"El Ayuntamiento de Barcelona ha expropiado por primera vez el derecho de uso de una vivienda vacía de un gran propietario, concretamente del BBVA,
y ha impulsado un proceso sancionador contra otro por iniciar un
desahucio sin ofrecer previamente un alquiler social a la familia
afectada.
La concejala de vivienda, Lucía Martín,
ha explicado este viernes en rueda de prensa que el consistorio ha
aplicado así las leyes catalanas 24/2015 y 4/2016 —de medidas urgentes
para la emergencia en el ámbito de vivienda y la pobreza energética— una
vez que el Gobierno socialista retiró los recursos de
inconstitucionalidad presentados por el Ejecutivo del PP.
El Ayuntamiento ha incorporado ya al parque municipal
de vivienda el piso vacío, del que ha expropiado el derecho de uso
después de comprobar que llevaba más de dos años vacío.
El uso de esta vivienda se ha podido expropiar al cumplirse dos condiciones: se sitúa en una zona de "alta demanda y gran necesidad"
—concretamente en el barrio del Besós, en el distrito de Sant Martí— y
estaba inscrito en el registro de viviendas vacías de la Agencia de la
Vivienda de Catalunya.
La expropiación del uso se lleva a cabo tras concluir un procedimiento que consta de cuatro fases:
el consistorio comprueba si el piso se encuentra en el registro de
viviendas vacías, observa el empadronamiento, reclama los certificados
del consumo de agua y finalmente lleva a cabo una inspección municipal
para certificar que no está habitado.
El Ayuntamiento se ha apoyado en este caso en el
artículo 15 de la ley 4/2016, que permite la expropiación del derecho de
uso temporal de una vivienda por un periodo de entre cuatro y diez
años; Barcelona ha optado en esta ocasión por expropiar el uso durante
el máximo de tiempo que permite la norma.
Martín ha indicado asimismo que existen otros siete procedimientos de este tipo en marcha que afectan a viviendas propiedad de Caixabank, el BBVA, la Sareb y Bankia.
Por otra parte, el consistorio de la capital catalana
ha sancionado, aplicando el artículo 5.2 de la ley 24/2015, a una
sociedad por iniciar el desahucio de una familia en el barrio del Raval
sin ofrecerle un alquiler social; se trata de una infracción de la
normativa tipificada como "grave" que puede conllevar una multa de hasta
90.000 euros.
Martín ha detallado que hay actualmente hasta 300
casos que el consistorio está gestionando y que a priori deberían acabar
con el ofrecimiento de nuevos alquileres sociale, dada la escasez que hay, no sólo en Barcelona, sino en todo el Estado.
Técnicos de la concejalía han explicado que en el registro de viviendas vacías se cuentan ahora unos mil pisos y que las sanciones aplicadas a grandes propietarios
por el incumplimiento de normativas ha alcanzado un total de 165.000
euros que han acabado en las arcas municipales, con otros procedimientos
en proceso que pueden sumar "más de 500.000 euros" más.
"El objetivo que nos persigue no es la sanción.
Queremos que se garantice el derecho a la vivienda", ha apuntado aun así
inmediatamente Martín, que se ha estrenado esta mañana como concejala
ante los medios." (Público, 21/06/19)
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