"No hay duda de que la energía en España es muy cara; lo importante es
entender el porqué. La culpa desde luego no es fiscal, puesto que
comparativamente con otros países europeos pagamos menos impuestos por
electricidad y carburantes.
Sí influye más la falta de competencia real
existente, junto con una regulación muy favorable a las empresas
energéticas españolas que les proporciona una boyante situación,
convirtiéndolas en objeto del deseo financiero de otras empresas
internacionales que han pasado a controlar una gran parte de ellas y de
fondos especulativos de capital riesgo presentes en casi todas.
A esos precios tan elevados también ha contribuido el maleficio del
tratamiento dado a sucesivas burbujas energéticas de nuestro país.
Podemos remontarnos a las centrales hidroeléctricas que, pagando unos
cánones por el uso del agua reducidísimos, han disfrutado desde 1997 de
enormes beneficios sobrevenidos, al remunerarlas como si, en vez de con
agua pública, produjeran la electricidad con petróleo.
La siguiente burbuja fue nuclear al
proyectarse más de 30 centrales, de las que dos de ellas, casi acabadas a
sólo 16 kilómetros de Bilbao, tuvieron que ser abandonadas y los
sobrecostes de las demás llegaron a ser tan elevados que en 1986 hubo
que clausurar otras tres.
Todas las empresas afectadas fueron rescatadas
financieramente, compensándoles las inversiones efectuadas vía un
recargo tarifario que ha durado hasta hace tres años. Posteriormente, y a
pesar de que sus propietarios recibieron 10.000 millones como “costes
de transición a la competencia”, para asegurar que recuperaban las
inversiones efectuadas en todas sus centrales, las nucleares, con costes
de combustible muy reducidos, también son remuneradas al precio de las
centrales más caras.
Las eléctricas
también han convencido a sucesivos Gobiernos de que el desajuste entre
ingresos y gastos respondía a un “déficit tarifario”, cuyo cobro
adelantaron titulizándolo con aval del Estado y recargando las tarifas
durante 15 años.
Pero ha habido más
burbujas eléctricas. Para dificultar la competencia, se han instalado
demasiadas centrales térmicas de gas, que están totalmente
infrautilizadas y en parte paradas. El que ninguno de sus propietarios
haya tenido problemas en continuar pagando elevados dividendos confirma,
ya por sí solo, que lo que existe en España no es un déficit, sino un
superávit tarifario.
Sin embargo, cuando se ha intentado gravar los
beneficios, los impuestos se han repercutido vía precios a los
consumidores.
Las burbujas se han
dado también en el sector del gas, donde se han instalado el doble de
plantas regasificadoras de las necesarias, cuyo sobrecoste, junto con el
de un fallido almacenamiento subterráneo (que ha cobrado íntegro su
promotor), también se ha repercutido en las tarifas.
En resumen, si el coste de decisiones
erróneas de empresas y reguladores se acaba trasladando a las tarifas y
si las remuneraciones a las empresas superan ampliamente sus costes,
¿cómo no van a ser altos los precios de la energía en España? Nos
encontramos ahora en un momento clave de la transición, desde las
energías fósiles a las renovables de menor coste y no contaminantes, que
requiere reducir sensiblemente el precio de la electricidad para poder
sustituir al petróleo y al gas en el transporte, movilidad,
climatización…
Tras el imprescindible
cambio de discurso del actual Gobierno, que nos ha permitido abandonar
la caverna ideológica energética, amenaza otra posible nueva burbuja
especulativa y obstructora de la competencia: las peticiones de puntos
de conexión a la red para renovables alcanzan 160 GW, casi triplicando
la nueva potencia prevista hasta 2030. Pues bien, el cómo se aborde esta
nueva burbuja puede determinar el éxito de la transición o su dilación,
cargándola con nuevas hipotecas sobre los precios.
Romper
el maleficio y bajar el precio de la electricidad requiere eliminar
impuestos trasladables a precios y sobrerretribuciones a hidráulicas y
nucleares.
Además, deberían cerrarse las nucleares lo antes posible para
que no incurran sus propietarios en las pérdidas que alegan (o
repercutir a los consumidores los beneficios de su alargamiento) y
efectuar una gestión hidroeléctrica que, en vez de maximizar el
beneficio a sus concesionarios, afiance la intermitencia de las
renovables.
Estas deberían ser prioridades del próximo Gobierno
superando, como han hecho otros países, el supuesto tabú normativo de la
UE para compatibilizar el mercado con otros mecanismos retributivos."
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