vio
confirmada por la grabación difundida por el propio Villarejo de la
reunión que mantuvo con Ignacio González para solucionarle los problemas
de su ático de Marbella y en la que también participó García Castaño.
Estos vínculos también aparecen en los sumarios de Lezo y de Púnica,
acreditados y ampliados al tertuliano Eduardo Inda, quien siempre tuvo estrechas relaciones con Francisco Granados, que aún mantiene, y cuyo digital ha revelado el vídeo de Cifuentes en el Eroski de Vallecas que llevaba siete año s guardado en un cajón.
Diferentes fuentes policiales y de la seguridad privada señalan al jefe
superior de Policía de Madrid hasta su fallecimiento en diciembre de
2011, Francisco Javier Redondo, como la persona que ordenó hacerse
con la grabación del Eroski de Vallecas nada más producirse los hechos y
entregársela a alguien cercano al PP de Madrid como un favor. (...)
Según el relato de la propia Cristina Cifuentes,
tras ser requerida por el vigilante de seguridad del establecimiento, la
Policía Nacional se personó en Eroski. Una vez solventado lo que ella
define como “despiste”, y al haber pagado, la empresa no interpuso
denuncia. Es decir, el vídeo no debía ser requisado por la Policía al
no haber delito, “pero ningún vigilante de seguridad se va a negar a
dar el vídeo a un agente de Policía si se persona en el establecimiento”, afirman fuentes policiales.
Más aún, dentro de las fuentes de seguridad privada hay quien apunta más alto: a esa red
de directores de seguridad de grandes empresas que está formada por ex
altos mandos policiales y que estableció una policía paralela al
servicio del poder.
Es el caso, por ejemplo, del antecesor de
Redondo en el puesto, Carlos Rubio –a quien también señalan otras
fuentes policiales–, quien tras abandonar en 2010 el puesto de Jefe
Superior de Policía de Madrid se fue a trabajar como director de
Seguridad del Banco Santander. La relación entre Villarejo y Carlos Rubio se remonta a la etapa del Informe Veritas, elaborado a mediados de los 90 contra el juez Baltasar Garzón.
Lo cierto es que, sin haber delito, ese vídeo de
Cifuentes en la sala de seguridad de Eroski debía haber sido destruido
en 2011 y, por supuesto, nadie debería haberse hecho con una copia. Así
que, si Cifuentes quisiera, la vía legal contra quien ha difundido su vídeo la tiene abierta, pues en este caso se ha producido al menos un delito grave, contra la Ley de Protección de Datos.
Cifuentes se ha querellado contra los periodistas de eldiario.es
por publicar hechos ciertos. ¿Se querellará ahora contra los que hayan
ocultado durante años, y difundido en el momento más dañino, una
grabación que jamás debería haberse guardado?" (Público, Patricia López, Público, 25/04/18)
"No pararemos hasta matarla": el ajuste de cuentas a Cristina que se fraguó en un hotel.
12 de febrero de 2018. Francisco Granados, una de las 'ranas' de Esperanza Aguirre, imputado en el caso Púnica, encendía su particular ventilador. El exsecretario general de los populares madrileños insinuaba con intención que Cristina Cifuentes, que "tuvo una especial relación" con Ignacio González,
conoció de primera mano que el partido se financió ilegalmente en una
de sus campañas electorales y que participó en la toma de decisiones.
Fue todo un torpedo en la línea de flotación de la presidenta regional, cuya credibilidad ya había sido socavada meses antes cuando la Guardia Civil la vinculó en un polémico informe con presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid.
Cifuentes
supo ese día que algo se había torcido. A su equipo ya le habían
llegado ciertas informaciones de que "algo se cocinaba contra la jefa".
La confirmación llegó días después, cuando un intermediario de Cifuentes
recibió en un hotel de lujo de Madrid un mensaje claro y directo por
parte de un poderoso empresario: "No pararemos hasta matarla, hasta acabar con ella". En el trasfondo de la amenaza, el caso Lezo, la investigación sobre el desfalco del Canal que había llevado a prisión a su examigo Ignacio González. Un caso con muchos tentáculos, con muchos intereses económicos ocultos.
