"Desde que se convirtió en líder de Unidos Podemos el pasado mes de abril, la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sacado al partido populista de su estancamiento. Ha conseguido logros concretos para los trabajadores organizados a través de su puesto en el gobierno, mostrando cómo la izquierda puede volver a conectar con la clase trabajadora.
Cuando el Papa Francisco concedió a la vicepresidenta del Gobierno español de izquierdas, Yolanda Díaz, una audiencia oficial antes de Navidad, el opositor Partido Popular tachó la reunión de "cumbre comunista". Parece que, incluso para la corriente principal de la derecha, el jefe de la Iglesia católica forma parte ahora del bloque "antiespañol" decidido a socavar la nación. Francisco ya había sido atacado el pasado mes de septiembre cuando pidió perdón por el papel de la Iglesia en la conquista española de las Américas; su reunión con Díaz, miembro de toda la vida del Partido Comunista de España (PCE), sólo reforzó la animosidad de la derecha.
En realidad, la reunión proporcionó mayores dolores de cabeza al presidente del gobierno de centro-izquierda Pedro Sánchez y a su gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Desde que asumió la dirección de Unidos Podemos (el socio menor de la coalición progresista española) el pasado mes de abril, Díaz ha ganado mayor protagonismo a nivel nacional, y los últimos sondeos la sitúan por encima de Sánchez como la líder política más popular de España. Casi una quinta parte de los votantes del PSOE de 2019 la prefieren ahora para liderar el próximo gobierno.
En este contexto, la audiencia papal fue un golpe de efecto propagandístico que permitió a Díaz proyectar la imagen de una líder nacional, capaz de llegar más allá del electorado de extrema izquierda. También puso de manifiesto hasta qué punto su rápido ascenso como nueva figura de la izquierda española ha dependido de su perfil institucional, primero como ministra de Trabajo y luego como una de las tres vicepresidentas del Gobierno. A diferencia de su predecesor, Pablo Iglesias, y de otros líderes de la izquierda populista de toda Europa, Díaz se ha convertido en un nombre conocido no principalmente como una outsider antisistema que promete romper con el sistema político existente, sino como una ministra del Gobierno que busca garantizar los derechos y los ingresos de los trabajadores durante la pandemia.
"Nosotros [la izquierda] hemos demostrado que podemos gobernar mejor", declaró Díaz en noviembre, "en interés de la mayoría social". En los últimos meses, ha conseguido una serie de concesiones parciales pero necesarias frente a la resistencia del PSOE, como una subida moderada del salario mínimo y un impuesto extraordinario a los gigantes de la energía, al tiempo que ha encabezado una reforma progresiva de la legislación laboral.
Sin embargo, el creciente impulso de Díaz aún no ha sido puesto a prueba por ninguna crisis política importante. En 2022, se enfrenta a la difícil tarea de reorganizar el díscolo espacio de la izquierda del país en torno a una nueva plataforma de unidad. Más allá de eso, con el aumento de la inflación golpeando duramente los ingresos de los trabajadores y dos años de gestión pandémica haciendo mella en la posición de Sánchez como primer ministro, las encuestas sugieren que la actual coalición se enfrenta a una lucha cuesta arriba para mantener su mayoría en las elecciones generales del próximo año. A medida que Díaz reorienta la izquierda española como fuerza de gobierno alternativa al PSOE, a la vez que cultiva lazos más estrechos con los trabajadores organizados, la cuestión es si el tipo de logros sociales alcanzables dentro del acuerdo actual serán suficientes para evitar una victoria de la derecha dura en 2023.
Un nuevo ciclo político
Ex abogada laboralista de la región del noroeste de Galicia, Díaz fue nombrada para el único cargo ministerial importante de Unidos Podemos cuando la coalición tomó posesión en enero de 2020. Cuando la pandemia llegó dos meses después, ganó protagonismo en el gabinete al negociar una serie de acuerdos entre empresarios y sindicatos sobre la respuesta social al COVID-19. El más notable se refería al plan de despido masivo del Estado español, que en su momento de mayor intensidad garantizaba los salarios de más de 3,5 millones de trabajadores.
