"En la actual centuria, la economía digital ha permitido la creación de numerosas empresas de plataforma. La mayoría de ellas no ha generado ningún nuevo negocio, pero ha transformado un gran número de los existentes al facilitar la compra y venta de productos y modificar la gestión de sus recursos humanos.
Los servicios prestados ya existían, pero las nuevas compañías los han cambiado y convertido en más baratos y accesibles. Entre ellas están firmas de fama mundial como Amazon, Uber, Netflix, Airbnb o Spotify. La clave de sus negocios no son todas las personas de la empresa, sino únicamente unas pocas. En concreto, los directivos y los empleados desarrolladores de tecnología. La última es la que les permite relacionarse con proveedores y clientes de forma diferente a la que lo hacen las empresas tradicionales.
Por eso, suelen tener una doble escala salarial. Por un lado, pagan muy bien a los generadores de software e inteligencia artificial. Por el otro, mal al resto de sus empleados y colaboradores. Respecto a las compañías convencionales, la principal diferencia está en que las nuevas poseen diversos algoritmos y las antiguas, ninguno.
La utilización masiva de tecnología les permite conseguir una productividad superior a las demás empresas de su sector. No obstante, de ella se benefician de forma muy diferente sus distintos trabajadores. Lo hacen en gran medida sus directivos y empleados más cualificados, pero prácticamente nada el resto de sus asalariados y colaboradores.
A los últimos los algoritmos les perjudican, pues éstos contribuyen decisivamente a reducir el coste laboral de las nuevas empresas. En primer lugar, porque ofrecen información a sus directivos sobre el número de trabajadores necesarios durante cada día y franja horaria. En segundo, debido a que permiten seleccionar diariamente a los trabajadores dispuestos a percibir una menor remuneración por la prestación de sus servicios.
Desde su creación, en marzo de 2015, los directivos de Glovo han utilizado la tecnología para minimizar el coste laboral e interpretado de manera peculiar la legislación vigente. Ambos factores han hecho que consideraran a sus trabajadores como colaboradores, en lugar de asalariados. No obstante, no pueden ser lo primero, porque no tienen capacidad para organizar su trabajo ni para establecer el precio de sus servicios. Por eso, su relación con la compañía debe quedar estipulada en un contrato laboral, en lugar de uno mercantil.
La contratación de los repartidores de Glovo como falsos autónomos tenía numerosas ventajas para la empresa. Le permitía ahorrarse el coste de la Seguridad Social (un plus mínimo del 31,8%), los salarios de los trabajadores cuando disfrutaban de sus vacaciones, las indemnizaciones por despido improcedente y el importe del material utilizado por sus repartidores (bicicleta o moto, teléfono móvil, etc).
También permitía una gestión de los recursos humanos más favorable a los intereses de la empresa. Sus algoritmos beneficiaban a los repartidores que estaban dispuestos a trabajar en las condiciones más adversas (por ejemplo, lluvia) y penalizaban a los que rechazaban ejercer su profesión durante algunos de los días que la compañía necesitaba de sus servicios. Los primeros siempre podían trabajar durante los viernes y sábados noche (período de máxima demanda), los segundos, no.
Para eliminar los falsos autónomos en las empresas de plataforma de reparto a domicilio, el Ministerio de Trabajo creó la ley rider (12 de agosto de 2021). Sin embargo, Glovo decidió no acatar la nueva norma, pues sus directivos supusieron que la cuantía de las sanciones sería inferior a la ahorrada en cotizaciones sociales, salarios y material a disposición del trabajador.
No obstante, su importe fue sumamente elevado, y probablemente superior al estimado inicialmente por sus ejecutivos. Tenía cuatro componentes: alta inmediata del trabajador en la Seguridad Social, un monto máximo de 10.000 € por cada falso autónomo detectado, pago de sus cotizaciones sociales de los últimos cuatro años, y un recargo sobre ellas que podía ascender al 150% de la cuantía cotizada.
Ante la resistencia numantina de los directivos de Glovo, Yolanda Díaz elevó la magnitud de las sanciones mediante una reforma del Código Penal. A partir de enero de 2023, ya no serían únicamente económicas, sino que también podían suponer la privación de libertad de los directivos de las empresas que tuvieran falsos autónomos. Desde dicha fecha, la modificación del artículo 311 del anterior Código prevé la posibilidad de castigar a sus ejecutivos con penas que oscilan entre seis meses y seis años.
La rebeldía de Glovo finalizó el 2 de diciembre de 2024, un día antes de que el CEO de la compañía, Oscar Pierre, declarara ante la justicia por una demanda penal de la Fiscalía y de algunos riders. Un día antes, la empresa manifestó públicamente que, a partir de dicha fecha, contrataría como asalariados a sus repartidores. Aparentemente, lo segundo es consecuencia de lo primero. No obstante, según su consejero delegado, la escasa distancia entre ambos períodos es simplemente casualidad.
En definitiva, Glovo ha sido durante mucho tiempo una empresa tramposa. Por eso, ha sido multada reiteradas veces. Según el Ministerio de Trabajo, la compañía debe abonar a la Administración 267 millones de euros por las cotizaciones no pagadas de sus trabajadores. A dicho importe deben sumarse las sanciones derivadas de su impago, las multas por usar los servicios de extranjeros sin permiso de trabajo y por un tratamiento incorrecto de los datos de sus riders.
Para Delivery Hero, la matriz de Glovo, la suma de los importes derivados de la regularización de cotizaciones y abono de sanciones en España puede ascender hasta 550 millones de euros. Si esa es la cifra final, dudo mucho que las trampas efectuadas por la filial le hayan salido rentables, especialmente si a la deuda contraída con la Administración le sumamos el impacto reputacional que ha tenido sobre sus clientes su escaso respeto a la legalidad vigente.
La promesa de que ahora sí la respetará, y convertirá a los falsos autónomos en asalariados, ha convertido a Yolanda Díaz en clara ganadora del combate contra Oscar Pierre. No obstante, sólo del primer asalto. Si la mayoría de los repartidores de Glovo no son contratados por la empresa, sino por una subcontrata especialista en los envíos de la última milla, debería existir un segundo round. El motivo está en que en la última muy probablemente pague un salario inferior a los riders que la primera.
Para ganar otra vez, el Ministerio de Trabajo debería volver a legislar y poner límites más estrictos a la subcontratación. En otras palabras, desarrollar una norma que impida que cualquier empresa delegue una parte de sus actividades principales en otras. En el caso del Glovo, no existe ninguna duda de cuál es su tarea primordial: el reparto a domicilio de los productos adquiridos.
Debido
a ello, a sus directivos no les quedaría más remedio que aplicar la
nueva ley. Por eso, la mayoría de los ejecutivos experimentados jamás
iniciará ninguna batalla con luz y taquígrafos contra la Administración.
No obstante, de múltiples maneras, intentará influir en los políticos
gobernantes para que la legislación se ajuste a sus deseos. En un duelo
público, los primeros van a perder casi siempre, pues los segundos
tienen un arma letal que no poseen sus contrincantes: el BOE."
( Gonzalo Bernardos , Crónica global, 14/12/24)
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