Cifuentes recibió el mensaje. Con preocupación. Los enemigos eran
poderosos. El 20 de marzo acudió al Congreso de los Diputados para desfilar por la comisión de investigación. Había sido citada tras las palabras de Granados. Un día después, el 21 de marzo, empezaba su particular calvario. 'Eldiario.es' publicó la primera información sobre su máster: lo obtuvo con notas falsificadas. Desde entonces el torrente de presuntas irregularidades
ha sido continuo y el reloj político de Cifuentes comenzó su cuenta
atrás. Nunca dio explicaciones convincentes, a veces confusas, y las
pruebas contra ella empezaban a ser contundentes. Perdió el rumbo, a veces tomando decisiones contrarias a las recomendaciones de su equipo más cercano.
Martes 24 de abril. Ha pasado más de un mes. 'Okdiario' la llama por la
tarde noche para comunicarle que tiene un vídeo de 2011 y que las imágenes que quiere publicar son claras:
ella retenida por un guardia de seguridad del Eroski tras pillarla
hurtando dos cremas que suman 42 euros.
Una vieja historia para ella.
Pero su puntilla. El punto y final, encima de la forma más bochornosa.
Cifuentes intenta que las imágenes no vean la luz, pero la presidenta
madrileña apura sus últimas horas en la Casa de Correos. Está
sentenciada. Y cansada. Y sobre todo, convencida de que tenía razón.
Fuego amigo. "Siempre ha sido el fuego amigo", señalan desde su equipo.
El episodio del presunto robo, en mayo de 2011, se produjo en el centro
comercial que hay enfrente de la Asamblea de Madrid, cuando lo
gestionaba una empresa que por entonces tenía un responsable de
seguridad que años después haría ciertos trabajos de seguridad para Ignacio González,
otro de los grandes enemigos políticos de Cifuentes y a la par buen
amigo del empresario que lanzó sus amenazas hace un par de meses en un
hotel, explican fuentes del PP.
Eroski nunca denunció policial ni
judicialmente el desliz de Cifuentes (cuyo sueldo era en 2011 de 5.200
euros mensuales), aunque los dos policías que sí acudieron al incidente
tras ser requeridos por el centro comercial debieron levantar un acta de
su actuación. Los agentes no se llevaron imágenes. Un periodista de la
Asamblea, de los veteranos, recuerda que González nunca ocultó que tenía
el vídeo y que incluso enseñaba a sus más íntimos pantallazos del mismo.
En definitiva, levantar las alfombras nunca fue una buena idea. Y menos en el PP de Madrid. Un dirigente popular con muchos años de experiencia hace un atrevido análisis de la situación. "Esto es como la película 'Uno de los nuestros'.
Cristina siempre ha sido uno de los nuestros.
Más de 30 años en el PP
de Madrid. Hasta que dejó de serlo. Hasta que decidió que era mejor
tomar la bandera de la regeneración para crearse una nueva figura y
cargar contra sus excompañeros. Podía haber optado por no remover el
pasado y liderar la Comunidad y el partido sin echar la vista atrás.
Pero no quiso, o no supo".
El núcleo más cercano a Cifuentes siempre ha creído que la ya expresidenta regional cometió un grave error
cuando sumó a su programa político el discurso de "tolerancia cero con
la corrupción". La Comunidad se personó en el caso Púnica como acusación
y se adhirió a la petición de la Fiscalía para prorrogar la estancia de
prisión de Granados. Y luego estuvo la decisión de presentar una
denuncia contra González y los suyos por la sospechosa compra de una
filial del Canal en Brasil, publicado en exclusiva por El Confidencial. (...)
Cifuentes siempre ha denunciado en ciertos foros que tiene muchos
enemigos en el viejo PP de Madrid, ese al que ella perteneció. Ha sido
espiada, en varias etapas. Y los dosieres sobre ella, su marido y sus amigos
han circulado por varias redacciones. La historia de un vídeo que
demostraría que robó en un supermercado era vieja.
Ya la conocía. Este
martes cuando dimitió señaló que ya intentaron chantajearla con esta
grabación hace unos años y que lo puso en conocimiento de la Policía.
Por eso cuando Okdiario la llamó para comunicarle que tenía el vídeo, el
famoso vídeo, regresó la teoría de la conspiración. Imágenes que por ley deben ser borradas en un mes y que siete años después han acabado con el futuro político de Cifuentes. (...)
Rajoy se desayunó con ellas y dijo basta. El bochorno era insoportable.
Cifuentes tenía que dimitir antes de las 12. Y lo hizo. ¿Es lo último
que hay contra ella? Desde el equipo de la expresidenta saben que no.
Las amenazas han continuado en las últimas semanas. (...)" (David Fernández, El Confidencial, 26/04/18)
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