"La clave para explicar Yolanda es la pandemia; su capacidad de gestión y negociación institucional ha encajado con la necesidad de certidumbre", dijo a Jacobin uno de sus principales asesores:
Viene de lo que se considera la extrema izquierda, pero ahora se considera que entiende mejor la realidad económica del país que los ministros del PSOE. Pero ella también convence más porque la pandemia ha cambiado el sentido común en este país, con el consenso moviéndose hacia la izquierda en torno a cosas como la salud pública, la reindustrialización y la protección de los trabajadores.
Sin embargo, incluso cuando Díaz empezó a estar entre los ministros más populares, bajo el liderazgo de Iglesias, Unidos Podemos sufrió una serie de aplastantes pérdidas en las elecciones regionales hasta 2020 y en 2021. Los últimos meses de Iglesias en el gabinete se caracterizaron por el bloqueo y las crecientes tensiones entre los dos socios de la coalición, ya que los ministerios estratégicos dirigidos por el PSOE bloquearon repetidamente las prioridades legislativas de los ministros de Unidos Podemos. Sus intentos de recuperar la tracción renovando su ataque a las credenciales democráticas del Estado español y luego enmarcando las elecciones regionales de Madrid del pasado mes de mayo como una batalla existencial entre "democracia o fascismo" pareció ayudar más a galvanizar a la extrema derecha que a su propia base.
Más allá del agotamiento del propio atractivo de Iglesias como candidato, el resultado de Madrid también parecía apuntar al agotamiento final del ciclo de movilización del 15-M/Podemos. Los principales conceptos que dominaron la izquierda española durante la última década -la ruptura con el régimen constitucional post-franquista de 1978, la revolución democrática, la nueva frente a la vieja política- ya habían perdido gran parte de su poder de movilización antes de la COVID-19, pero el inicio de la pandemia supuso un cambio más definitivo. "Ahora se buscan soluciones más que grandes debates [por parte de los votantes progresistas cansados]", argumentaban los politólogos Mario Ríos y Daniel Vicente Guisado en ctxt en septiembre. Del mismo modo, el periodista Daniel Bernabé pedía que la izquierda adoptara un "realismo reformista... reclamando soluciones concretas [a las necesidades materiales urgentes] como defensa frente a las guerras culturales de la derecha".
En sus primeras intervenciones como jefa de la izquierda española, el pasado otoño, Díaz hizo hincapié en diferentes ejes: la unidad de la izquierda a través del diálogo, una política más feminizada y menos machista, movimientos para contrarrestar a la extrema derecha con reformas sociales concretas y una orgullosa identificación con el trabajo y el sindicalismo.
Esto último supuso un cambio particular para la izquierda, después de que los trabajadores organizados fueran en gran medida periféricos en la última década de movilizaciones. Pero la alianza de Díaz con los principales sindicatos del país -especialmente con Comisiones Obreras (CCOO), de afiliación comunista, la mayor de España- ha sido clave para su impulso en el cargo. La dirección de CCOO ha experimentado un cambio generacional desde la elección de Unai Sordo como secretario general en 2017, acompañado de una inclinación hacia la izquierda. La profundización de la alianza de Díaz con CCOO -de la que su padre fue un histórico dirigente- se perfila ahora como uno de los ejes definitorios de su emergente plataforma electoral, llamada a sustituir a la marca Unidos Podemos en el próximo año.
En este sentido, Díaz no sólo ha buscado reposicionar a la izquierda parlamentaria como una fuerza de gobierno creíble, sino también disputar la autorrepresentación del PSOE como el partido del trabajo. Flanqueada por los líderes de los dos principales sindicatos del país en las celebraciones del centenario del Partido Comunista en septiembre, insistió: "Estoy aquí para cambiar las cosas, como en el mercado laboral, donde los jóvenes están excluidos. . . . Podemos tener vidas dignas, con un empleo digno". En Barcelona, en noviembre, enmarcó la próxima reforma laboral como la legislación definitoria del actual gobierno:
La alternativa [a la pobreza y la precariedad] es el trabajo digno. Todos somos trabajadores: Mis compañeros los abogados, los profesionales de la sanidad pública, las cajeras, las limpiadoras, los del sector cultural. . . . Todos somos trabajadores. Y por eso esta es la gran reforma que debemos emprender en nuestro país. Porque los jóvenes que ganan 400 euros al mes carecen de toda libertad. No tienen libertad para negociar con los empresarios.
En la conferencia de CCOO, donde fue recibida como una heroína, dijo a los delegados: "Me he criado aquí, en esta casa colectiva", antes de argumentar que el sindicalismo "es la vacuna más eficaz contra el autoritarismo. . . . Un movimiento sindical fuerte y organizado que llegue a más personas y lugares de trabajo es una sólida garantía de democracia. Ustedes representan lo mejor de este país".
La negociación de la reforma laboral
Sin embargo, tras abogar por "un nuevo contrato social", Díaz también tuvo que llevar a cabo una reforma significativa dentro de las limitaciones del equilibrio de fuerzas existente en el gabinete. Uno de los principales compromisos del acuerdo de gobierno de coalición era la derogación de la regresiva reforma laboral del Partido Popular de 2012, diseñada en plena crisis de la deuda europea para imponer una forma brutal de devaluación interna mediante el recorte de los salarios. A lo largo de la última década, esta legislación ha exacerbado los peores aspectos del modelo neoliberal de relaciones laborales en España, conduciendo a un aumento de los niveles de trabajo temporal y precario, al estancamiento de los salarios y a la reducción de los derechos sindicales.
Sin embargo, desde el principio de la coalición, Sánchez se mostró circunspecto sobre lo que significaba realmente ese compromiso de derogar la reforma de 2012. Nunca estuvo dispuesto a hacerse eco de la afirmación de Díaz de que el Gobierno seguiría adelante con o sin un acuerdo con los empresarios; y como primer ministro, su "progresismo" se ha detenido una y otra vez ante cualquier medida que imponga pérdidas a las élites económicas o desafíe las relaciones de poder existentes.
El pasado mes de octubre, Sánchez trató de intervenir en las negociaciones de la concertación social intentando sustituir al negociador principal, Díaz, por la jefa de economía del PSOE, Nadia Calviño, de derechas. Esto se produjo después de que el sector empresarial se inquietara por el alcance de la propuesta de contrarreforma, y de que Bruselas también presionara para que no se tocara la mayor flexibilidad que la ley de 2012 había otorgado a la patronal en cuestiones como los despidos y la subcontratación.
"Hay una parte del Gobierno que no quiere que cambie el modelo de relaciones laborales, que quiere mantener el statu quo", respondió Díaz. El enfado por el intento de giro, incluso entre las propias bases del PSOE, y los rumores sindicales de huelga, hicieron que Sánchez reafirmara la autoridad de Díaz, aunque asegurando que era posible un acuerdo de compromiso entre sindicatos y patronal.
El acuerdo final de "concertación social" anunciado el 23 de diciembre no llegó a derogar completamente la reforma de 2012, aunque sí eliminó muchos de sus aspectos más perjudiciales. Las valoraciones de la izquierda siguen divididas. Los partidarios del acuerdo destacan que representa una ruptura con la trayectoria de décadas de presión a la baja de las protecciones laborales. "Por primera vez [en 30 años], es una reforma laboral que recupera y mejora los derechos de los trabajadores", insistió Unai Sordo, de CCOO.
Por el contrario, los críticos consideran que consagra la continuidad de aspectos clave del régimen laboral vigente, tachando de "triunfalismo" las referencias de Díaz a un "acuerdo histórico" y a un "cambio de paradigma fundamental". "Todos conocemos los límites [a los que se enfrentaba la izquierda], pero se hace más difícil aceptarlos cuando, además, se espera que celebremos como una victoria lo que sólo no es una gran derrota", escribió el destacado periodista Antonio Maestre.
Sopesar la reforma
Los límites de la nueva legislación son evidentes. Una de las principales ganancias para el sector empresarial en la reforma de 2012 fue la mayor libertad que ganó para imponer despidos. Esto se mantiene sin cambios, tanto en lo que se refiere a la reducción de las indemnizaciones debidas a los trabajadores despedidos como al derecho legal de las empresas a declarar los despidos de forma unilateral sin necesidad de contar con el consentimiento de las autoridades o los sindicatos. Al mismo tiempo, las empresas también mantienen su derecho a romper ciertos términos de los convenios colectivos cuando se justifique por cuestiones financieras, técnicas o de producción, mientras que la exigencia de reducir la subcontratación en las actividades principales de las empresas también se abandonó.
Se trata de importantes concesiones, en relación con la promesa de derogar totalmente la reforma de 2012. Sin duda, el reformismo institucional como socio menor de un gobierno del sur de Europa nunca iba a conseguir muchas victorias rotundas, especialmente en áreas que tocan directamente la organización de las relaciones de clase. Y si algunos de los elogios retóricos de Díaz para el acuerdo han sido desproporcionados, también es cierto que aseguró avances sustanciales para el trabajo cuando la izquierda y las fuerzas sociales progresistas siguen desmovilizadas. De hecho, el acuerdo es más fuerte en su recuperación de los derechos de negociación colectiva de los sindicatos. Como escribió un asesor de Díaz: "Lo más importante de la reforma laboral es que afiliarse a un sindicato -organizarse y luchar por los derechos de todos nosotros- significa más hoy que [lo hizo] ayer".
En primer lugar, el acuerdo restablece la primacía de los convenios salariales sectoriales sobre los de empresa, garantizando así la capacidad de los sindicatos para negociar un nivel salarial uniforme en todo el sector, incluso para los que trabajan para subcontratistas en una zona determinada. Para los trabajadores de estas filiales, en las que los convenios de empresa van por detrás de las normas sectoriales, esto debería suponer aumentos salariales significativos, aunque en algunos casos concretos, como el de los limpiadores de hoteles, existe una disputa sobre qué convenio colectivo se aplica exactamente.
En respuesta a otra de las principales demandas de los sindicatos, la legislación también recupera el principio de "ultraactividad", lo que significa que los términos de los convenios colectivos expirados permanecerán en vigor indefinidamente hasta que se negocie un nuevo acuerdo, en lugar de ser considerados inválidos después de un año, como en la actualidad. La legislación de 2012 había dado a los empresarios una enorme ventaja en este sentido, permitiéndoles utilizar el plazo de vencimiento para amenazar a los representantes sindicales con una reducción automática de los salarios y las condiciones. Ahora, los convenios existentes servirán de base garantizada para las negociaciones.
Además, dado que España tiene actualmente el mayor nivel de empleo temporal de la Unión Europea (que asciende al 26% de todos los contratos laborales), la nueva reforma también restringirá los contratos de duración determinada a un conjunto mucho más reducido de circunstancias. En este sentido, la nueva legislación pretende regular mejor el trabajo estacional y eliminar el uso generalizado de contratos de duración determinada consecutivos para lo que en realidad son empleos permanentes, una práctica que ha dejado a cientos de miles de trabajadores con poca o ninguna seguridad laboral.
Los representantes de las empresas se dividen a la hora de aceptar estas medidas, que deberían suponer una revisión de los contratos de trabajo en el sector de la construcción, así como de empresas como Amazon.
Por último, también se reforzará el régimen sancionador contra las empresas que utilicen contratos temporales fraudulentos, con multas ahora aplicables por cada trabajador implicado en lugar de una única sanción a nivel de empresa. Esto último es crucial, ya que el impacto real de la reforma se medirá por la capacidad del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos para denunciar las infracciones y hacer valer los derechos proclamados sobre el papel. Díaz ya había instituido un régimen de inspección laboral mucho más agresivo, con su ministerio convirtiendo 267.000 contratos temporales en indefinidos en los primeros diez meses de 2021 (un aumento del 58 por ciento con respecto a 2020), mientras que los sindicatos prometen una estrategia más robusta de negociación colectiva en 2022, a medida que la inflación carcome el poder adquisitivo de los trabajadores.
Consolidar su liderazgo
Aunque la legislación ha sido aprobada en el gabinete, todavía requiere la aprobación parlamentaria. Los partidos nacionalistas catalanes y vascos de izquierda (esenciales para la mayoría del gobierno) exigen actualmente más garantías de que los acuerdos sectoriales regionales tendrán prioridad sobre los nacionales si quieren prestar su apoyo, y las negociaciones están en curso. Pero para Díaz, es crucial que el proyecto de ley se apruebe antes de la fecha límite del 8 de febrero, ya que ahora busca pivotar hacia la tarea más amplia de reestructurar la izquierda española.
En términos puramente partidistas, la apuesta de forzar una coalición con el PSOE en 2019 (perseguida tenazmente por Iglesias) parece haber funcionado para una izquierda que había corrido el riesgo de implosión total. La participación en el Gobierno ha creado las condiciones para una renovación exitosa del liderazgo de la izquierda, y ha abierto potencialmente vías para que ésta evite el tipo de marginación y fragmentación que han sufrido otros proyectos electorales de izquierda en el Reino Unido, Alemania y Francia. Hace un año, parecía que estar atado al PSOE en coalición dejaría a Unidos Podemos desgastado para cuando llegara a las elecciones de 2023. Pero la suave transición de liderazgo de la pasada primavera y la promesa de una candidatura de unidad tras años de faccionalismo interno le han dado un renovado impulso, justo cuando el propio Sánchez parece cada vez más agotado.
Las encuestas sobre el llamado "efecto Yolanda" ponen de relieve su atractivo presidencial, señalando una identificación mucho más amplia con Díaz como líder que con los partidos de izquierda existentes. Mientras que Unidos Podemos ha experimentado una moderada subida en las encuestas con Díaz, devolviéndola al 13-14 por ciento que marcaba en 2019, ella tiene los índices de aprobación más altos de cualquier líder a nivel nacional, y es la segunda preferida como líder del próximo gobierno, con un 17,1 por ciento de apoyo. Ya está por delante de Pablo Casado, del Partido Popular, y ha recortado la distancia con Sánchez (21,9 por ciento). Además, el 64 por ciento de los que votaron al escindido Podemos de Íñigo Errejón, Más País, en 2019, prefieren ahora a Díaz como próxima presidenta del Gobierno de España, junto con el 53 por ciento de los votantes del partido vasco de izquierdas EH Bildu, el 28 por ciento de los votantes de Esquerra Republicana catalana y, fundamentalmente, el 18 por ciento de los anteriores votantes del PSOE.
Tras haber perdido votos tanto en favor del PSOE como de los nacionalistas periféricos entre 2016 y 2019, ahora se cree que se podría recuperar a muchos de estos votantes. Con las elecciones programadas para finales de 2023, esta recuperación en las encuestas es claramente susceptible de erosión. Pero ha generado una esperanza renovada en la izquierda española, sobre todo porque la idea de una nueva plataforma de frente amplio construida en torno al liderazgo de Díaz ha cobrado fuerza. Díaz, que nunca fue miembro de Podemos y no tiene ningún puesto de liderazgo dentro del PCE, se ha distanciado de las estructuras existentes de Unidos Podemos en los últimos meses, mientras busca abrir canales con Más País y otras fuerzas de izquierda.
Gestionar estas tensiones dentro de la izquierda no será fácil. Pero al haber roto el monopolio de los cargos del PSOE en el lado progresista de la política, la apuesta es que en un segundo mandato la izquierda podría asegurar una coalición más equilibrada, con mayor peso en el gabinete. Esto, a su vez, debería permitir una agenda legislativa más asertiva.
Sin embargo, un segundo mandato no es ni mucho menos seguro. La mayoría de las encuestas dan al bloque de la derecha (incluido el franquista Vox) una ligera ventaja sobre los actuales partidos del gobierno, aunque ninguno de los dos bloques tendría probablemente mayoría absoluta. Y aunque Díaz se ha asociado con las políticas más populares de la coalición, existe una creciente frustración por el ritmo y la ambición del programa de reformas más amplio del gobierno. En una importante encuesta realizada recientemente para El País, el 70% de los votantes de la coalición afirmaron que creían que sus políticas beneficiaban más a las empresas y a los ricos que a los pobres, lo que supone una acusación condenatoria para cualquier administración de izquierdas.
En varias áreas clave, desde la vivienda hasta la reforma fiscal y la regulación de los precios de la energía, la coalición aún no ha logrado el cambio que prometió. Díaz busca un nuevo aumento del salario mínimo, aprovechando la subida del 22 por ciento existente desde 2019 y situándolo por encima de los 1.000 euros al mes. Pero, en última instancia, una hipotética oleada de la izquierda en torno a su marca de laborismo no contará mucho si la derecha acaba ganando una mayoría a costa de un PSOE debilitado. Para repeler una alternativa nacionalista tan autoritaria, urge la socialdemocracia revigorizada de Díaz."
(Eoghan Gilmartin , JACOBIN, 15/01/22; Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator)
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